Amnistía
Internacional lamenta la falta de medidas para investigar las denuncias por tortura en España, el país con el
régimen de detención “más severo de la UE”.
Amnistía Internacional (AI) tiene constancia de prácticas “generalizadas” de
tortura de Estado “a manos de las fuerzas de seguridad, Policía y otros agentes” que son justificadas por los Gobiernos
como una forma de actuación frente a “amenazas terroristas” o como táctica de represión contra disidentes, según un informe
publicado este domingo que señala a España como el país con el régimen de detención “más severo de la Unión Europea” y
donde la falta de medidas para tratar el problema de la tortura ha generado “un clima de impunidad”.
AI entiende que, en la década que abarca los atentados del 11-S hasta las revoluciones árabes de 2011, numerosos
países han justificado el uso de la tortura a través de la aprobación de legislaciones que contradicen el derecho
internacional –caso de EEUU–, eximen a las autoridades cuando atacan la libertad de expresión o conciencia a través de la
declaración de estados de excepción permanentes –Egipto o Bahréin–, o fuerzan a terceros gobiernos como el español a operar
bajo una serie de débiles “garantías diplomáticas” sin validez alguna en casos como el traslado a sospechosos terroristas a
países donde se recurre a la tortura de forma “sistemática y generalizada”.
En un ámbito más amplio, AI expresa
su repulsa ante la falta de respeto total a los DDHH exhibida por países como China, Israel, México, Rusia, Brasil, o por
fuerzas de seguridad como la del movimiento palestino Hamás que “ni siquiera necesitan de una excusa para emplear la
brutalidad policial, las detenciones arbitrarias y otras formas de abuso para reprimir y castigar la disidencia y la
libertad de expresión”, con especial hincapié en “la discriminación de género” hacia la mujer, “humillada y degradada por
el mero hecho de serlo”, y de la que se abusa para “doblegar la voluntad de familias y comunidades”.
Por todo ello y
con motivo de la celebración este domingo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, Amnistía Internacional
denuncia estos comportamientos que violan “importantes sistemas de protección” como la Convención contra la Tortura,
adoptada en 1984 y firmada por 147 estados, y exige a los Gobiernos el cumplimiento de la misma, la puesta en marcha de
investigaciones independientes sobre las denuncias relativas a estas violaciones de los Derechos Humanos y que garanticen
una reparación plena a las personas que hayan resultado perjudicadas por ellas.
“ESPAÑA NIEGA LA
EVIDENCIA”
Parte del análisis de Amnistía sobre el caso español se insertan en el marco de la lucha contra el
terrorismo. En este sentido, AI manifiesta que “el Gobierno español continúa extraditando personas a países donde pueden
correr peligro de tortura” y cita específicamente el traslado a Marruecos en diciembre de 2010 del ciudadano belga-marroquí
Alí Arraas, acusado de delitos relacionados con el terrorismo, “donde corre el peligro de ser sometido a tortura, detención
en régimen de incomunicación y juicio injusto”.
En términos generales, y sin acusar en ningún momento a las
autoridades españolas de prácticas de abusos, AI sí que lamenta “la falta de medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos
españoles para tratar las denuncias de tortura” derivadas del particularmente severo régimen de detención en España, “el
único país de la Unión Europea donde las personas detenidas pueden verse privadas de acceso efectivo a un abogado o médico
de su elección, y no tienen la posibilidad de informar de su detención a su familia ni a sus amistades”.
Amnistía hace
especial hincapié en la detención en régimen de incomunicación, “que puede alargarse hasta trece días sin que la persona
comparezca ante una autoridad judicial” en el caso de sospechosos de actividades terroristas.
En este sentido, la ONG
critica el rechazo del Gobierno español a las recomendación formuladas por Naciones Unidas en mayo de 2010 para abolir este
régimen de detención especial, que se suma a las “varias condenas” emitidas por el Tribunal de Derechos Humanos por no
investigar adecuadamente las denuncias de tortura, que generan un “clima de impunidad”, el cual a su vez “fomenta la
aparición de casos de maltrato año tras año”.
DIEZ AÑOS DE EXCUSAS
Desde los atentados del 11 de
septiembre de 2001, Estados Unidos ha abanderado una política de impunidad en los delitos de derecho internacional
cometidos en nombre de la lucha contra el terrorismo y que no ha variado significativamente desde la llegada a la Casa
Blanca de Barack Obama.
Los responsables de torturas durante la época de su predecesor, George W. Bush, “siguen sin
rendir cuentas”, la reparación por violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del programa de detenciones
secretas de la CIA “es inexistente” y el centro de detención de Guantánamo, a pesar de las promesas de Obama, continúa
abierto. Allí aún permanecen encerrados 170 presos que se exponen a ser juzgados en desventaja por los tribunales militares
que se han restaurado recientemente.
Otros países implicados en la “guerra contra el terror” no están exentos de
críticas: en Irak, las fuerzas de seguridad “cuentan con un historial inequívoco de tortura”, con 574 denuncias presentadas
contra las autoridades en 2009; en Afganistán, los servicios de información, “continúan perpetrando impunemente tortura y
detención arbitraria”; en Turquía se tiene constancia de que “miles de menores han sido enjuiciados en virtud de una
legislación antiterrorista enmendada en julio de 2010, y existen datos “fidedignos” de que funcionarios británicos
colaboraron en la detención de personas expuestas a sufrir torturas en otros países.
LA PRIMAVERA DE LA
REPRESIÓN
Diez años después, y con la explosión de las revoluciones populares en el mundo árabe en 2011, Amnistía
Internacional describe el comportamiento de los gobiernos de Túnez, Egipto, Libia, Siria, Bahréin, Marruecos o Yemen bajo
el denominador común de la “represión”.
En todos estos países, los millones de personas que salieron pacíficamente a
las calles “hartas de los terribles abusos perpetrados por sus gobiernos” han sido objeto de un abanico de violaciones que
comprenden “persistentes informes de torturas” de las fuerzas de seguridad tunecinas o “abusos sistemáticos” durante el
estado de excepción declarado en Egipto y Bahréin, por no mencionar los delitos que pudieran derivarse de los conflictos
abiertos en Libia, Siria y Yemen.
En el caso de Marruecos, AI tiene constancia a lo largo de 2010 de informes de
tortura y malos tratos infringidos por la Dirección de Vigilancia del Territorio y por la Brigada Nacional de la Policía
Judicial, “casi siempre con impunidad”, y que culminaron con el asalto al campamento saharaui de Gdeim Izik el pasado mes de
octubre, en el que murieron 13 personas, 11 de ellas miembros de las fuerzas de seguridad, tras su intento de desalojo por
la fuerza.
EL FIN DE LA TORTURA
Es por ello que Amnistía Internacional concluye su informe exhortando
a los estados para que “dejen de socavar la prohibición absoluta de la tortura” y se abstengan con efecto inmediato de
recurrir a detenciones ilegítimas, tribunales especiales o militares, realizar traslados extrajudiciales de detenidos o
ampararse en legislaciones antiterroristas para justificar abusos contra los disidentes.
Amnistía exige igualmente la
puesta en marcha de investigaciones “independientes, complejas, exhaustivas y transparentes” ante cualquier denuncia de
violación de los Derechos Humanos, bajo las garantías de que los servicios de Inteligencia quedarán sujetos a la vigilancia
de una autoridad civil, y que el secreto de Estado jamás protegerá a los Gobierno del escrutinio público ante presuntas
violaciones de los derechos de las personas.
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