“En el último gran incendio de Venta del Moro los agentes medioambientales participaron en la extinción sin la mínima formación obligatoria sobre seguridad en incendios y sin EPIs”
El sindicato CGT ha desvelado que la Inspección de Trabajo ha requerido hasta en dos ocasiones a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para que preste equipos de protección individual (EPI) a los agentes medioambientales que participan en tareas de extinción de incendios. “En el último gran incendio de Venta del Moro, como en todos los anteriores, los agentes medioambientales participaron en la extinción, una función que tienen asignada y reconocida en la legislación, pero lo hicieron sin la mínima formación obligatoria sobre seguridad en incendios y sin EPIs o con estos caducados”, señalan fuentes del sindicato ácrata.
CGT denuncia que la Generalitat Valenciana lleva desde 2012 sin dotar a los agentes medioambientales de trajes EPI ni formación “pero continua movilizándolos en caso de incendio, obligándolos a elegir entre cumplir precariamente con su función, arriesgando su vida o quedarse mirando cómo se quema el monte”.
El sindicato denunció en febrero del 2021 la situación ante la Inspección de Trabajo, que envió un requerimiento a la Conselleria de Agricultura para que dotara a los agentes medioambientales de elementos de seguridad en el plazo de dos meses. “La Conselleria de Agricultura hizo caso omiso al requerimiento, así que pasado el plazo y ante la falta de respuesta a nuestros escritos, se denunció en diciembre pasado el incumplimiento del requerimiento con una nueva denuncia”, explican fuentes de CGT.
La Inspección de Trabajo notificó al sindicato que, pasado el plazo de dos meses sin cumplir el segundo requerimiento, elevaba el informe a sus superiores. La formación anarcosindicalista también formuló cinco denuncias adicionales por falta de cartografía, de cursos de conducción de vehículos 4×4, de uniforme, de guantes de trabajo y de emisoras.
La Inspección de Trabajo ha dado la razón al sindicato en estas cinco denuncias y ha requerido a la administración autonómica para que cumpla su propia Evaluación de Riesgos Laborales, “algo que todavía no ha hecho”, agregan las mismas fuentes.
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