Las personas asalariadas, ni como trabajadores, ni como individuos
sociales, ni como miembros de una clase, ni como generación –menos aún como género-, podemos prever de modo alguno cómo
evolucionarán nuestros empleos y nuestras condiciones de trabajo y vida.
La precariedad, la arbitrariedad, la inseguridad jurídica, se han convertido en
la “biblia” del empresariado y de sus gestores (los políticos) en esta economía monetaria, donde sólo cuenta el lucro, el
beneficio privado y no las personas, lo colectivo, lo común, lo suficiente para todos y todas.
La incertidumbre sobre el futuro, no sólo el
laboral, sino el social del individuo, aumenta las dificultades para desarrollar un trabajo/empleo en un entorno de
bienestar en salud material y psico – social.
La “crisis – estafa” agudiza y consolida el
riesgo:
Las zonas más protegidas jurídica y sindicalmente, del mundo del trabajo, disminuyen de manera
significativa en los cinco años de “crisis – estafa”: miles y miles de trabajadores/as, de sectores industriales
sindicalizados y contractualmente protegidos, abandonan “voluntaria” o de manera obligada, el mundo
laboral.
Los trabajadores/as que quedan en las zonas reestructuradas, empeoran “voluntariamente” sus
condiciones salariales y sus condiciones de trabajo: menos trabajadores trabajan más horas, cobran menos y flexibilizan su
tiempo de trabajo en función de la demanda, sacrificando “voluntariamente” su conciliación con la vida social y
familiar.
Estas zonas protegidas, desaparecen y son suplantadas por modelos de relaciones laborales, donde el
trabajar más tiempo (horas de trabajo), trabajar en cualquier condición (flexibilidad interna), se convierte en la norma y
las condiciones de trabajo, así como el riesgo, se desprotegen para instaurar la sobre explotación de las
personas.
En cuanto en tanto, la salida a la crisis económica se hace sobre una mayor precarización de las
condiciones de empleo, los costes en términos de salud son elevados y a la vez “escondidos” a la sociedad, pues a ésta solo
se le muestra que hay menos “muertos/as”.
La cadena de consecuencias, tanto por la frágil seguridad jurídica del contrato, como por la
absoluta libertad de desprenderse del mismo, no sólo disciplina al trabajador, sino que le crea una conciencia donde el
trabajar en cualquier condición (accidentabilidad, ansiedad, disociación, siniestralidad, agresiones a su salud mental
social y biológica), considera que lo importante es trabajar y su seguridad física su salud, pasa al plano de la
«casualidad», a ver si hay suerte y no me toca a mí.
LA VIDA y una BUENA VIDA, en Salud y Bienestar, es un DERECHO ESENCIAL en cualquier modelo
económico y político: el daño, el riesgo en nuestra salud es EVITABLE.