27-M: Concentración por el cierre de los Cie en Valencia.

De  manera semi-oficial y a través de la televisión y la prensa escrita el  Gobierno del PP ha dado a conocer

las líneas generales del prometido  reglamento sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) del Estado

español. El nuevo reglamento empieza por cambiar el nombre de los centros pasando a denominarlos Centros de  Estancia

Controlada de Extranjeros (CECE), relativiza después el papel de la Policía en los mismos, da entrada a las ONG en la

gestión y promete una mejora general en la situación interna, la asistencia médica, el régimen de visitas,

etc. 

Desde la Campaña para el Cierre de los CIE de Barcelona consideramos estos cambios en la

regulación como una respuesta del gobierno ante la presión de las luchas e indignación de un frente amplio de colectivos

y entidades de la sociedad civil que en los últimos meses han exigido a gritos el cierre definitivo  de los CIE. No

obstante, está claro que el objetivo de la Administración es liberarse del mal nombre de los CIE, nombre que la opinión

pública empieza a asociar a muerte, maltrato, represión y cárcel, una asociación respaldada en hechos reales y en un

sinfín de denuncias en todo el estado.

Queremos dejar claro que aunque le cambien el nombre el

problema de fondo continúa:

La privación de libertad por el mero hecho de no tener  papeles constituye una

vulneración de los derechos de la persona. A los españoles que tienen pendiente algún proceso e incluso a los imputados

por algún delito, se les obliga a presentarse periódicamente ante el juzgado o la comisaría correspondiente; sin embargo a

los extranjeros, a pesar de las declaraciones ofrecidas por el Secretario de Estado de Interior en TVE indicando que

están en régimen de semi-libertad, se les priva totalmente de ésta. El internamiento a la espera de la deportación será

siempre un acto represivo, xenófobo y discriminatorio.

Entre los aspectos que se han avanzado del

futuro reglamento se recoge que algunas tareas serán realizadas por ONGs delegando así la pertinente responsabilidad del

Estado a terceros. Cabe decir que estas medidas, como se ha podido comprobar en otros países, no garantizan de ninguna

forma que se cumplan los derechos fundamentales de los internos y recuerdan modelos de privatización y externalización de

los centros que se están aplicando en países como EEUU o Reino Unido con nefastas consecuencias para los derechos de los

internos.