“La santa alianza de la clase política dominante (PP, PSOE, C`s, PNV, PDCat…), la clase empresarial y la judicatura, han instaurado el estado de excepción contra las clases populares y los movimientos sociales”.
Las clases políticas (PSOE, PP, PNV, CIU, C’s…) y el empresariado financiero e industrial, instauraron el estado de excepción permanente y se terminó la falsa democracia representativa en agosto de 2011, con la reforma del artículo 135 de la Constitución, que legalizó el robo y la desposesión de los recursos públicos dedicados a la Educación, Sanidad, Cultura, Cuidados a las personas dependientes, prestación al desempleo, investigación, políticas de empleo, etc.
La vida cotidiana, los empleos, las prestaciones, los derechos sociales, los servicios públicos, la libertad de expresión y reunión, quedaron condicionadas a la única libertad existente: la libertad del mercado capitalista y el aseguramiento de su tasa de ganancia, y quien no obedezca, a los tribunales o a la cárcel.
El 15M como movimiento social impugnando las políticas neoliberales; las Huelgas Generales de las personas asalariadas ante las Reformas Laborales que destruyeron cualquier contrapoder de las clases obreras; las movilizaciones de la PAH y STOP DESAHUCIOS que cuestionaban el robo y la especulación con un bien de uso necesario como la vivienda; las Mareas en defensa de los servicios públicos para todos y todas; las migraciones y las inmigraciones, cuya muerte física y social es una realidad vergonzante e inhumana… solamente recibieron como respuesta, autoritarismo, código penal y reforzamiento de un sistema constitucional antidemocrático y tutelado por el mercado y las fuerzas represivas.
La Reforma Laboral, destruyendo empleos, robando salarios e instaurando la precariedad y la desigualdad como modo de vida de la mayoría social. La Ley Mordaza como control autoritario y represivo de cualquier disidencia. Las sentencias de las máximas judicaturas (Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional) que legitiman el esquirolaje en las huelgas y violan el derecho fundamental a interrumpir la normalidad de la explotación. La entrada en la cárcel, al amparo de la Ley Mordaza, de cientos de sindicalistas y cientos de activistas sociales. Jueces y juezas que legitiman la corrupción y el robo de la clase política y meten en la cárcel a titiriter@s, tuiter@s y cantantes, por el simple hecho de expresarse libremente denunciando las políticas liberticidas y autoritarias del poder.
El salto dado en los últimos días, es cualitativo y cuantitativo: miles, cientos de miles de personas, son tachadas de presuntas delincuentes, amenazadas con la cárcel y encarceladas por el hecho de… querer votar o no votar ???…, represaliadas con multas, intervenidas en sus decisiones y frenadas en seco a través de sus cuerpos de represión (guardia civil, policías –todas-, jueces y juezas), en cualquier acto que se pretenda realizar en defensa de la libertad de expresión o, simplemente en defensa del empleo, un transporte digno, una vivienda necesaria, un salario digno, un barrio habitable y un medio ambiente que permita vivir a las generaciones actuales y a las futuras.
La concepción de CGT y nuestra pelea no es por nacionalismo alguno sino por una sociedad autogestionada, donde la democracia sea real y directa por parte de las clases populares, las cuales tienen el derecho a decidir sobre todo: modelos productivos, modelos sociales, empleo, trabajo, rentas, etc., pero con independencia del tema nacional, los registros, detenciones, imputaciones, la prohibición de actos sobre el derecho a decidir, no son sino un ataque a las libertades y a los derechos de todos y todas.
La actuación del poder ejecutivo, representado por un partido político corrupto y anti-democrático (PP), con el apoyo incondicional de C’s y el PSOE, no es sino un cierre y un blindaje de la impunidad que se han otorgado las burguesías, las de todos los territorios, las cuales no tuvieron en el pasado y el presente, ningún enfrentamiento para decretar el estado de excepción contra las clases asalariadas: la reforma del art. 135, la Ley Mordaza, la Reforma Laboral, los decretos contra la sanidad, la educación, las pensiones, los PGE… y, a la vez, utilizar una “legalidad ilegítima” por medio de sus Tribunales, todos, para no dar cuenta de los cientos de miles de millones robados y expoliados a la mayoría social y esconder que, tanto unos como otros, son los responsables de estas leyes autoritarias, que mandan huelguistas a la cárcel, imponen multas a los movimientos sociales y encarcelan por el hecho de expresar ideas políticas.
CGT defenderá en la calle y en cualquier lugar, la libertad y los derechos fundamentales. Es legítimo desobedecer sus leyes y su sistema legal que nos convierte en súbditos y llamamos a la DESOBEDENCIA a las clases asalariadas, para defender las libertades que nos pertenecen a todos y todas y que este régimen capitalista nos niega