CGT Enseñanza: Hacia una única red escolar de titularidad pública.

En

tiempos críticos ¡evitemos duplicidades! 

Todos los años se cierran unidades e

incluso centros educativos públicos, mientras se amplían los centros privadas pagados con dinero público. Cuanto más

grandes sea la ciudad de la que hablemos, mayor presencia va adquiriendo la educación privada a costa del desprestigio y

desmantelamiento de la educación pública.

Y tal panorama se ve en el proceso de

escolarización de cada año. Aunque la LOE establece aquello de «Centros sostenidos con fondos Públicos» al referirse a las

dos redes de Centros educativos, la verdad es que hay diferencias notables  que  permiten concluir que la red de centros

públicos, es decir aquellos cuya propiedad no es privada, tiene que superar  obstáculos  que los distintos gobiernos  han

ido  poniendo para que mantenga una calidad contrastada  de su oferta educativa.

La primera grave dificultad es

la fragmentación del tipo de enseñanzas y centros, que la política educativa ha mantenido en la red de centros públicos. Las

familias escolarizan a sus hijas e hijos en 3 años en unos centros y, a pesar de lo que se predica en teoría, en la

práctica muchas no tienen certeza de que tipo de centro acogerá a sus retoños cuando accedan a la Educación Secundaria

Obligatoria (ESO).  Sin embargo en los Centros Concertados  que  imparten todas las etapas educativas en el mismo recinto

escolar, es decir, desde infantil a Secundaria (incluso Bachillerato), los alumnos no tienen que cambiar de Colegio. En la

Red Pública (¡mentes preclaras quienes lo diseñaron!) hay que cambiar de Centro hasta 3 ó 4 veces, y en ocasiones alejados

unos de otros.

Una gran ventaja de la Red Pública con respecto a la privada es que el acceso del profesorado se

produce de manera “objetiva”, publica, en función de criterios transparentes de méritos y capacidad. En la Red Pública

mediante convocatorias públicas que respetan los principios de publicidad, mérito, capacidad, se llega incluso  a “humillar”

al  profesorado interino, al que se le exige el «triple salto mortal» para poder seguir trabajando. Sin embargo los

defensores de esa humillación -empresa y la mayoría de los Sindicatos- callan y miran para otro lado sobre cómo accede el

profesorado a la Red Concertada: ni colas, ni papeleo, ni oposiciones..sólo buenas relaciones con los TITULARES de los

Centros y se acabó. Este aspecto que es esencial, ya que la intervención del personal docente del centro con el alumnado se

encuentra en el núcleo central del éxito o fracaso escolar,  viene a convertirse en una dificultad añadida en la red pública

por el trasiego de profesorado que se produce en un número considerable de centros educativos públicos. La movilidad

geográfica y el diseño caduco de los concursos de traslados promueven la “inestabilidad” del personal en un buen número de

centros públicos. Sobre todo hasta que el personal adquiere la plaza en propiedad, ya que ha tenido que realizar un largo

periplo por ciudades e incluso provincias distintas.  En la red privada este fenómeno es inexistente.

Cuando se

enarbola la bandera de la “homologación”, siempre salarial del profesorado de la enseñanza privada concertada o no, siempre

se olvidan de añadir estos otros aspectos esenciales para la conformación de los puestos de trabajo como son el acceso y la

estabilidad en los mismos. En este sentido la red pública debe mejorar sustancialmente, ya que de un estudio realizado por

CGT en varias provincias andaluzas, se concluye que al menos un 46% de los centros públicos muestreados, tienen un índice

de permanencia del profesorado inferior a 2,5 años.  Es decir, que la estabilidad media de un profesor  en esos centros no

supera los 3 años de estancia en los mismos.  Comparada esta permanencia con la que se produce en los centros privados es

fácil deducir que en este sentido la red pública debe mejorar urgentemente. La permanencia del profesorado permite un

seguimiento de la evolución educativa del alumnado y las relaciones con sus familias y ello siempre es positivo.

La red pública ofrece servicios que los centros privados también ofertan de manera no gratuita. Por ejemplo la

orientación escolar hasta no hace mucho, comedores, actividades complementarias de tarde o  aulas matinales.  Este tipo de

servicios mejoran la oferta educativa de los centros y como están en la red pública subvencionados para las familias se

prioriza a aquellas que tienen menor renta. Ello aumenta la presencia en la red pública de alumnado procedente de familias

con bajos ingresos.  La presencia mayoritaria de este tipo de familias en la Red Pública desdibuja absolutamente el mapa 

escolar, ya que esta red parte de unas condiciones socio culturales de alumnado y familias  diferente a las que tiene la

red privada. 

Por ello en la escolarización existe un importante número de familias que pretenden escolarizar en

centro privados concertados, ya que consideran que sus hijos e hijas estarán mejor en centros donde determinado tipo de

alumnado no se escolariza, bien por aspectos culturales, étnicos o religiosos. En definitiva la defendida elección de

centros educativos enmascara de hecho actitudes xenófobas o segregacionistas. ¡Cuesta el admitirlo!, Pero es así de simple

y así de duro. Y ello no porque las familias  quieran segregar a ningún niño o niña, sino porque padres y madres desean la

mejor educación para su prole. Y claro está  que mejor estarán con sus iguales o incluso con hijos e hijas de familias

mejor acomodadas o de mayor nivel cultural. Incluso se acaricia la esperanza de que las amistades forjadas por sus hijas e

hijas en esas tiernas edades le ayuden en su futuro adulto a mejor situarse social, económica o culturalmente. Deseos

comprensibles pero que a fuerza de pensar en lo mejor para mi  provocan, sin pretenderlo, lo peor para el prójimo. 

Es ineludible hacer compatible las justas, sanas y comprensibles expectativas de las familias para ofrecer lo mejor a sus

hijos e hijas con el derecho de todos los niños y niñas a no ser discriminados o  segregados. Por ello urge en una sociedad

verdaderamente democrática y con vocación de aumentar la cohesión social que se produzca la unificación de las redes

educativas en una sola red de titularidad pública. CGT defiende la existencia de  UNA ÚNICA RED DE CENTROS DE TITULARIDAD

PÚBLICA, que de verdad homologue tanto la oferta educativa para todo el alumnado como las condiciones laborales y

económicas para sus trabajadoras y trabajadores.

Rafael Fenoy Rico –  Enseñanza CGT