La Asamblea de Pensionistas y Personas Jubiladas de CGT-València manifiesta sus críticas y temores ante la aprobación el pasado 22 de enero en el Congreso de los Diputados del pacto social alcanzado por gobierno, patronal y agentes sociales para flexibilizar las jubilaciones. Este acuerdo se firmó previamente entre el gobierno del España, a través de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, y los responsables de las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME. Las condiciones que se subscribieron en este acuerdo afectarán a la jubilación parcial y la jubilación activa.
Sobre la JUBILACIÓN DEMORADA, se propone atrasar “voluntariamente” la edad de jubilación con posterioridad a la edad legal establecida, prolongándola más allá de los 67 años y hasta un máximo de cinco años. Ante la precariedad laboral actual, muchas personas no tendrán suficientes años cotizados para obtener una pensión decente y la posibilidad de una jubilación digna será una utopía, forzando a numerosas personas a trabajar algún tiempo más para mejorar la pensión que les correspondería a la edad legal del retiro.
Sobre la JUBILACIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO, se acuerda compatibilizar la pensión con el ejercicio de un puesto de trabajo, para prolongar la vida activa más allá de la edad legal de jubilación para reducir costes e incrementar ingresos a las empresas.
Sobre la JUBILACIÓN FLEXIBLE, que es una modalidad para compatibilizar el trabajo con una parte del cobro de una pensión, hay que considerar que se trabaja a la vez que se percibe una pensión de jubilación.
Sobre la JUBILACIÓN PARCIAL, recordar que se cobra una parte de la pensión de jubilación y se trabaja a la vez a tiempo parcial, lo que significa seguir más tiempo sin jubilarse definitivamente.
Sobre los COEFICIENTES REDUCTORES, que solo afectan a trabajos penosos, tóxicos o peligrosos, según cierta casuística y en determinadas profesiones, varía, pero es inferior a la del resto de trabajadores. Ahora se establecerán tres indicadores para admitir nuevos colectivos:
-Incidencia de las bajas laborales por contingencias comunes y profesionales.
-Incidencia de sucesos graves que comportan defunciones y reconocimientos de incapacidad permanente.
-Duración media de los procesos.
Sobre los FIJOS DISCONTINUOS, trabajadores que hacen una actividad laboral de forma intermitente, pero estable, se recupera el coeficiente multiplicador del 1’5. Algo que ya estuvo en vigor durante algún tiempo.
Sobre la GESTIÓN de INCAPACIDAD TEMPORAL, cuando una persona trabajadora se encuentra imposibilitada temporalmente para trabajar y recibe asistencia sanitaria y prestación económica, los firmantes han acordado subscribir convenios con las MUTUAS en lugar de financiar el Sistema Nacional de Salud para evitar demoras a la práctica de pruebas.
Finalmente, se establece un Bonus o sistema de incentivos que tiene por objeto la mejora de la prevención de riesgos laborales a las empresas, adoptando medidas y procesos que contribuyan a la reducción de la siniestralidad laboral a las empresas que tengan un nivel inferior a la media del sector de actividad. Esto ya demostró en su momento carecer de eficacia en la mejora de las medidas de seguridad y salud al trabajo, porque disfrazó la naturaleza de los accidentes y facilitó la ocultación. El resultado ha sido que muchas empresas se mueven más por ganarse el bonus que por la salud y seguridad de sus plantillas.
La valoración que desde la CGT hacemos de de la nueva reforma es que ahonda en el camino emprendido en 2011 para, de forma gradual, retrasar la edad de jubilación e ir disminuyendo la cuantía de las pensiones. Algo que nos parece totalmente injusto para con quienes se han dejado gran parte de la vida en sus puestos de trabajo. Consideramos que las políticas tendrían que ir en sentido contrario, avanzando hacia la jubilación a los 60 años -lo que permitiría acabar con el paro juvenil e incorporar las generaciones más preparadas al mercado laboral- y elevando la cuantía de las pensiones más bajas para facilitar que nuestros mayores disfruten de condiciones dignas en su última etapa vital.