La reforma del Código Penal puesta en marcha por Gallardón deja en manos
del Ministerio Fiscal la posibilidad de perseguir a quienes presten su hospitalidad a extranjeros no comunitarios.
este colectivo. Una modificación en la reforma del Código Penal prevista por el Ministerio de
Justicia abre la puerta a que aquellas personas que colaboran con los inmigrantes en situación administrativa irregular
prestándoles asistencia humanitaria puedan ser multadas y castigadas con hasta dos años de
cárcel
.aprobación parlamentaria, «el que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado Miembro de la Unión
Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo, vulnerando la legislación de dicho
Estado sobre la entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de
seis meses a dos años».
la sociedad civil que acogen en sus casas a inmigrantes en situación vulnerable, advierte del riesgo de que puedan ser tratados como «criminales» y ha lanzado una campaña para pedir al Alberto Ruiz Gallardón
que corrija el «desafortunado» artículo.
como la trata de seres humanos y los abusos sobre las personas migrantes con prácticas humanitarias de solidaridad,
hospitalidad y asistencia hacia aquellas personas que transitan «sin papeles» por España», afirma en su comunicado el
colectivo ‘Salvemos la hospitalidad’.
irregulares a «permanecer» en territorio comunitario, lo que a juicio de la plataforma implica que pueden ser incriminados
quienes, por ejemplo, alquilen una habitación o dispensen un menú, aunque sea a bajo
precio, a los extranjeros sin la documentación en regla.
donde se afirma que «El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido sea
únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate», lo que deja abierta la posibilidad legal a que en
realidad pueda hacerse efectiva la acusación.
grave, pues esta forma de criminalización es una opción de política criminal del
legislador
«, denuncia la plataforma, que considera que la propia ley podría eximir directamente a quienes presten suhospitalidad añadiendo que «quedarán exentos de responsabilidad penal quienes únicamente presten ayuda
humanitaria».
también considera que el texto debería ser más concreto y aconseja que no quede implícitamente derivada al Ministerio Público
la posibilidad de pedir las multas.
Ministerio de Justicia, en cambio, sostienen que el sentido de esta reforma no es endurecer las penas «sino todo lo
contrario». En declaraciones a Público, el departamento que dirige Ruiz Gallardón ha justificado la modificación de
la regulación vigente «para ajustarla a las exigencias estrictas de la normativa
europea
impuestas en la Directiva 2002/90/CE» y ha asegurado que, al contrario de lo que sucede actualmente, la nuevaregulación «deja claro que solamente se sancionan las conductas por medio de las cuales se facilita directamente la entrada
ilegal o el tránsito en España» y rebaja «radicalmente» las penas.
perseguir el delito cuando se actúa por motivos humanitarios», insiste el Ministerio, que recuerda que el texto no es
definitivo y subraya que el sentido correcto de la reforma es «justamente el contrario» del que se ha trasladado por
plataformas como ‘Salvemos la hospitalidad’.
«Falacia
argumentativa»
Justicia son una mera «falacia argumentativa». «Estamos en el terreno de la retórica,
como cuando se habla de «modular» el derecho de huelga. En el nuevo artículo se incluyen supuestos que antes no estaban
incluidos y si el Gobierno pretende cambiar la legislación es por algo», afirma en conversación con este
diario.
ser la solución a estos problemas porque lo que se pretende, una vez más, esmeter en el
ámbito de la delincuencia cuestiones sociales
. Es un contrasentido. Hay que dejar el texto como está o bien eliminarcualquier duda interpretativa», añade.