El Consell trasladó tres veces en un año a
la funcionaria que llevó a la Fiscalía el presunto fraude en ayudas con fondos de la Unión Europea.
Es ingeniero agrónomo, ha ocupado puestos de responsabilidad en la gestión agrícola y pesquera en la
Junta de Andalucía y tiene una dilatada experiencia como funcionaria, entre otros campos en la supervisión y gestión de
ayudas comunitarias agrarias y al desarrollo rural. En septiembre de 2012, Paloma Coiduras acudió a la Fiscalía de Valencia
a denunciar presuntas ilegalidades detectadas en las ayudas, por 3,8 millones, a una organización de productores de frutas y
hortalizas (SAT) radicada en Beniflà (la Safor) para transformaciones agrarias en Huelva. Luego, en abril de 2013, amplió
la denuncia a otros campos.
La empleada pública incorporó abundante documentación sobre supuesto fraude del Consell
en la gestión de 128 millones entre 2008 y 2013 en dos líneas de ayuda denominadas Ruralter-Leader y Ruralter-Paisaje,
financiadas en el primer caso en un 50% por la Unión Europea. En esa documentación, Paloma Coiduras ya informó al fiscal de
que había sido objeto de represalias. En concreto, no se le renovó la comisión de servicios, situación provisional en la que
se encontraba desde que en 2009 se trasladó desde la Junta de Andalucía, donde tiene plaza, concretamente en
Almería.
«Cumplir con mi obligación»
El motivo de aquel traslado fue la necesidad de huir de un destino en
el que ya tuvo problemas al denunciar irregularidades económicas y acoso laboral. Los tribunales le dieron la razón. Ahora,
explica a Levante-EMV que de nuevo sufre «las consecuencias de cumplir con mi obligación de funcionaria, velar por el buen
uso del dinero público y no plegarme a manipulaciones políticas». Sus problemas empezaron, explica, «al día siguiente de
denunciar irregularidades detectadas en el expediente de subvenciones» para infraestructuras de regadíos. «No podía
firmarlo», cuenta, porque el expediente carecía de proyectos técnicos, certificaciones y no se utilizaba la línea de ayudas
indicada, entre otras muchas anomalías. Comunicó, según explica, a su jefe de sección que el destino de esos fondos no
estaba nada claro. 24 horas después se le trasladó de destino. Entre mayo y septiembre de 2011, su cometido laboral se
desarrollo en registro de Industrias Agrarias y, en julio de 2012, pasó a la subdirección general de desarrollo rural.
Cambios que implicaron también traslado de edificio.
Al ocupar nueva plaza -«cambios que se hicieron sin papeles, con
comunicación verbal, sin más», comenta- tuvo acceso a nuevos expedientes en el ámbito del desarrollo rural. Dicho de otro
modo, otros focos de presuntas ilegalidades, como las apuntadas en los programas Ruralter, que están siendo investigados
por Fiscalía y por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (Olaf). Se buscar aclarar por qué se usó dinero del
desarrollo rural para costear equipajes de fútbol, compra de ordenadores en parroquias o pago de comidas a asociaciones de
amas de casa.
Estos días ha recibido la solidaridad del sindicato CGT y de la oposición de parlamentaria (PSPV, Compromís y EU)
en su denuncia de las «represalias» que está sufriendo. «Sé que una comisión de servicios es provisional, que el puesto no
es mío, pero pido que se me trate como a los demás, como a los 7 u 8 ingenieros agrónomos que tienen menos currículum, no
son doctores, tienen menos experiencia y también vienen de otras comunidades pero sí se les concede esa comisión de
servicios», explica la funcionaria con destino hasta ahora en la extinta conselleria de Agricultura, hoy subsumida en el
macrodepartamento bajo mando de Císcar.
La conclusión de Coiduras es que ahora sufre las consecuencias de «cumplir
con mi obligación como funcionaria de carrera», mientras «los que miran para otro lado van ascendiendo». Coincide con la
denuncia sindical de la CGT en que el Consell está «sustituyendo personal funcionario por eventuales», más expuestos
a las contingencias políticas.
+ info :
CGT denuncia la discriminación de personal
funcionario por denunciar irregularidades en la Administración del Consell
Fuente Levante emv