- El sindicato cree que varios proyectos urbanísticos pueden ser irregulares al no haber sido gestionados y controlados por funcionarios
Confederación General del Trabajo (CGT) estudia trabajar con colectivos cívicos y ecologistas para pedir la ilegalización de Marina d’Or, Sociópolis, un plan para construir 3.000 viviendas impulsado por Rafael Blasco, o el Aeropuerto de Castellón.
El sindicato cree que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que tumba el control de obras y proyectos urbanísticos realizado por Vaersa, una empresa pública, en vez de por funcionarios, podría provocar la nulidad de un buen número de iniciativas.
En opinión de CGT, podría concurrir “una causa de nulidad de pleno derecho” en los proyectos urbanísticos mencionados y otros (el plan general de Alicante o la recalificación de terrenos para la ciudad deportiva del Valencia prevista en Porxinos, Riba-roja de Túria) en los que las “declaraciones de impacto ambiental” fueron hechas por “personal de Vaersa”.
Malversación de caudales públicos
El sindicato también anuncia una “denuncia ante el Tribunal de Cuentas por presunta responsabilidad contable y malversación de caudales públicos” contra los cargos políticos que permitieron la suplantación de funcionarios. La contratación de Vaersa –gran parte de cuyo personal accedió a su puesto sin concurso público alguno- supuso, siempre según CGT, un “coste mayor que el coste de los puestos funcionariales necesarios para ejercer las funciones”.
Una práctica habitual
El desvio hacia empresas públicas de funciones reservadas a funcionarios también es habitual en otras áreas competencia de la Generalitat. Estos pueden ser, en opinión de CGT, los casos de Avapsa, cuyo personal se encarga de valorar a las personas en casos de dependencia, o Tragsa, una empresa vinculada a la Conselleria de Gobernación. Allí también “se ha abusado y se está abusando del mecanismo de la encomienda de gestión a empresas públicas”, por lo que CGT iniciará “acciones legales”.