presidente del comité de empresa de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia, Vicente Moreno, ha lamentado la
intención del ayuntamiento de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) en la entidad y ha advertido de que éste
supondrá para las arcas municipales el desembolso de «6 ó 7 millones» de euros en indemnizaciones, «el mismo dinero que
deberían poner para pagar todos los salarios de este año».
pronunciado Moreno en una rueda de prensa en la que ha denunciado el inicio del proceso, que afectará a 208 trabajadores
–de los 1.511 actuales–, después de más de una veintena de reuniones entre empresa y sindicatos, en las que los
representantes de los trabajadores han propuesto una reducción salarial que llegaría al 15 por ciento y que permitiría
ahorrar 10,9 millones de euros, lo que demuestra que el consistorio «no quiere negociar».
En primer lugar, ha
precisado que la situación económica del ayuntamiento respecto a la EMT «no es tan mala» y que el ahorro necesario para
reducir el presupuesto a 55 millones de euros es, según los datos de que disponen, de 6 millones de euros –y no 10, como
señalan desde el consistorio– puesto que el presupuesto de 2011 se cerró en 61 millones.
Moreno ha insistido en que
desde las organizaciones sindicales se han propuesto diversas medidas alternativas al ERE de extinción, entre ellas una
rebaja directa del salario de los conductores del 5 por ciento que se incrementaría en cinco puntos por cada categoría
salarial y la renuncia a varios complementos retributivos, que equivaldría a otros 5 por ciento. Esta cifra, unida al 5,6
por ciento de pérdida de salario acumulado desde 2010 arrojaría un 15 por ciento de reducción salarial total.
Ha
indicado que se han hecho propuestas «siempre con buena fe» que van más allá de la reducción salarial de los funcionarios
del ayuntamiento y ha insistido en que los empleados de la EMT están dispuestos «a hacer el mismo esfuerzo, pero no más»,
al entender que el 15% que pedía la empresa, sumado a esa pérdida de poder adquisitivo asimilado supondría un descenso del
22 por ciento. «Entendemos que es un esfuerzo más que suficiente para que el ayuntamiento firme con nosotros», ha recalcado
el presidente del comité.
Ha agregado que si los trabajadores estaban dispuestos a aceptar esta reducción de sueldos,
los 11 directivos «que cobran alrededor de 1 millón de euros entre todos deben hacerse una reducción más importante». «Si a
nosotros se nos está pidiendo un esfuerzo –ha apuntado–, el equipo directivo debe hacer un sobreesfuerzo».
«También
propusimos un ERE temporal si al final del año no había suficiente presupuesto para pagar los salarios o préstamos al propio
ayuntamiento por parte de los trabajadores», ha indicado Moreno, quien ha resaltado que «todo esto ha sido rechazado», ya
que el ERE ha sido un «chantaje» y «amenaza» desde el primer día.
«ILEGAL E INMORAL»
Moreno ha insistido en que
durante las reuniones mantenidas con la dirección «no se ha negociado el convenio» de la empresa, sino que tan sólo se ha
abordado la reducción salarial. «Es un chantaje, no se han movido de sus posturas iniciales», ha criticado el representante
sindical, que ha lamentado que los empleados de la EMT van a «pagar los platos rotos del despilfarro de este ayuntamiento y
esta comunidad».
Según ha indicado, este viernes a las 11.00 horas se comunicará por parte de la empresa el inicio del
ERE, que deberá resolverse en un mes. A su juicio, se trata de un proceso que en estos momentos es «ilegal por el acuerdo
de municipalización» e «inmoral», ya que «la red del servicio lleva ya desde octubre de 2010 una reducción del 22 por
ciento», algo que se vería agravado con los despidos.
CONDUCTORES OFICIALES
Por otra parte, Moreno ha
insistido en que el ayuntamiento tiene «muchas formas de ser austero» y «no sólo con los trabajadores de la EMT». En este
sentido, ha señalado que estos empleados podrían ejercer como conductores de coches oficiales, todo ello «con el objetivo de
que no haya ningún tipo de reducción de plantilla».
No obstante, ha lamentado que la dirección de la EMT ha tratado
siempre de «introducir el miedo y la psicosis en los trabajadores de la empresa para imponer esa reducción de salario».
CERRAR LAS PUERTAS DE LAS COCHERAS
Preguntado por las acciones que llevarán a cabo en protesta contra el ERE, Moreno
ha indicado que proseguirán con las manifestaciones de los jueves y que una vez reciban la comunicación oficial, celebrarán
una asamblea para debatir medidas futuras». «Utilizaremos toda la legislación vigente, pero muchos trabajadores nos están
pidiendo que se cierren las puertas de las cocheras y no salga nadie a trabajar; la situación es demasiado tensa, hay mucha
psicosis, mucha tensión», ha aseverado.
Asimismo, ha detallado que se han interpuesto demandas judiciales por los
impagos, ya que la EMT «adeuda 2.400 euros de media» a los trabajadores de nóminas anteriores.
LA CALIDAD DEL
SERVICIO SE RESENTIRÁ
Por último, ha insistido en que los 208 despidos provocarán que los servicios de algunas líneas
se vean resentidos, con un aumento de la frecuencia de paso y barrios «en los que el servicio público casi ni existirá».
Ante esta situación, ha hecho un llamamiento a las asociaciones de vecinos para protestar contra esta situación.
Desde
el comité de empresa han censurado, asimismo, que algunos puestos cuyos titulares han sufrido bajas «no se están cubriendo»
y «están contratando empresas de fuera para cubrir los puestos de trabajo que se han jubilado». Así, por ejemplo, han
apuntado que cuatro conductores de maniobras –encargados del traslado de los autocares– son trabajadores externos.
«SOMETIMIENTO INJUSTO A LA PLANTILLA»
El miembro del comité por APTTUV, Gabriel de las Muelas, ha criticado que
este tema «no es económico, sino político» y supone «un sometimiento injusto a la plantilla» de la entidad, ya que «al día
siguiente de ejecutar el ERE tendrán que subcontratar a trabajadores». También ha lamentado que la empresa ha amenazado con
no pagar la paga extraordinaria de julio.
Por su parte, el miembro del comité por CGT, Moisés Ort, ha destacado que la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no puede acusar a los trabajadores «de si ganan mucho o poco» porque ella «es tan
responsable» como ellos, al haber firmado los sucesivos convenios. Asimismo, ha asegurado que el sueldo medio dista de los
3.333 euros al mes y se ha preguntado «dónde está la otra mitad» que entonces él no recibe.