El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de
Europa pidió hoy a las autoridades españolas una mayor firmeza para evitar malos tratos, incluso verbales, a los detenidos
y presos por parte de las fuerzas del orden y funcionarios de prisiones. La delegación del CPT, que visitó España entre el
30 de mayo y el 13 de junio de 2011, elaboró un informe en el que pide «tolerancia cero» ante esos casos en
comisarías, prisiones y centros de internamiento de extranjeros.
Según el informe, los entrevistados aseguraron haber sido tratados
correctamente en la gran mayoría de las entrevistas, pero recibieron algunas alegaciones de malos tratos durante la
detención. El informe pide que se prohíba vendar los ojos o encapuchar a los detenidos, incluso en los
interrogatorios.
Los miembros de la delegación encontraron palos y bates de béisbol en salas de interrogatorio de
comisarías de Cádiz y Madrid (Puente de Vallecas y Moratalaz). El texto señala que «los interrogatorios se
realizan, con frecuencia, al margen de la normativa vigente».
El Comité del Consejo de Europa considera
que el régimen de detención incomunicada debería ser «una medida excepcional y limitada» y asegura que en los cinco
primeros meses de 2011 el juez «no realizó un examen riguroso de la necesidad de aplicar dicha medida».
Según el informe, la delegación
obtuvo alegaciones creíbles de 10 de las 11 personas detenidas en régimen de incomunicación con las que se había
entrevistado. El objetivo de los malos tratos era conseguir una declaración firmada de cara a la vista oral. El CPT reitera
su recomendación de que los detenidos en régimen de incomunicación tengan acceso a un abogado desde el
primer momento de su detención y durante los interrogatorios. Por otro lado, se pide que las celdas de las comisarías
dispongan de luz natural, sistema de ventilación y timbre.
La delegación asegura en el informe que su relación con las autoridades
españolas fue «excelente», salvo una «excepción importante»: la Unidad de Detención del Servicio de Información de la
Guardia Civil, en la Dirección General de Madrid. Allí, dice el informe, los oficiales negaron a la delegación que
accediera a la zona de detención, como ya ocurrió en 2007.
El informe asegura que el CPT «ha estado llamando la atención de las
autoridades españolas durante dos décadas sobre el problema de los malos tratos que infringe la Guardia Civil» y que
este «sigue sin resolverse».
Respecto al desalojo de los acampados en la plaza de Catalunya de Barcelona el
27 de mayo de 2011, el CPT recomienda a las autoridades catalanas que los Mossos d’Esquadra estén identificados «de forma
visible».
Los
miembros del CPT visitaron comisarías de Policía de Madrid, Barcelona, Cádiz y El Puerto de Santa María; unidades de la
Guardia Civil en Madrid, Las Rozas y Tres Cantos; y comisarías de los Mossos en Barcelona, Granollers y Hospitalet. La
delegación inspeccionó las cárceles de Córdoba, Navalcarnero, Nanclares de Oca, Cádiz, Soto del Real, Alcalá Meco, Brians
I, Quatre Camins, Lledoners y La Modelo; y a los centros de internamiento de extranjeros de Barcelona (Zona franca) y
Madrid (Aluche). También realizaron visitas al Cuartel General de Arkaute-Ertzaintza (Vitoria) y al centro educativo de
justicia juvenil l’Alzina, en Barcelona.
Además la delegación del CPT se entrevistó, entre otros, con el ministro del Interior, la
secretaria general de Instituciones Penitenciarias, el director general de la Policía y la Guardia Civil, el presidente de
la Audiencia Nacional, el Fiscal General del Estado y varias ONG.
Interior: El maltrato se investiga
«rigurosamente»
Por
su parte, el Ministerio del Interior ha asegurado hoy, en respuesta al informe del CPT, que España cuenta con órganos
administrativos y judiciales que de forma «rigurosa» e «independiente» investigan el maltrato policial.
El Gobierno defiende en un
extenso comunicado de Interior que existe una numerosa regulación sobre los métodos empleados por las fuerzas y cuerpos de
seguridad, «sometidos al imperio de la ley, al eventual ejercicio de la potestad disciplinaria y, en caso de incurrir en
ilícito penal, al control de la autoridad judicial».
Interior destaca que la denuncia «sistemática» de malos tratos presentada por
los detenidos en régimen de incomunicación por su presunta pertenencia a organización terrorista «ha sido y sigue
siendo una táctica» empleada por esos arrestados que, en la mayoría de los casos, resulta ser «falsa y carente de
fundamento».
Precisamente, respecto a la detención incomunicada que el informe considera que debería ser «una
medida limitada», el Gobierno señala que ese régimen es una modalidad «excepcional» que el juez adopta con una resolución
motivada y que tiene, entre otros objetivos, evitar la conexión del detenido a fin de no perjudicar la investigación
judicial.
Sobre la
ampliación del plazo máximo de 72 horas de la detención por decisión judicial, el Ejecutivo asegura que si bien la ley prevé
que la incomunicación pueda durar hasta un máximo de 13 días (5 bajo custodia policial y 8 en prisión preventiva), en la
práctica no se está acordando esa prórroga, de forma que no existen incomunicaciones que duren más de 5
días.
Fuente agencias