La situación de derechos humanos en Colombia suscita gran preocupación, a juzgar por lo ocurrido en este año que termina, en el que se agudizó la persecución y la violencia contra líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Según el Sistema de Información de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical (Sinderh), entre el primero de enero y el 30 de noviembre del año 2018 hubo 194 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física cometidas contra sindicalistas en Colombia. Entre estos se cuentan 146 amenazas, 28 homicidios, 7 atentados, 6 hostigamientos, 3 desapariciones forzadas, 2 desplazamientos forzados, un allanamiento ilegal y un caso de tortura.
También hubo incremento en las acciones contra organizaciones sindicales como colectivo (Este tipo de violaciones se dirigen contra la organización sindical en su conjunto). Pasaron de 9 casos en 2017, a 36 casos en lo que va de 2018. Y durante el segundo semestre se identificó un incremento de la persecución y la amenaza contra sindicalistas.
Según el Instituto de estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), entre enero y noviembre de 2018 en Colombia fueron asesinados 226 líderes defensores de Derechos Humanos en distintas regiones del país.
En lo que va de 2018, el 82% de las víctimas de la violencia antisindical fueron activistas sindicales, quienes venían defendiendo derechos humanos y laborales, exigiendo garantías para realizar su actividad sindical, haciendo denuncias, apoyando la paz, participando en huelgas y protestas. Violencia que se acentuó en el segundo semestre del año, en el que se registra más de la mitad de los casos documentados en 2018.
A la persistencia de la violencia se suma la criminalización de la acción sindical y de la protesta, por la vía del tratamiento de orden público, judicial y punitivo hacia ésta.
Es claro que la violencia antisindical impide o limita el ejercicio de la libertad sindical y la defensa de derechos de las y los trabajadores. Más aún en el caso colombiano, donde el sindicalismo ha padecido persecución y violencia como ningún otro en el mundo. De acuerdo con el Sinderh de la ENS, desde enero de 1973 hasta noviembre de 2018 se contabilizan al menos 14.805 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre éstas 3.180 homicidios, 406 atentados contra la vida, 242 desapariciones forzadas, 7.281 amenazas de muerte y 1.900 desplazamientos forzados. Entre quienes perdieron su vida se cuentan 2.849 hombres y 331 mujeres. 929 de los asesinados eran dirigentes sindicales.
Los casos en 2018
Cuando se esperaba que el proceso de paz rebajara los niveles de violencia contra el sindicalismo, vemos que en 2018 esta continuó especialmente contra activistas y directivos sindicales.
El Sinderh de la ENS presentó el siguiente cuadro de la violencia antisindical en 2018, con la advertencia de que existe subregistro dadas las dificultades en el acceso a la información, principalmente con relación a los casos de docentes sindicalizados. La reactivación de la violencia en las zonas rurales sigue siendo una constante y es una expresión que podría tener una relación con las dinámicas de la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos.
Violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas en Colombia, 2018 (noviembre 30)
| Tipo de violación | Mujeres | Hombres | Total |
| Amenazas | 23 | 123 | 146 |
| Homicidios | 3 | 25 | 28 |
| Atentado con o sin lesiones | 3 | 4 | 7 |
| Hostigamiento | – | 6 | 6 |
| Desaparición forzada | 1 | 2 | 3 |
| Desplazamiento forzado | – | 2 | 2 |
| Allanamiento ilegal | 1 | – | 1 |
| Tortura | – | 1 | 1 |
| Total general | 31 | 163 | 194 |
Fuente: Sistema de Información de Derechos Humanos, SINDERH
De los casos anteriores, por su gravedad, se destacan los asesinatos de tres afiliados a Sinaltrainal en el Valle del Cauca. Ocurrieron en el mes de mayo, en momentos en que este sindicato negociaba su pliego petitorio con la multinacional Nestlé de Colombia. Las víctimas fueron Gilberto Espinosa, quien había sido amenazado en febrero; Luis Eduardo Domínguez, dirigente, y Cristian Lozano, trabajador de base, ambos asesinados el 23 de mayo en Andalucía, Valle.
El 14 de junio de 2018, a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, organizaciones y dirigentes sindicales y sociales de varios departamentos fueron amenazados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Entre los directivos sindicales amenazados estaban Edgar Mojica, de la CUT Nacional; Fernando Otálvaro y Diego Escobar, de Asonal Judicial S.I; Hernán Arciniegas, de la CUT Valle; Germán Marín y Fernando Pérez, de la CUT Antioquia. También fueron amenazados los sindicatos Sintraunicol y Sinaltrainal.
Las amenazas a estas personas y organizaciones hacían referencia al apoyo de la dirigencia social y sindical al candidato Gustavo Petro, y el apoyo al proceso de paz. La pregunta obvia es: ¿quiénes están detrás de estas amenazas? ¿Por qué no hay voluntad ni eficacia de la Fiscalía ni de la Policía Nacional para encontrar los responsables y llevarlos ante la justicia?.
En la Costa Caribe, el 2 de marzo de 2018 fue amenazada la dirigencia de Sintracoolechera, por parte del Bloque Sierra Nevada de las Autodefensas Unidas de Colombia, que los declaró objetivo militar acusándoles de izquierdistas.
En cuanto a la violencia contra mujeres sindicalistas, en lo que va del 2018 se han registrado 31 hechos, en la mayoría de los casos (80%) por ejercer roles de dirección y activismo sindical, especialmente la docencia.
En Viterbo, Caldas, el 25 de enero fue amenazada María Victoria Martínez Grisales, activista del Sindicato Educadores Unidos de Caldas, Educal. En Antioquia, Nariño y Guajira también se han presentado amenazas y asesinatos de docentes sindicalizadas. El 19 de febrero Olga María Perilla Bautista, representante de la Mesa de Víctimas del municipio de Maní, Casanare, presidenta de Asoprovicma e integrante del Comité Ejecutivo de la CGT seccional Casanare, recibió amenazas contra ella y su familia. Y está el caso de Irma Beatriz López Suárez, abogada y asesora de la CUT Valle y Asolaborales, víctima de un atentado el 11 de abril en Cali, donde persisten las intimidaciones contra mujeres familiares de dirigentes sindicales.
Otro caso doloroso fue el asesinato de Holman Mamian, docente de ascendencia indígena adscrito a la Institución Educativa Santa Rita sede El Ventiadero, municipio de La Vega, Cauca, afiliado a la Asociación de Institutores de Cauca, Asoinca. Era destacado por su lucha en defensa del medio ambiente y contra la minería ilegal.
Como lo señala el cuadro anterior, la amenaza es el tipo de violencia más recurrente, representa el 75,25% del total de casos registrados este 2018. Es una violencia no letal, pero de igual manera genera un ambiente de vulnerabilidad adverso para el ejercicio de la actividad sindical, así como para las agendas sociales y políticas ligadas a la misma. Gran parte de los sindicalistas amenazados llevaban a cabo procesos de defensa de derechos, de la paz y de los territorios, reclamaban restitución de tierras y apoyaban la campaña presidencial de la Colombia Humana.
Otro dato inquietante de la violencia antisindical en este 2018 es que en el 82% de los casos fue dirigida contra activistas y dirigentes sindicales. Esta focalización es muy grave en la medida de que conlleva la vulneración de derechos individuales y colectivos, impide el libre ejercicio de la libertad sindical y genera daños e impactos en los procesos y las organizaciones. Además guarda relación con la proliferación de la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos en el país. Para la ONU, la expresión “defensor de derechos humanos” describe a la persona que individualmente o en conjunto con otras se esfuerza en promover o proteger esos derechos, que es justamente la labor que realizan los sindicalistas y sindicatos que hoy son víctimas de la violencia.
En cuanto a los responsables de la violencia cometida contra sindicalistas, en lo corrido de 2018 prevalecen los paramilitares como presuntos responsables: 52,06% de los casos. En el 41.7% de los casos los responsables no fueron identificados; y en un menor porcentaje fueron agentes del Estado y la guerrilla.
Otra característica de la violencia sindical, no menos preocupante, es la impunidad que persiste. Falta eficacia de los organismos judiciales de investigación y de las autoridades responsables de la seguridad y de la integridad de los líderes y defensores de derechos humanos.