Las mutuas de trabajo podrán decidir ahora sobre el fin de la baja médica de los trabajadores si la Seguridad Social no responde a su propuesta tras cinco días.
Con la nueva reforma laboral vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2013, se traslada a las mutuas de trabajo la decisión sobre la idoneidad de determinar el alta médica de un trabajador en supuestos de incapacidad temporal. Esta concesión supone que las mutuas podrán decidir si dar por terminada la baja médica de un trabajador si la Seguridad Social no resuelve la propuesta de alta emitida por la mutua tras cinco días desde que ésta se la remita. De esta forma, se confiere a esta rama de actividad privada, siempre en interés de las empresas, la competencia sobre la “concesión, gestión y extinción de prestaciones de la Seguridad Social” y se sujeta a una simple cuestión económica la vuelta del trabajador a su puesto de trabajo en casos de incapacidad temporal.
Esta nueva normativa se une a la regulación contenida en el anteproyecto de reforma de la ley de mutuas, ahora en trámite parlamentario y que tiene prevista su entrada en vigor el próximo mes de marzo. El 23 de enero, el Consejo Económico y Social emitía un dictamen en el que rechazan que las mutuas puedan dar altas médicas en procesos de incapacidad temporal, la CEOE anunciaba un voto particular a un dictamen que se contradice con el Real Decreto-Ley 16/2013. Con la precipitada implementación del Real Decreto-Ley 16/2013, desde diferentes sectores se apunta que el Gobierno utiliza esta figura legislativa para evitar el debate parlamentario. En la futura ley de Mutuas, que cambia la denominación mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por «mutuas de la Seguridad Social», hay otros aspectos que han contribuido al debate sobre el papel de estas entidades, también en cuanto a su participación en el sistema de la Seguridad Social, dado que el anteproyecto puede reducir las cantidades a aportar para el sostenimiento de dicho sistema.
Rodillo de la mayoría absoluta
Para Adoración Guamán, “el Gobierno del Partido Popular ha desbordado los límites jurídicos del Real Decreto-Ley, una figura que sólo debe usarse en caso de urgente y extrema necesidad, pero sus textos se convertirán en ley pasando el rodillo de la mayoría absoluta, como han hecho con las anteriores”. Por su parte, Aitor Begoetxea opina que este decreto-ley, “no está justificado”. Begoetxea señala que, aunque hay precedentes de declaración de inconstitucionalidad de algunos decretos-leyes laborales, por no concurrir los condicionantes de urgencia y situación extraordinaria que se establecen como necesarios para que se haga uso de esta figura legislativa, “es arriesgado vaticinar que esa declaración de inconstitucionalidad ocurrirá también en este caso, aunque entiendo que debería ser así”.