---

En los oscuros y

ya lejanos tiempos de ese franquismo que no acaba de morir, circulaba por obras y tabernas una jocosa tabla reivindicativa

que reclamaba trabajo de obispo, sueldo de ministro y jubilación de general. Han pasado cinco décadas desde entonces y los

abismos entre la clase trabajadora y las castas dirigentes no dejan de agrandarse. 
Aunque parezca cosa de humor negro, son las voces

con menos autoridad moral para opinar las que más algarabía montan en el debate sobre asuntos que en muy poco les afectan;

así son los cardenales los que se posicionan sobre el aborto, los tertulianos los que discuten de política, los banqueros

los que proponen moderación salarial y la señora Báñez (ministra de algo que desconoce) la que pide más

productividad.
 
Jaleado por la troika, el gobierno de Rajoy se muestra pletórico y

convencido de que no hay otra vía que la de los recortes para conseguir que circule el dinero, se anime el consumo y baje el

paro. Arrodillados como están ante el Bundesbank (que se manifiesta a través de Angela Merkel) son incapaces de levantar la

vista y ver los gráficos que colocan a la economía española como la última de la clase en todos los indicadores que miden

el bienestar social y la riqueza de un país. Tenemos peores salarios, más paro, más deficitarios servicios públicos y más

precariedad que cualquier miembro de la UE? salvo Portugal y Grecia, cuyos gobiernos también aplican con rigor las mismas

recetas que el PP.

Ahora, sin dejar de profundizar en todas las reformas de antes del verano

(sanidad, función pública, educación, subsidio de paro, ayudas sociales, etc.) nuestros gobernantes se disponen a atacar de

nuevo al sistema público de pensiones. Previamente se había montado la correspondiente campaña de aseguradoras y bancos

argumentando una supuesta inviabilidad de las pensiones, en base a un progresivo incremento de la esperanza de vida, contra

el que ya se han tomado decisiones tan eficaces como hacer pagar las medicinas a los jubilados.

No conformes con las regresivas medidas que se han ido

aprobando en el Pacto de Toledo (apoyado incluso por esa peculiar izquierda representada por el PSOE, CC OO y UGT) que

incluyen el aumento progresivo a 38 años del tiempo de cotización exigido, el retraso a los 67 años del retiro o el aumento

a 25 años del período de cálculo, ministros y banqueros (cuyos sueldos y condiciones de jubilación permanecen por las nubes,

a pesar de la crisis que pretenden hacer pagar exclusivamente a los de abajo) se proponen hacer imposible la vida a todo

pensionista que no haya tenido el valor y el dinero necesarios para apuntarse a un fondo privado de pensiones.

La pretensión de desvincular la revisión de las pensiones del incremento del IPC, junto a todos los recortes

anteriores, supone dar la puntilla al sistema público y condenar a quienes se han dejado la vida trabajando a acabar sus

días en la más absoluta pobreza. Y esto es algo que la sociedad española no debería permitir.

Antonio

Pérez Collado Secretario de Acción Social de CGT-PV