Una denuncia de la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Valencia abrirá la puerta a revisar supuestos casos de nepotismo del PP en la Generalitat Valenciana. Según la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción, el Ministerio Fiscal ha elevado al juzgado la denuncia que presentó la Confederación General del Trabajo (CGT) por contrataciones irregulares en la Entidad de Saneamiento de la Generalitat Valenciana (Epsar), apéndice de la Conselleria de Agricultura.
La denuncia se dirige contra José Juan Morenilla, ex director general y uno de los procesados por el saqueo del caso Emarsa, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación en relación a contrataciones laborales irregulares en la Epsar y se extenderá, en el momento procesal oportuno, a aquellas personas que a lo largo de la instrucción judicial se revelan como responsables. La Fiscalía ha pedido el interrogatorio de Morenilla como imputado y propone que declaren como testigos los ocupantes que habrían obtenido el puesto a dedo en esta empresa pública, entre ellos la prima del ex conseller y actual eurodiputado del PP Esteban González Pons, Patricia Stuyck Pons.
Es la primera vez que la Fiscalía de Valencia judicializa presuntos enchufes en la Administración regional de familiares o trabajadores vinculados al PP. CGT dirigió un escrito a la Fiscalía en el que denunciaba que la prima de González Pons, una de las responsables del departamento jurídico de la Epsar, y otras cuatro personas fueron contratadas pese a que no había consignación presupuestaria para ello ni se respetaron los «principios básicos de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia aplicables a la contratación del personal al servicio de la Generalitat».
Confirma las sospechas del sindicato
Tras completar la fase previa de investigación, la Fiscalía confirma al juzgado las sospechas del sindicato y concreta en su escrito que la Epsar gastó, entre 2009 y 2012, hasta 512.468 euros para el pago de esos puestos de trabajo «sin la perceptiva autorización del Consell».
La denuncia abre la puerta a judicializar más casos de ’colocados’ por el PP
«La investigación efectuada en la Fiscalía ha determinado que efectivamente el Consell no autorizó en ningún momento la creación de los puestos de trabajo. Es más, en los distintos informes que se efectuaron en los años 2009 a 2013 se le requería para que retrotrajeran las actuaciones no autorizadas, y que remitieran informe justificativo del abono de las retribuciones no autorizadas», dice la denuncia.
Nunca hubo respuesta. Aún así, denuncia la fiscal Isabel Zayas, se crearon los nuevos puestos de trabajo que la Epsar ha identificado. Al margen de la prima del destacado dirigente del PP, la Fiscalía también quiere que declaren como testigos los otros trabajadores pues ocuparon un puesto «al margen de la legislación vigente con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas».
«El denunciado consintió omitiendo y obviando de forma grosera y patente los requisitos legales para proceder a la creación y abono del puesto de trabajo», insiste la fiscal, quien se apoya en informes de la Conselleria de Hacienda y la Sindicatura para elevar el asunto al juzgado. Dicha documentación oficial es la que explica que por primera vez la sección de Delitos Económicos de Valencia denuncie por prevaricación y malversación los enchufes.
LA PRIMA QUE JUSTIFICABA A LOS IMPUTADOS
El Consell del PP nunca explicó los motivos del ascenso de la prima de Esteban González Pons en esta empresa pública. Cuando se conoció el alcance del presunto saqueo de la depuradora de Pinedo que se investigó dentro del ’caso Emarsa’, el PSPV pidió al ex conseller de Agricultura José Císcar que explicara el ascenso de Patricia Stuyck Pons, sobre todo, porque justificaba las decisiones de Morenilla cada vez que el juzgado requería informes sobre las irregularidades. El juzgado concluyó que existían indicios suficientes para llevar a Morenilla a juicio. Los informes de la propia Administración regional alertando de las contrataciones ilegales han sido determinadas para judicializar, por primera vez, supuestos casos de nepotismo. Estas denuncias no suelen tener recorrido penal pues los denunciantes deben acreditar que las plazas se crearon a medida y que los beneficiarios no tienen méritos suficientes para ocuparlas. En los últimos meses la Fiscalía ha archivado varias denuncias en este sentido, entre ellas la que alertaba de ’enchufes’ de dirigentes de Nuevas generaciones en el Ivaj. CGT quiere aprovechar la denuncia de la Fiscalía para revisar más contrataciones irregulares en la Generalitat.
JUAN NIETO Valencia El Mundo