- Multitudinarias protestas en Brasil en contra de las medidas de austeridad del presidente Michel Temer.
Es histórico que 200.000 personas hayan salido a protestar en las calles brasilienses. El objeto del rechazo popular, son las reformas laborales y de seguridad social que buscan mermar el poder de los sindicatos, aumentar la edad de jubilación a 65 años, rebajar beneficios e incrementar pagos previsionales de los empleados públicos.
La manifestación del 24 de mayo fue programada tras el paro general del 28 de abril, cuando aún no se conocían las grabaciones que comprometían a Temer y a algunos diputados de su partido. Se espera otro paro en junio.
Dos frentes de movimientos sociales convocaron a las manifestaciones: Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo: ambos agrupan a más de una decena de colectivos.
La dimisión de su ministro de Justicia este lunes, según informó EFE, acelera la debacle del gobierno brasileño y, mientras tanto, la sociedad civil se organiza y la política rompe el monopolio casi religioso del fútbol en las conversaciones de la calle.
Apenas 48 horas después de asumir el cargo, Temer esbozó con claridad las líneas maestras de su política: un gobierno compuesto íntegramente por élite blanca tradicional (todos hombres), priorizando la privatización servicios y empresas públicas (las multinacionales españolas se reparten buena parte del pastel), y apuntando al sistema de pensiones público y los derechos laborales como las dos grandes víctimas de la “austeridad” que promueve. Desde entonces no han cesado las protestas y las ocupaciones de edificios públicos en todo el país. El pasado martes Temer movilizó al Ejército para contener a los más de 100 mil manifestantes que marcharon en Brasilia, una decisión que tiene sus precedentes más recientes en la época dictatorial. Un día después revocó la decisión.
En 2014 millones de brasileños corearon el famoso “fora Dilma” (“fuera Dilma”) en las manifestaciones que precedieron al impeachment, cargados de un odio que los grandes medios se preocuparon en alimentar durante meses. Brasil acumula indignación tras varios años de grandes escándalos de corrupción (destaca el caso Lava Jato por corrupción en la estatal Petrobrás), despilfarro público (el Mundial iba a costar 3.000 millones de dólares al erario, finalmente el gobierno pagó más de 13.000 millones), deterioro de la seguridad y la sanidad, inflación descontrolada y un renovado afán por la represión violenta por parte de los cuerpos de seguridad, ya de por sí habituados al uso de la fuerza bruta y la impunidad.
La encuesta Datafolha (Folha de São Paulo) sitúa la popularidad de Temer en el 9% sostiene que el 61% de los brasileños desean su salida del gobierno. Dilma tenía una desaprobación del 63% cuando la echaron del cargo. La reforma del sistema de pensiones y del mercado laboral, las dos joyas políticas de Temer, también suspenden por mayoría (66% y 62% de rechazo, respectivamente). Las manifestaciones esporádicas del año pasado han dado paso a otro tipo de luchas más organizadas, hasta el punto de que Brasil vivió la mayor huelga general de su historia a finales de abril de este año (40 millones de obreras y obreros secundaron la huelga).