Se cumplen cuarenta años del incendio que puso en marcha el caso Scala, un tortuoso proceso judicial contra varios jóvenes anarquistas durante los años convulsos de la Transición. Se abrió la cacería contra el movimiento libertario mientras los acusados señalaban las incongruencias de la versión oficial y apuntaban a la mano negra de los servicios secretos.
En aquellos primeros días de 1978, los nuevos consensos de la Transición habían alcanzado una solidez inesperada. Hacía apenas dos años de la muerte de Francisco Franco y España ya había olvidado la inquietud sucesoria, había celebrado elecciones a Cortes y se encaminaba hacia el refrendo popular de una flamante carta magna. Por un lado, los altos mandos franquistas se vistieron de demócratas en una vertiginosa operación de camuflaje. En el otro extremo, el Partido Comunista de España, que acababa de conocer la legalidad en abril, reclamaba en julio un gobierno de concentración junto a formaciones como UCD y Alianza Popular.
No hubo gobierno unitario pero en octubre se firmaron los Pactos de la Moncloa, que garantizaban al presidente Suárez una paz romana entre partidos y anticipaban la fotografía del gran pacto constitucional. La CNT no solo arruinaba aquel consenso, sino que sobre todo, promovía huelgas, convocaba mítines multitudinarios y ejercía un influjo inconveniente sobre las secciones catalanas de CCOO y UGT.
El 15 de enero de 1978, alrededor de quince mil personas se manifiestan en Barcelona convocadas por la CNT para protestar contra los Pactos de la Moncloa. La marcha recorre la Avenida del Paral·lel (por entonces Marqués del Duero) y se disuelve a la una de la tarde en la Plaza de España. A la una y cuarto comienza a arder la sala Scala.
Inaugurado en 1973, aquel local de los hermanos Antonio y Ramón Riba ofrecía un restaurante con espectáculos de revista y un espacio festivo donde se divertía la gente bien de Barcelona. Los periódicos sostienen en un primer momento que cinco jóvenes han arrojado cócteles molotov contra la fachada y el fuego ha derrumbado las siete plantas del edificio. Cuatro trabajadores de la sala mueren en el incendio. Se llaman Ramón Egea, Juan López, Diego Montoro y Bernabé Bravo.
En diciembre de 1980 se celebra el juicio contra seis militantes anarquistas. La Fiscalía reclama un total de 309 años. Para entonces, un juez ya ha ordenado la liberación de María Teresa Fabres, que ha permanecido dos años encarcelada sin que se haya demostrado su relación con los hechos. Los acusados denuncian haber firmado sus declaraciones bajo tortura y dos médicos enumeran las lesiones que advirtieron en dos de los detenidos. Por otra parte, los abogados recriminan que los restos de la sala Scala hayan sido derribados sin orden judicial y que se les haya vetado el acceso a la zona. La ausencia de un peritaje independiente alimenta las hipótesis de la defensa, que señala a un confidente policial llamado Joaquín Gambín, alias El Grillo.
El confidente rondaba la cincuentena y lo llamaban «el viejo anarquista» a pesar de que no se le conocía ninguna trayectoria en el entorno anarquista. En enero de 1977, la policía lo detiene en Murcia en una redada contra la FAI en la que se intervienen dos maletas con armas y explosivos. En su libro Caso Scala: terrorismo de Estado y algo más, Xavier Cañadas sostiene que aquel arsenal había sido un cebo policial para incriminar a la FAI, y al mismo tiempo, una atajo para infiltrar a Gambín en el movimiento libertario de Barcelona. El incendio de la sala Scala supuso, según Cañadas, la guinda de la guerra sucia posfranquista contra el anarquismo.
Gambín, que había instigado a los acusados a portar cócteles molotov durante la manifestación, se esfuma una vez comienza a arder la sala Scala. En marzo de 1979, aprovecha la muerte de su tío (también llamado Joaquín Gambín) para hacer creer que es él quien ha muerto y desembarazarse así de cualquier posible represalia anarquista. En octubre de 1979 es detenido en Elche por un delito de estafa y encarcelado en Murcia. A pesar de que la Policía de Elche conoce la orden de busca y captura que pende sobre él a causa del caso Scala, es puesto en libertad en febrero de 1980.
En pleno juicio, el diario El País confirma que Gambín lleva una vida apacible en Murcia y que la policía conoce su domicilio. En diciembre de 1981, la policía lo detiene en Valencia después de un tiroteo. Estaba cerrando una operación de compraventa de armas. En diciembre 1983, en medio de la presión mediática y las sospechas de amaño policial, el caso Scala vive un segundo juicio, esta vez contra Gambín.
Joaquín Gambín confiesa haber trabajado para el servicio de información. Es el policía de Murcia José Gregorio López, quien lo habría reclutado para infiltrarse en el movimiento anarquista de Barcelona. Gambín señala además a José María Escudero, hombre de confianza del comisario Roberto Conesa, y le acusa de haber organizado un montaje en la sala Scala. Escudero, curtido en el placaje contra la disidencia política durante el franquismo y la Transición, permanecerá como alto mando policial incluso bajo la presidencia de Felipe González.
En el juicio contra los seis anarquistas, el juez condena a 17 años de prisión a Xavier Cañadas, Arturo Palma y José Cuevas. A Luis Muñoz y María Rosa López les impone penas menores y absuelve a María del Pilar Álvarez. En la segunda parte del juicio, Joaquín Gambín obtiene una condena de siete años de prisión menor por la elaboración de seis cócteles molotov.
Ninguna de las dos sentencias involucran al Estado ni toman en consideración las protestas de la CNT, que apuntaba al ministro Rodolfo Martín Villa.
Cuarenta años después, es inevitable recuperar algunas incertidumbres. La duda de que unos cócteles molotov pudieran desatar un incendio de tamañas dimensiones. Los testimonios de que el edificio había comenzado a arder por el extremo opuesto a la fachada atacada. La noticia de que los bomberos habían hallado material militar inflamable dentro de la sala. La inmediata localización y detención de los sospechosos gracias a una delación.
Cuarenta años después, en definitiva, desconocemos el verdadero protagonismo del Estado en una operación que acarreó la muerte de cuatro trabajadores, el encarcelamiento de varios jóvenes activistas y una campaña de desprestigio feroz contra el pujante movimiento anarquista.
Publicado en publico.es