Los dos últimos ex presidentes de la Generalitat, Francisco Camps y Alberto Fabra, ambos del PP, ignoraron durante años las advertencias de la Conselleria de Hacienda cuestionando la legalidad de contrataciones irregulares en una empresa pública de la Generalitat. EL MUNDO.es ha tenido acceso a los seis informes que emitió Hacienda, a través de la dirección general de Presupuestos, en los que informaba desfavorablemente sobre la provisión de puestos de trabajo en la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (Epsar), apéndice de la Conselleria de Agricultura, y se oponía a complementos salariales discrecionales.
Todos los puestos fueron ocupados por personas cercanas al PP o familiares de cargos públicos, como fue el caso de la contratación de la prima del ex conseller y eurodiputado del PP Esteban González Pons, Patricia Stuyck Pons. Los informes negativos fueron reiterados y Hacienda solicitó que se retrotrajesen la creación de los puestos de trabajo hasta en cuatro ejercicios consecutivos. Finalmente se eliminaron las plazas, sí, pero parece que con trampas: los afortunados pasaron a ocupar las de otros trabajadores que, según dichos informes, fueron despedidos sin citar en ningún momento el por qué de su cese.
Una denuncia de la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Valencia ha abierto la puerta a revisar supuestos casos de nepotismo del PP en la Generalitat Valenciana. Tal y como contó esta redacción, en julio el Ministerio Fiscal elevó al juzgado la denuncia que presentó la Confederación General del Trabajo (CGT) por contrataciones irregulares en la Entidad de Saneamiento de la Generalitat Valenciana (Epsar), apéndice de la Conselleria de Agricultura.
La denuncia se dirige contra José Juan Morenilla, ex director general y uno de los procesados por el caso Emarsa -que ha investigado el presunto saqueo de los fondos de la depuradora de Pinedo-, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación en relación a contrataciones laborales irregulares en la Epsar y se extenderá, en el momento procesal oportuno, a aquellas personas que a lo largo de la instrucción judicial se revelan como responsables.
Es la primera vez que la Fiscalía de Valencia judicializa presuntos enchufes en la Administración regional de familiares o trabajadores vinculados al PP. La carga documental ha sido fundamental para que este caso eche andar en los juzgados pues los informes de la propia Generalitat dejan poco espacio a la duda.
El primero se emite en 2009 después de que la Epsar solicitara a la dirección general de Presupuestos y Gastos que autorizara una modificación de la masa salarial de su personal. Hacienda decidió «no autorizar las creaciones de los puestos de trabajo solicitados» e indicó «la imposibilidad de tramitar la solicitud de informe favorable a las modificaciones retributivas». Un año después, en septiembre de 2010, Hacienda alerto del desfase de más de 285.000 euros en sueldos y detectó que una veintena de trabajadores cobraron «retribuciones superiores a las autorizadas». Además, concluyó que los nuevos puestos ocupados por personal próximo al PP eran «nulos de pleno derecho» y pidió, sin éxito, que la Epsar corrigiera la ilegalidad.
Sólo tres meses después, en diciembre de 2010, Hacienda avisó en otro informe que no se habían retrotraído los sobresueldos y cifró en 131.232 euros los complementos abonados sin autorización. Según esta documentación, en diciembre de 2011, ya con Fabra al frente del Consell, las advertencias se repiten y la propia Conselleria avisa de un nuevo desajuste presupuestario porque la Epsar mantenía en su puesto de trabajo a la prima de González Pons pese a las medidas adoptadas «en materia de contención del gasto público».
Pero la más curioso de este último informe es que la Conselleria de Hacienda constata que la Epsar recolocó a los presuntos enchufados en puestos de trabajo «cuyos titulares se encuentran en situación de excedencia». En 2013, Hacienda volvió a denunciar está practica sin que la Epsar informara «de los derechos de reincorporación» de los trabajadores en excedencia ni por qué había despedido a trabajadores para recolocarlos y evitar la ilegalidad.
PSPV: ‘Se usó la Generalitat como un cortijo’
El PSPV lleva meses denunciando las contrataciones irregulares de la Epsar y, cuando estaba en la oposición, pidió sin éxito al ex conseller de Agricultura y presidente del PP de Alicante, José Císcar, que aclarara el ascenso de la prima de Esteban González Pons en esta empresa pública. Ahora, el portavoz adjunto del PSPV en las Cortes, el diputado José Muñoz, atribuye el silencio a que el anterior Consell era consciente de las irregularidades.
«La sensación que tenemos los socialistas es que, ahora que podemos acceder a esta información, lo que nos encontramos es que se ha utilizado la Generalitat como un chiringuito, como su cortijo» apuntó Muñoz. Según el dirigente socialista, «queremos, sobre todo, sacar a la luz todos estos temas y que luego respondan por ellos. Tienen que devolver el dinero»; y reiteró el compromiso de su partido para que la Justicia aclare lo sucedido.