Colapsos y retrasos en el pago de prestaciones por el Fogasa.

 La

eliminación de recursos y falta de personal, unido a la alta destrucción de empleo, ocasiona que los afectados y afectadas

tarden más de un año en percibir sus salarios o indemnizaciones. A fecha de hoy, aún no se han resuelto todos los

expedientes presentados en 2011.

Esta situación está ocasionando que

miles de personas trabajadoras valencianos tarden más de un año en percibir los salarios e indemnizaciones que sus

empresarios y empresarias les dejaron pendientes de pagar.
Los datos hablan por si solos. Los expedientes pendientes

de resolver a 31/12/2011 eran 8.326 y los expedientes pendientes a 31/12/2012 han sido 17.311. Se ha

incrementado el retraso en más del 107%.

Sobre el incesante aumento en la entrada de expedientes, tanto a

la Secretaría General del FOGASA como a la Delegación de Gobierno, las decisiones adoptadas solo han ido en la línea de

reducir recursos e inversión. En 2010 entraron 14.356 expedientes y se resolvieron 15.895; en 2011 entraron

16.312 expedientes y se resolvieron 11.124; y en el año 2012 han entrado 17.324 expedientes y se han resuelto

7.355. En el primer año de Gobierno popular, el FOGASA ha alcanzado los peores niveles de gestión conocidos, lo que

se ha venido evidenciando en las largas colas en la sede de Valencia, de hasta dos horas de antelación a la apertura para

coger turno.

El deterioro de la situación ha llegado a límites inaceptables. A una dotación de personal

insuficiente, lo que se traduce en que cada funcionario o funcionaria salga a una media de 1.082,75 expedientes

(cuando en otras ciudades como Madrid esa media se reduce a 540,42 expedientes) se le añade que todas las medidas de

apoyo que se establecieron en 2009 y 2010 han sido suprimidas. Si la tramitación de un proceso judicial se prolonga en

torno al año y la tramitación de una prestación por el FOGASA un año más, no es difícil imaginar el estado de necesidad al

que se ven abocados los afectados y afectadas por la incapacidad de acordar soluciones entre el secretario general del

Fogasa y la delegada del Gobierno.