- Esta nueva querella se suma a la anterior denuncia presentada anteriormente por la CGT de Valencia.
La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) ha presentado una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la ex consellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, y dos altos cargos de los servicios de emergencias de la Generalitat, Alberto Javier Martín y Emilio Argüeso, por la presunta comisión de cinco delitos durante la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) del pasado 29 de octubre.
En la querella, FETAP-CGT argumenta que existen indicios sólidos de que los fallos en la prevención y respuesta por parte de los responsables políticos valencianos resultaron en graves consecuencias, entre ellas la muerte de 220 personas y pérdidas materiales cuantiosas para miles de ciudadanos afectados. Según el sindicato, la cadena de errores y negligencias en la gestión de la emergencia derivó en consecuencias fatales que podrían haberse evitado mediante una actuación adecuada.
Los delitos atribuidos en la querella son los siguientes:
- Homicidio imprudente, conforme al artículo 1 del Código Penal, al considerar que los querellados omitieron la adopción de decisiones apropiadas en un contexto de emergencia, lo cual resultó en la muerte de más de 220 personas.
- Omisión del deber de socorro, previsto en el artículo 195 del Código Penal, debido a la no activación del estado de alarma, que era competencia exclusiva de la Generalitat, a pesar de la gravedad de la situación.
- Daños imprudentes, tipificados en el artículo 267 del Código Penal, relacionados con los perjuicios materiales sufridos por miles de
- Lesiones por imprudencia grave, conforme al artículo 152 del Código Penal, por los daños físicos sufridos por diversas personas como resultado de la gestión
- Delito contra los derechos de los trabajadores, previsto en los artículos 316 y siguientes del Código Penal, por las condiciones en que se expuso a los trabajadores implicados en la
La querella también hace hincapié en la necesidad de que el TSJCV abra un proceso penal contra Carlos Mazón y Salomé Pradas, dada su condición de aforados. Además, la acción se extiende contra el director general de Emergencias y Extinción de Incendios autonómico, Alberto Javier Martín, y el secretario de Seguridad y Emergencias y director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), Emilio Argüeso, por la presunta desatención en sus funciones durante las fases críticas de la DANA.