La Confederació General del Treball
(CGT) ha interpuesto un recurso judicial contra el nombramiento realizado por las Corts Valencianas de
Joan Ignasi Plá, del PSPV-PSOE, José Díez Cuquerella y Enrique Francisco Fliquete Lliso, ambos del
PP, como miembros del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat
Valenciana.
El sindicato solicita la nulidad de los mismos por «no cumplir los requisitos
establecidos en la ley». El acuerdo de la Presidencia de Les Corts sobre la designación se publicó el 1 de agosto en el
Boletín Oficial de las Cortes, según ha recordado el sindicato en un comunicado.
CGT basa su recurso en el
incumplimiento de la ley que regula el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, al establecer que el
nombramiento se realizará entre profesionales y científicos que se hayan distinguido en el campo del Derecho con más de diez
años de ejercicio profesional, o sean juristas de reconocido prestigio y con experiencia en asuntos de Estado o
autonómicos, «condiciones que no cumple ninguna de las tres personas elegidas», ha asegurado.
Para CGT, PP y
PSOE «designan a políticos o a personas vinculadas al partido para asumir una función técnica en un órgano de naturaleza
consultiva o asesora de carácter jurídico, como es la de informar proyectos legislativos y reglamentarios que van a ser
propuestos por sus propios partidos», por ello el sindicato entiende que esta vinculación política «compromete la
imparcialidad y objetividad en el ejercicio de la función consultiva del máximo órgano consultivo jurídico de la Comunitat
Valenciana».
Asimismo, ha asegurado que un supuesto similar fue el nombramiento del diputado del PP José Mari
Olano como abogado general de la Generalitat, que fue anulado mediante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia
valenciano, confirmada por el Tribunal Supremo «basándose en los mismos argumentos utilizados ahora para fundamentar el
recurso contra el nombramiento efectuado a propuesta del PP y del PSOE». Este recurso fue interpuesto en su día por el
sindicato UGT.
CGT ha alertado sobre la utilización de las instituciones públicas «como refugio de políticos
que se resisten a abandonar los cargos públicos y son recolocados en puestos privilegiados, atreviéndose incluso
incumpliendo flagrantemente la legalidad, mientras imponen a los trabajadores recortes en sus salarios, y degradan los
servicios públicos justificándose en una crisis provocada por su propia pasividad».
Asimismo, ha lamentado
que ningún partido político con representación parlamentaria, «conocedores de primera mano de los nombramientos», haya
manifestado «la más mínima crítica ni, por supuesto, lo haya denunciado ante los Tribunales de Justicia».
agencias