Las
manifestaciones pacíficas frente a domicilios privados están reconocidas por el derecho internacional.
Internacional (AI) lamenta y considera graves las declaraciones que diversas autoridades y algunos miembros del Partido
Popular están realizando contra las protestas pacíficas protagonizadas en su mayoría por miembros y simpatizantes de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Por ello, la organización se ha dirigido a la vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Saenz de Santamaría para pedirle primero que no se admitan los ataques contra todo un colectivo que
reivindica sus derechos y que se reconozca la legitimidad de sus reivindicaciones, y segundo, que no se restrinja el
derecho de libertad de expresión y manifestación pacífica.
Defensores y defensoras de derechos
humanos
Amnistía Internacional está preocupada por el intento de estigmatización a todo un colectivo con
acusaciones genéricas de “pertenecer a organizaciones filoetarras”, “utilizar prácticas nazis”, e incluso que se pidan
“medidas contundentes por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”, con el propósito de deslegitimar unas
reivindicaciones, que, por supuesto, son legítimas.
La Asamblea General de Naciones Unidas en su Declaración
sobre el derecho y deber de los individuos, los grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales universalmente reconocidos, recuerda que toda persona, individual o colectivamente tiene
derecho a participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos, lo que comprende presentar críticas
y propuestas, y llamar la atención contra cualquier aspecto que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y
realización de los derechos humanos y libertades fundamentales.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos
de Naciones Unidas, en un informe de 2013, ha recordado que ninguna persona puede ser criminalizada o sujeta a amenazas
o actos de violencia, persecución, intimidación o represalias por denunciar violaciones de derechos humanos en el contexto
de la protesta pacífica.
“Lo que es imprescindible es que el Estado adopte medidas eficaces para reconocer la
legitimidad de este colectivo y de sus reivindicaciones”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional
España.
Protestas pacíficas
Amnistía Internacional considera que la protesta social, sea en la
forma que sea y siempre que se lleve a cabo de forma pacífica, es un derecho inalienable. Amnistía Internacional le
recuerda al Gobierno que el derecho internacional de los derechos humanos no permite, y muchos menos establece, la
restricción a la libertad de expresión, simplemente porque otras personas lo encuentren ofensivo o porque las autoridades
digan que constituye un riesgo para el orden público. Tanto la jurisprudencia internacional como el propio Tribunal
Constitucional han reiterado que los responsables políticos deben aceptar las críticas, aunque sean ingratas, molestas o
incómodas.
“Para Amnistía Internacional sería desproporcionado prohibir el derecho de manifestación, incluso
aunque se realice cerca de los domicilios privados de los actores a los que quieren transmitir su mensaje, crítica o
protesta”, señaló Esteban Beltrán.
El derecho de manifestación pacífica está reconocido en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos,
de los cuales España es Estado parte. En consecuencia, el Estado español tiene la obligación de garantizar el ejercicio
pacífico a la libertad de expresión.
Tanto las Directrices sobre Libertad de Reunión de la OSCE como la
Comisión Europea para la Democracia del Consejo de Europa entienden que una “manifestación pacífica” puede incluir
conductas que incomoden, dificulten, impidan u obstruyan temporalmente actividades de terceros, e incluso que lleguen a ser
hostiles. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también tiene sentencias en esta misma línea.
Dichas
directrices reconocen que las autoridades pueden imponer límites relativos a “el tiempo, el lugar y la manera”, siempre y
cuando dichas restricciones no sean puestas a priori, se ajusten a estricta necesidad y proporcionalidad, y no vacíen
de contenido la motivación o el objetivo de la protesta.
Peticiones al Gobierno
Amnistía
Internacional ha pedido a la vicepresidenta de Gobierno, en su labor de coordinadora y portavoz del Ejecutivo,
que:
- No
admita declaraciones estigmatizadoras por parte de autoridades del Estado y miembros del PP contra todo un colectivo que
reivindica sus derechos.
- No permita medidas restrictivas contra el derecho de manifestación pacífica, aclarando la veracidad
de la orden del Ministerio del Interior de no permitir concentraciones a menos de 300 metros del lugar de residencia de los
políticos de manera generalizada. En caso de que esta orden se haya producido, la medida sería
desproporcionada.
- Tome acciones efectivas para que medidas administrativas o sancionadoras, como la aplicación de
multas, no repercuta en el derecho a participar en manifestaciones pacíficas.
Más
información: Preguntas y respuestas sobre el derecho a la manifestación pacífica en España.
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FIN
Europea
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Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional,
Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: doc.es.amnesty.org.