La casta dinástica dominante conspira a dos manos para cambiar la normativa (regulando aquí –desregulando allá) con el objeto de impedir que las próximas elecciones locales (la madre de todas las batallas) se salden con su capitulación total por imperativo legal.
La mano invisible del Estado nunca duerme. Tras haber aforado con forceps al anterior jefe del Estado con efectos retroactivos, en el plano penal y civil, el gobierno pregona ahora su reducción para los políticos y una drástica recalificación de la Ley Electoral y de la Ley de Bases de Régimen Local con la cínica excusa de “profundizar la democracia”. Pero en realidad se trata de boicotear la marea anti-régimen que se avecina para las elecciones municipales del año próximo debido al impacto de proyectos de vocación “autogestionaria” tipo Guanyem Barcelona y Municipalia en las grandes urbes. De la misma manera que el blindaje de Juan Carlos I y Sofía buscaba evitar una imputación por corrupción, como la que pende sobre el ex presidente francés Nicolás Sarkozy, porque el “caso Noos” cada vez apesta más a trama de financiación ilegal de la Casa Real.
El resultado de las elecciones europeas del 25M ha hecho saltar todas las alarmas. Por primera vez desde el inicio de la transición, los dos partidos pilares del sistema, conservadores y socialdemócratas, no alcanzan a representar a la mitad del electorado. Su legitimidad está en entredicho. De ahí la ristra de abdicaciones, coronaciones y apresurados recambios entre las estructuras que soportan el statu quo. Todos los indicadores señalan que lo peor para quienes durante estos últimos 36 años han detentado la hegemonía puede estar por llegar. El miedo se masca en los altos despachos del régimen. Y si sus fechorías no lo remedían, el 2015 pronostica su Waterloo.
Por eso han decidido dar un golpe de mano. Y como hicieron con la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, lo venden bajo la etiqueta-trampa de aumentar la trasparencia y profundizar la democracia. En eso consiste la apresurada modificación de la Ley Electoral y la Ley de Bases de Régimen Local a punto de perpetrar por el ejecutivo con la complicidad del PSOE para que en los ayuntamientos y autonomías gobierne la lista más votada. De esta manera creen poder evitar que la suma de las formaciones políticas de base, surgidas al calor de los movimientos sociales y el activismo ciudadano, arrase en los próximos comicios locales y autonómicos, como ya advierten varios sondeos, públicos y clandestinos.
Esos think-tank anuncian que se ha potenciado la dinámica Podemos de las pasadas europeas. Pero con el añadido de que una victoria sobre del duopolio dinástico imperante en las ciudades arrojaría una foto muy parecida al resultado del 14 de abril de 1931, cuando España se acostó monárquica y se levantó republicana. Esa es la prima de riesgo que el poder vigente no está dispuesto a pagar. De ahí la confabulación entre PP y PSOE para patrimonializar aún más las instituciones. Primar a la lista más votada permitiría monopolizar ayuntamientos por partidos políticos que no cuentan con más de un 30 por 100 del electorado, el ratio promedio obtenido en las últimas elecciones para los dos partidos del duopolio dinástico.
De esta manera, lejos de “profundizar la democracia” el rodillo de las mayorías absolutas se extendería como una mancha de aceite en todo el mapa político español sin necesidad de que los lectores hayan dado ese respaldo en votos. El ideal de una persona un voto se convertiría en un capítulo de ciencia-ficción a fin de consolidar el statu quo. Razón por la cual se buscan métodos creativos para sufragismos censitarios de nueva planta. Claramente se trata de intentar poner puertas al campo, con una bunkerización política que facilite seguir controlando el sistema a través de la rutina de una alternancia baldía con diferentes gobiernos marca PP o divisa PSOE.
Por cierto, esto no tiene nada que ver con la elección directa del alcalde, como sugieren desde algunos mentideros mediáticos, de nuevo jugando con palabras a las en la praxis se las ha vaciado de contenido. Hablar a la ligera de “elección directa” para hacer ejecutiva la lista minoritariamente más votada, en un sistema político proporcional, donde además es olímpicamente in-elegido el máximo representante del Estado, con carácter vitalicio y hereditario, es una broma de mal gusto que revela a las claras la patología de la democracia existente. Incluso en la Unión Europea (UE) la fórmula elegida para el reparto de cargos institucionales, por más que hayan verbalizado lo contrario, ha sido una gran coalición entre bloques políticos, como prueba la elección del socialdemócrata Martin Schulz para presidir el Parlamento y la previsible designación de Jean-Claude Juncker para la Comisión.
El apaño, aparte de su evidente oportunismo, no deja de tener aristas difíciles de vadear. Salvo que semejante condensación del escrutinio lleve además aparejado una abusiva redistribución de los escaños en la misma dirección, haciendo de las elecciones una especie de monopoly en el que el ganador se lo lleva todo. Porque existe el problema de la moción de censura, que forma parte de las prácticas parlamentarias indeclinables. Gracias a esa herramienta a disposición de los grupos minoritarios en la oposición, en las cámaras se evitan tentaciones totalitarias o despóticas que hagan de la gestión gubernamental un ordeno y mando.
Ellos quieren que la participación institucional de la disidencia, desde arriba y en vertical, suponga la integración ex post en el sistema. Porque la función crea el órgano. Y en este sentido, el partido Podemos sería una especie del “cisne negro” que todo régimen lleva dentro. Nosotros, por el contrario, debemos superar el ámbito de la simple anomalía y poner los medios ex ante para que la movilización, desde abajo y en horizontal, entrañe la ruptura con el statu quo. Una simple ecuación de medios y fines. De ética política y de prácticas democráticas. Porque el infierno político está alicatado de buenas intenciones. ¿Qué harán los libertarios organizados ante esta iniciativa de la “toma del municipio”?