El próximo Miércoles 30 de Enero, se realizara una concentración y
cacerolada para denunciar el saqueo social de la Banca, Gobierno y patronal, contra los recortes los desahucios y los
despidos.
La concentración tendrá lugar a las 18:30
horas en la C/ Pintor Sorolla nº2 en Valencia.
Estas y
otras acciones están enmarcadas en la jornada de denuncia contra la banca.
CGT-Valencia
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Con la excusa de la crisis se está llevando a cabo un sistemático e intenso desfalco de fondos públicos, un
expolio generalizado de los recursos vitales de las clases trabajadoras, y de la gran mayoría de la población, y un saqueo a
los recursos naturales del propio planeta. En términos cuantitativos, se podría afirmar que a través de la historia nunca se
había robado tanto a tanta gente, como tampoco habíamos estado nunca tan cerca del colapso ecológico.
otros países de la periferia europea, se empobrece la población, arrojando a más de seis millones de personas directamente al
paro, mientras aumenta la explotación con la eliminación de derechos básicos laborales y con las reformas antisociales. Se
privatizan o se eliminan servicios públicos esenciales para los sectores más necesitados, mientras se hace inviable el futuro
de las nuevas generaciones, arrojándolas a condiciones de semiesclavitud o indigencia. Y mientras todo eso sucede, se
traspasan ingentes sumas de dinero hacia los bancos podridos por la especulación inmobiliaria, y se permiten sin reparos y
diariamente enormes operaciones de delincuencia financiera.
banqueros y grandes especuladores, el gobierno de Rajoy profundiza de manera salvaje en las políticas que ya inició el
gobierno de Zapatero. De hecho, entre ambos partidos, PP y PSOE, con el apoyo de otras fuerzas de la derecha parlamentaria,
aprobaron en el verano de 2010, con Zapatero todavía en el gobierno, la llamada “Ley de Cajas”, mediante la cual se inició un
proceso de saneamiento, con fondos públicos, de esas entidades, para acabar siendo regaladas a la banca privada. Las Cajas de
Ahorro, que gestionaban el 49% del mercado financiero español, suponían un botín largamente anhelado por la banca privada,
con el objetivo de monopolizar el sistema financiero.
Hasta la fecha, tres entidades
saneadas con miles de millones del erario público han sido adquiridas por la banca privada al precio simbólico de 1 euro: la
CAM, por el Banco Sabadell, UNNIM, por el BBVA, y el Banco de Valencia por parte de CaixaBank. Lo mismo se pretende hacer con
Bankia, CatalunyaCaixa y NovaGalicia, todavía bajo el control de los fondos públicos. Sin ningún tipo de disimulo, el
gobierno de Rajoy se propone, a la finalización del proceso, dejar la práctica totalidad de los servicios financieros bajo el
control privado. La especulación campando a sus anchas, en régimen de monopolio.
El anterior
espejismo de democracia va dando paso a una auténtica cleptocracia bancaria, o gobierno de los ladrones financieros. He aquí
algunos apartados que ilustran la situación:
(con b), en créditos blandos (al 1% de interés) del Banco Central Europeo (BCE) presidido por Mario Draghi, en teoría “para reactivar la economía productiva y hacer fluir el crédito a empresas y particulares”.
Las últimas dos grandes partidas fueron 489.191 millones en diciembre de 2011, y otros 529.531 millones de euros en enero de
2012. De esos 1.018.722 millones (casi el montante del PIB anual del Estado español), al menos 224.861 millones fueron a
parar a los bancos españoles en las dos subastas. ¿Qué han hecho estos, con toda esa montaña de dinero? Pues sanear balances,
especular con la deuda pública (la española roza el 6% de interés) mientras mantienen cerrado el grifo del crédito. Pura
especulación con fondos públicos, sin arriesgar un céntimo, y a cargo de la ciudadanía.
Reestructuración Ordenada Bancaria) es un organismo creado para salvar empresas financieras ruinosas con fondos públicos. Con
la apariencia de “préstamos”, tenía hasta noviembre de 2012 adjudicados 25.117 millones de euros, a los que hay que añadir
los 39.468 millones de la primera fase del rescate bancario del 11-12-12 (podría dotarse de hasta 90.000 millones de euros).
De todo ese dinero, la CAM tenía inyectados 5.800 millones de euros, pero ha sido vendida al Banco Sabadell por el simbólico
precio de 1 euro. UNNIM había recibido 948 millones del FROB, pero ha sido vendida al BBVA por el mismo precio: 1 euro. La
tercera operación, sin descartar que puedan venir otras, ha sido la del Banco de Valencia: recibe a través del FROB 4.500
millones de euros, pero ya ha sido adjudicado a CaixaBank, también por 1 euro. Además, todas estas operaciones han supuesto
el cierre de centenares de oficinas y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Pero, si se han inyectado en las tres
entidades 11.248 millones y sólo se han recibido 3 euros, ¿cuándo se devolverá el resto?
cuya primera fase son los citados 39.468 millones de euros (Bankia, 17.960; CatalunyaCaixa, 9.084; NovaGalicia, 5.425; Banco
de Valencia, los citados 4.500, más otros 2.500 millones para capitalizar el “Banco Malo”) tiene unas condiciones que, por
supuesto y si no lo remediamos, vamos a pagar entre todos. Además de nuevos recortes impuestos que, aunque rodeados de
secretismo, apuntan al sistema público de pensiones, el montante de las enormes sumas de dinero que van a parar a la banca
las garantiza el Estado, ya que computan como deuda pública, con la prioridad de su pago que determina la reforma-express
(PP+PSOE) del artículo 135 de la Constitución, más los correspondientes intereses, cercanos al 6%.
el barroco nombre de “Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Consiste en un
basurero, de titularidad pública, de activos tóxicos privados, mayoritariamente inmuebles, de los que se desprenden los
bancos y las Cajas privatizadas (“aislar los activos inmobiliarios tóxicos”). Como hemos
citado, a este pozo de inmundicia financiera se le ha dotado con un capital inicial de 2.500 millones, de fondos FROB, y la
primera partida tóxica a gestionar son 44.000 millones en inmuebles procedentes de las cuatro entidades “rescatadas”: Bankia,
CatalunyaCaixa, NovaGalicia y Banco de Valencia. En resumen: la basura financiera generada por una gestión delictiva es
traspasada directamente al erario público.
las víctimas de los mismos) por parte de la banca privada corre paralela al desarrollo de la crisis. En sí mismos, los
desahucios reflejan el grado de inmoralidad de los banqueros. Es perentoria la necesidad de defender el derecho
(constitucional por otra parte) a una vivienda digna para todas las personas, y acabar con la tiranía de estos delincuentes
sociales. Según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) desde junio de 2009 a junio de 2012 se produjeron en España
168.534 desahucios, que en la actualidad pueden haber alcanzado ya los 200.000.
cuenta otros datos que ilustran el auténtico expolio que se está produciendo, y que también tienen que ver con la fontanería
bancaria:
deuda pública española se puede considerar ilegítima, ya que no solamente ha aumentado drásticamente para mantener
instituciones parasitarias (la banca, el ejército, la Iglesia, la monarquía…) sino que toda ella es objeto de una operación
especulativa a gran escala. En los presupuestos del gobierno de Rajoy para 2013 está previsto el pago de 38.600 millones,
¡solamente en intereses! Por comparar, esa cantidad casi multiplica por cuatro el importe de los recortes en sanidad y
educación, llevados a cabo por el Gobierno de Rajoy. Por cierto, y como hemos dicho antes, buena parte irá a parar a los
bolsillos de los especuladores bancarios.
UE, y en cifras aumenta cada año aproximadamente en 70.000 millones. Solamente esa cantidad bastaría para equiparar el gasto
social de todo el Estado español a la media de la UE-15, sin hacer el más mínimo recorte. En los últimos cuatro años (período
de prescripción que establece la Ley General Tributaria) estaríamos hablando de 280.000 millones de euros. Según el Sindicato
de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) los autónomos defraudan un 8% del total, las PYMES un 12%, y el 71% es
responsabilidad de las grandes empresas y las grandes fortunas. La amnistía fiscal promovida por el gobierno de Rajoy apenas
ha hecho aflorar 1.200 millones de euros. Premiando al defraudador, el mensaje es demoledor: quien pueda que defraude, que
encima se le premia.
freno. Desde Emilio Ybarra a Emilio Botín, los escándalos que se han podido conocer sitúan la responsabilidad de muchos casos
muy cerca de los consejos de administración de los bancos. Según el Banco de España, desde julio de 2011 a julio de 2012 se
evadieron del territorio español 326.458 millones de euros, un 30% del PIB estatal. La permisividad, el secretismo de los
medios y la omertà que se suele imponer, desde esferas del poder político, sobre los casos
que afectan a personas “importantes”, están a la orden del día.
preferido por muchas de las grandes fortunas españolas para diferir el pago de impuestos o reducirlos al mínimo (1%). En 2011
se contabilizaron 26.172 millones de euros, gestionados a través de los principales bancos privados.
saqueo de fondos públicos, vitales para la vida digna de las personas, y que el capitalismo especulativo intenta perpetuar y
aumentar, con la complicidad de la clase política y de las instituciones, ya sean autonómicas o estatales, y al dictado de
una Unión Europea que, con el BCE y el FMI, impone recortes y privatización de servicios sociales básicos, que suponen la
exclusión de los sectores más vulnerables.
Una política de casino, en la que la banca
siempre gana, aunque sea a base de dejar a los mayores sin pensión, a la gente trabajadora sin trabajo o sin derechos, y a la
juventud sin futuro y sin presente, la mitad víctimas del paro, y la otra mitad víctimas de la explotación esclavista. Con
unos medios de comunicación privados y prostituidos en beneficio de los saqueadores, nos quieren hacer ver que no hay
alternativa, que lo tenemos merecido, que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, que los sacrificios son
inevitables, y que encima es por nuestro bien, ya que con ellos saldremos de la crisis.
Sin
embargo, hay alternativas a la dictadura de este sistema capitalista, corrupto y ladrón. Depende de nosotras y de nosotros el
consentir que siga produciéndose el expolio. Todo pasa por la toma de conciencia, y la movilización ciudadana. No será fácil,
pero tampoco imposible. De entrada, se trata de recuperar el sentido de la justicia, la solidaridad y las formas directas y
esenciales de la práctica democrática, y no esta caricatura mentirosa que nos quieren vender.
De entrada y entre otras, serían imprescindibles las siguientes medidas, dentro del sector financiero:
profundidad, imparcial e independiente de los hechos que han provocado los agujeros negros, de dimensiones históricas, en las
entidades financieras.
posteriormente de Bankia, con devolución de las cantidades substraídas, embargo de los bienes de sus patrimonios personales
para tal fin, y anulación de todos los sueldos millonarios de los directivos.
procesamiento de los responsables del organismo supervisor, el Banco de España, comenzando por el antiguo gobernador Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, por su conducta negligente y/o cómplice del fabuloso desfalco al erario público que se ha llevado a
cabo.
Dimisión del ministro De Guindos, antiguo ejecutivo para España y Portugal de Lehman Brothers (banco norteamericano que
quebró en 2008 por las hipotecas subprime), por su responsabilidad al traspasar ese enorme agujero de pérdidas privadas al
sector público.
créditos actuales ajustándolos a los ingresos reales de las familias y de las personas. Ni un solo desahucio
más.
en el sector, sin pérdidas de derechos, y la integración de las oficinas de las Cajas de Ahorros en la red pública de
servicios financieros.
Con carácter general, la construcción de una sociedad justa, sin
excluidos ni privilegiados, también pasa por:
Está demostrado que el pago de esa deuda pública es incompatible con los derechos de las personas y el futuro de la
sociedad.
cese de los recortes en servicios sociales, educación y sanidad y atención social. El rescate de los banqueros demuestra que
ya que es posible, al parecer, tapar semejante agujero, también es posible mantener y mejorar los servicios
públicos.
Control y represión de la evasión de capitales. Supresión de los paraísos fiscales.
fraude fiscal, en especial de los grandes defraudadores. Supresión de las SICAV y de todos los instrumentos legales de
reducción o evasión de impuestos
los recursos necesarios para la vida digna de las personas y la renta básica, gravando a las grandes fortunas y a los grandes
patrimonios.
puestos de trabajo y potenciación de cooperativas autogestionadas, con dedicación preferente en el cuidado de las personas,
del medio ambiente y de la investigación.
servicios financieros. Como hemos visto hasta aquí, la banca privada, y mucho más actuando en régimen de monopolio, tiene
absolutamente esclava a toda la sociedad, e hipotecadas no solamente nuestras casas, sino también nuestras propias vidas y
nuestro futuro. Por lo tanto, el romper ese monopolio de especulación privada se revela cada vez más como una necesidad
inaplazable.
Esa necesidad pasa por la creación de unos servicios financieros de carácter
público, prácticas éticas y control democrático, al servicio de los derechos de la población trabajadora, del cooperativismo
y de la economía productiva. La banca que reclamamos, como un servicio público más, es la vía necesaria para romper con las
reglas de la especulación capitalista.
No reivindicamos solamente la “nacionalización” de la
banca actual. La propuesta de unos servicios financieros de titularidad pública, y al servicio de las y los trabajadores y de
la sociedad pasa por suprimir la gestión privada, pero sobre todo por cambiar las funciones de los servicios financieros y
las reglas de juego que impone el sistema capitalista. Por eso proponemos:
con fondos públicos, con sus redes de oficinas y plantilla de trabajadores, pasen a formar parte de la constitución del
sistema financiero público.
plantilla que los llevará a cabo como por parte de los destinatarios de los mismos, la propia ciudadanía.
financieros de la banca pública sean coherentes con la función social y el bien común, no prestándose a la actividad
especulativa. No se trata de “financiar derechos”, sino de garantizarlos y, desde ahí, atender necesidades complementarias de
la población.