CGT muestra su apoyo a las organizaciones populares argentinas y denuncia las medidas impuestas por el gobierno de Milei denominadas Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación por ir contra la libertad ciudadana y el derecho a la protesta.
La nueva ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, dio a conocer el 14 de diciembre el bautizado como Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación. Este, que ya ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Argentina, acarreará “consecuencias fuertes” para acabar con los piquetes y cortes de carreteras llevados a cabo en protestas ciudadanas. La medida ha sido criticada por diversos colectivos que ponen en duda su constitucionalidad y alertan de que podría derivar en abusos por parte de las fuerzas de seguridad. Estas, condensadas en 12 puntos, van desde otorgar potestad a las cuatro fuerzas federales para intervenir (es decir, a la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria) hasta hacer que sean las organizaciones e individuos responsables de los cortes quienes cubran los gastos de los operativos.
En este contexto, el gobierno quiere restringir el derecho democrático de manifestación. Lo hace desafiando la Constitución del país. El texto del gobierno trata las manifestaciones públicas como delitos penales. Autoriza a las fuerzas de seguridad a reprimir cualquier protesta, hacer tareas de inteligencia sobre organizaciones sociales, incautar vehículos y sancionar a personas y asociaciones por el ejercicio de un derecho fundamental.
Ello no sólo atenta contra el estado de derecho, sino que además supone atribuir de facto la suma del poder público a la Ministra de Seguridad. En efecto, se trata de la declaración de una suerte de estado de sitio sin ninguna de los requisitos previstos en la Constitución Nacional para ello. Cabe recordar que el Presidente, el Vicepresidente y ministros del nuevo gobierno han negado públicamente los crímenes de la dictadura militar que asoló Argentina entre 1976 y 1983 (asesinatos, torturas y detenciones masivas, supresión de las libertades públicas, etc.).
Ante esta situación, el movimiento sindical argentino está organizando la resistencia de los trabajadores y las trabajadoras. Se celebran reuniones conjuntas entre las distintas organizaciones sindicales y se adoptan iniciativas conjuntas en las empresas y a escala nacional: huelgas, concentraciones, manifestaciones, etc. Las organizaciones miembros de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas apoyan a los trabajadores y las trabajadoras de Argentina y a sus organizaciones sindicales en su lucha, ¡que es también nuestra lucha!
Alto a las bárbaras medidas económicas: el pueblo argentino no debe pagar los fastos de la minoría capitalista que destruye el planeta.
¡Alto a las decisiones destructoras de la libertad del gobierno argentino!
¡Basta de negar los crímenes de la dictadura militar!
¡Viva la solidaridad internacionalista!
