La Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia la manipulación de los lobbies empresariales de las grandes infraestructuras y proyectos destructores del territorio, de los recursos naturales y de las personas, y sale en defensa de los controles públicos de dichos proyectos ejercidos por personal funcionario público, profesional e independiente
La Confederación General del Trabajo (CGT) advierte que la sostenibilidad, concretamente la energética, no se puede conseguir a costa de la destrucción del territorio de todos, y sobre todo, siguiendo por el camino del “crecimiento” sin límites que, por definición, es insostenible.
La CGT denuncia las agresiones al territorio y a las personas y, en definitiva, a la sostenibilidad de los recursos, de los proyectos empresariales financiados con millones de euros de fondos públicos, europeos, estatales, autonómicos y locales, y de proyectos públicos aberrantes, como es el caso de la ZAL y la ampliación del puerto de València.
En concreto, denunciamos la campaña de manipulación de los lobbies empresariales del sector energético, de la automoción eléctrica (léase Wolkswagen y Ford por ejemplo) y otros como el de la construcción y especulación inmobiliaria, que están lanzando continuos ataques y agresiones hacia aquellos colectivos que plantan cara a sus intereses desbocados, especulativos y destructivos.
Recientemente, el sector empresarial de las grandes instalaciones fotovoltaicas ha amenazado con reclamar indemnizaciones millonarias contra el personal funcionario y cargos públicos que, según ellos, “obstaculicen” arbitrariamente la obtención de las autorizaciones administrativas correspondientes
“Los funcionarios se enfrentan a pagos millonarios por el bloqueo de las renovables. El informe de Andersen sobre la posile reclamación de mil millones a la Generalitat focaliza en los trabajadores públicos y sus jefes el cobro del dinero por las decisiones arbitrarias”).
Quieren acabar ”a las bravas” con el control público de sus actividades, función que corresponde a personal funcionario profesional e independiente. La interpretación de las normas corresponde a la Administración competente, y lo de la arbitrariedad es un concepto tan indeterminado que conviene dejarle claro a los empresarios que tendrán que probarlo, lo que no hacen, simplemente porque las decisiones funcionariales están motivadas en una interpretación que no les gusta, y que se basa en la legislación que todavía ampara la protección del territorio, del medio ambiente y de las personas.
La CGT advierte al capital que deje de amenazar y presionar, al más puro estilo mafioso, al personal funcionario profesional, que todavía sigue siendo el único resquicio de independencia dentro de la Administración Pública, que vela por el cumplimiento de la legalidad y el interés general.
Personal que trabaja, además, en la más absoluta precariedad de recursos, precisamente gracias a las tesis ultraliberalizadoras y privatizadoras que están ahogando el funcionamiento administrativo, recortando los recursos humanos de forma constante, con el fin de acabar con los controles públicos independientes, y poniendo en serio riesgo el control del funcionamiento de actividades de riesgo, o actividades que dañan el medio ambiente, que destruyen el territorio, el paisaje y todo lo que se le ponga por delante del capital salvaje e insaciable.
También denunciamos el colaboracionismo con los intereses privados de determinados partidos políticos supuestamente de izquierdas con responsabilidades de “gobierno”, y el silencio cómplice de los sindicatos a su servicio que, frente a estas presiones intolerables sobre el ejercicio independiente de su función pública, han decidido abandonar los colectivos funcionariales.
Y denunciamos la manipulación de la mayoría de los medios de comunicación, que difunden las tesis del desarrollismo desmesurado en beneficio de unos pocos, escondiendo conscientemente las voces científicas defensoras de que el único camino posible es poner fin al crecimiento capitalista ilimitado, destructivo e insostenible y comenzar una transición absolutamente urgente hacia un sistema económico y social respetuoso con la naturaleza, el medio ambiente y las personas.
El sector de la construcción y la especulación inmobiliaria es otro sector que ejerce una enorme presión y manipulación sobre el personal de las Administraciones Públicas.
Recientemente, la CGT en el Ayuntamiento de Valencia tuvo que salir al paso de las declaraciones del presidente de la llamada Asociación de afectados por los retrasos de las licencias en València, Aflival (https://valenciaplaza.com/entrevista-alfredo-burgera-aflival. https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/-plataforma-afectados-licencia-valencia-20221108120408-nt.html), y exigió su rectificación inmediata por atentar contra la independencia funcionarial en el ejercicio de sus funciones de velar por el cumplimiento de la legalidad y la satisfacción de los intereses generales.
Sus recientes declaraciones descalificando al personal funcionario, sin aportar ningún dato cierto y concreto que lo justifique, merecieron la más absoluta repulsa por parte del sindicato.
El sindicato advierte que no va a tolerar ninguna injerencia en la independencia funcionarial y va a estudiar el ejercicio de acciones contra la reiterada actitud de intereses corporativos que pretenden presionar de una forma intolerable al personal con tal de conseguir la inaplicación de la normativa de protección ambiental, urbanística y patrimonial, así como la eliminación de los controles administrativos, lo cual redunda en un perjuicio para la ciudadanía.
La mal entendida agilización administrativa para beneficiar unos intereses empresariales desbocados va a ser respondida de forma contundente por nuestro sindicato. No podemos seguir admitiendo la defenestración permanente y la intromisión en la Función Pública, que constituye la garantía del Estado de Derecho para proteger los derechos de la ciudadanía.
La necesaria agilización administrativa se consigue con una mayor dotación de recursos humanos cualificados y profesionalizados, y de recursos materiales, en especial, tecnológicos, y no suprimiendo controles públicos como pretende el poder empresarial corrupto, que está poniendo en peligro la calidad del trabajo de los técnicos profesionales del sector.
La ciudadanía tiene que conocer la realidad de lo que está pasando en la Administración Pública: las medidas privatizadoras, la pérdida constante de empleo público, la relajación o eliminación de los controles públicos, la manipulación informativa denigrando constantemente al personal funcionario, sólo benefician a unos cuantos que persiguen un enriquecimiento desaforado, y perjudican a la gran mayoría social.
Por ello, exigimos una auditoría interna inmediata de los recursos humanos de las Administraciones Públicas con el fin de garantizar la dotación necesaria con personal funcionario público que es el que ofrece las garantías necesarias del cumplimiento de la legislación. Eso es, precisamente, lo que persigue nuestro sistema de Función Pública, ser una garantía de imparcialidad, objetividad e independencia en el ejercicio de las funciones de control del cumplimiento de la normativa ambiental, patrimonial, urbanística y de calidad de la edificación.
La Confederació General del Treball (CGT) denuncia la manipulació dels “loobies” empresarials de les grans infraestructures i projectes destructors del territori, dels recursos naturals i de les persones i ix en defensa dels controls públics d’aquests projectes exercits per personal funcionari públic, professional i independent
La Confederació General del Treball (CGT) adverteix que la sostenibilitat, concretament l’energètica, no es pot aconseguir a costa de la destrucció del territori de totes i, per descomptat, tampoc seguint pel camí del “creixement” sense límits que, per definició, és insostenible.
La CGT fa molt de temps que denuncia les agressions al territori i a les persones i, en definitiva, a la sostenibilitat dels recursos de tota la ciutadania, que suposen els projectes empresarials aberrants finançats amb milions d’euros de fons públics europeus, estatals, autonòmics i locals, com són els casos de la ZAL i l’ampliació del port de València.
I ara, de nou, denunciem la campanya de manipulació dels “loobies” empresarials del sector energètic, de l’automoció elèctrica (Wolkswagen i Ford, per exemple) i altres com el de la construcció i especulació immobiliària, que darrerament estan llançant contínuament atacs i agressions cap aquells col·lectius que planten cara als seus interessos desbocats, especulatius i destructius.
Recentment, el sector empresarial de les grans instal·lacions fotovoltaiques ha amenaçat de reclamar indemnitzacions milionàries contra el personal funcionari i càrrecs públics que, segons ells, “obstaculitzen” arbitràriament l’obtenció de les autoritzacions administratives corresponents:
Els funcionaris se enfronten a pagaments milionaris pel bloqueig de les renovables. L’informe d’Andersen sobre la possible reclamació de mil milions a la Generalitat, focalitza en les treballadores públiques i els seus caps el cobrament dels diners per les “decisions arbitràries”
Creguem que és molt evident que volen acabar a la força amb el control públic de les seues activitats, funció que correspon al personal funcionari professional i independent. La interpretació de les normes correspon a l’Administració competent i això de l’arbitrarietat és un concepte tan indeterminat que convé deixar-los clar als empresaris que hauran que provar amb fets eixa acusació tan greu que des de CGT estem segures que no ho faran, simplement perquè les decisions funcionarials estan motivades en una interpretació que no els agrada i que es basa en una legislació que encara empara la protecció del territori, del medi ambient i de les persones.
La CGT adverteix al capital que deixe d’amenaçar i pressionar -al més pur estil mafiós- el personal funcionari professional que avui hui continua sent l’única garantia d’independència dins l’Administració Pública, de control del compliment de la legalitat de les activitats que puguen malmetre el medi ambient, destruir el territori i el paisatge i, en definitiva, de l’interès general de tota la ciutadania.
A més, aquest personal ja fa molt de temps que treballa en la més absoluta precarietat de recursos, precisament gràcies a les tesis ultra liberalitzadores i privatitzadores que estan ofegant l’administració, retallant els recursos humans de forma constant i amb l’objectiu d’acabar amb els controls públics independents.
També denunciem el col·laboracionisme amb els interessos privats de determinats partits polítics suposadament d’esquerres amb responsabilitats de “govern”, i el silenci còmplice dels sindicats al seu servei que, front a aquestes pressions intolerables sobre l’exercici independent de la seua funció pública, han decidit abandonar els col·lectius funcionarials.
I denunciem la manipulació de la majoria del mitjans de comunicació, que difonen les tesis del desenvolupisme desmesurat en benefici d’uns pocs, amagant conscientment les veus científiques defensores de que l’únic camí possible és posar fi al creixement capitalista il·limitat, destructiu i insostenible i encetar una transició absolutament urgent cap a un sistema econòmic i social respectuós amb la natura, el medi ambient i les persones.
El sector de la construcció i l’especulació immobiliària es un altre sector que exerceix la manipulació i està pressionant el personal de les Administracions Públiques. Recentment, la CGT a l’Ajuntament de València va haver d’eixir al pas de les declaracions del president de l’anomenada Associació d’afectades pels retards de les llicències a València, Aflival, exigint la seua rectificació immediata per atemptar contra la independència funcionarial en l’exercici de les seues funcions de vetlar pel compliment de la legalitat i la satisfacció dels interessos generals (https://valenciaplaza.com/entrevista-alfredo-burgera-aflival. https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/-plataforma-afectados-licencia-valencia-20221108120408-nt.html)
El sindicat CGT adverteix que no va a tolerar cap ingerència en la independència funcionarial i va a estudiar l’exercici d’accions contra la reiterada actitud d’interessos corporatius que pretenen pressionar d’una forma intolerable el personal funcionari per tal d’aconseguir la inaplicació de la normativa de protecció ambiental, urbanística i patrimonial, així com l’eliminació dels controls administratius, redundant en un perjudici per a la ciutadania i l’interès general.
La mal entesa “agilització administrativa” per a beneficiar uns interessos empresarials desbocats provoca la defenestració permanent del personal funcionari i una intromissió intolerable en la Funció Pública que constitueix la garantia de l’Estat de Dret per a protegir els drets de la ciutadania.
La necessària agilització administrativa s’aconsegueix amb una major dotació de recursos humans qualificats i professionalitzats i de recursos materials, en especial tecnològics, per tal de millorar les condicions de treball dels tècnics professionals del sector i la qualitat del servei públic que ofereixen a la societat.
I la ciutadania ha de conèixer la realitat d’allò que està passant en l’Administració Pública: les mesures privatitzadores, la pèrdua constant d’ocupació pública, la relaxació o eliminació dels controls públics, la manipulació informativa denigrant constantment al personal funcionari, només beneficien a uns quants que persegueixen un enriquiment desaforat, i perjudica la gran majoria social
Per això, exigim una auditoria interna immediata dels recursos humans de les Administracions Públiques amb l’objectiu de garantir la dotació necessària de personal funcionari com a una garantia d’imparcialitat, objectivitat i independència en l’exercici de les funcions de control del compliment de la normativa ambiental, patrimonial, urbanística i de qualitat de l’edificació.