Glovo cambia su modelo laboral de falsos autónomos

La lucha sindical da sus frutos,tras años ignorando las normas y con más de 400 millones de euros acumulados en sanciones, Óscar Pierre anuncia que contratarán a los riders. Esta decisión es una buena noticia para los derechos de las personas trabajadoras pero aún quedan muchas cuestiones que afectan a este colectivo.

Este lunes Glovo ha anunciado que impulsará un nuevo modelo en España que le permitirá operar con repartidores laborales en vez de autónomos y ha explicado que la decisión parte de su «firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país».

La empresa de ‘delivery’ ha manifestado que el nuevo modelo incluirá a la totalidad de ciudades en las que está disponible, que superan las 900, y que se aplicará en todas las verticales de la aplicación.

El portavoz de los riders de Glovo del sindicato CGT asegura que ven este comunicado como «un blanqueo de cara de la empresa ante la fiscalía». A un día de comparecer ante la justicia el CEO de Glovo, algunos riders ven con poca confianza estas promesas de mejoras laborales.

CGT se ha personado en el procedimiento penal contra Glovo iniciado por la Fiscalía por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

El proceso penal, que se encuentra en fase de instrucción, surge de una denuncia presentada por el ministerio público, que acusa a la empresa de ‘delivery’ de la presunta comisión de delitos relacionados con los derechos de las personas trabajadoras, incluyendo posibles fraudes en la contratación.

Tras varias sanciones de Inspección de Trabajo por no cumplir la ley, otras sanciones por espiar e incumplir la protección de datos de los riders y un juicio por lo penal por seguir incumpliendo la ley a sabiendas en el que tenía que declarar la mañana del martes, es lo que ha necesitado Óscar Pierre, fundador de la empresa de repartos Glovo, para anunciar que contratará a los repartidores y dejará de utilizar la fórmula del falso autónomo.

CGT lamenta que, aunque hay procedimientos judiciales previos que establecen que los ‘riders’ tienen una relación laboral y no mercantil con esta empresa, la compañía «ha continuado imponiendo tales condiciones a su plantilla alegando supuestas modificaciones que pretenderían eludir la relación laboral, obligando a darse de alta como autónomas».

El cúmulo de sanciones por parte de Inspección de Trabajo y otras multas por protección de datos han arrastrado parte de la cuenta de resultados de la empresa que todavía no las ha abonado ya que están recurridas, pero ya contabilizan un posible impacto en sus cuentas de entre 440 y 770 millones de euros.

No es casualidad que el anuncio llegue un día antes de que Oscar Pierre, el fundador de Glovo, tenga que declarar por una denuncia penal donde le pueden caer hasta 6 años de cárcel, CGT recuerda que los ‘riders’ de Glovo podrán reclamar al Estado las cotizaciones pagadas como «falsos autónomos».

Oscar Pierre, jefe de Glovo, defiende ante el juez el modelo de autónomos pese al anuncio de regularización

Raúl Maíllo, abogado de la CGT que representa a los dos repartidores de la acusación particular, ha explicado que entre las líneas de defensa de Glovo está la afirmación de que los repartidores en realidad prefieren un modelo de autónomos, para lo que la compañía llevó a cabo una encuesta. “Pero también sabemos que en esta encuesta se preguntó a gente que dijo que no estaba de acuerdo con el modelo de falsos autónomos, y que estas respuestas no se incluyeron”, ha afirmado. Según Maíllo, el anuncio de regularización “es un triunfo de la clase trabajadora”, pero no debe alejar el foco sobre el caso que se está instruyendo. “Los hechos cometidos están cometidos con independencia de lo que ocurra. El futuro no cambia el pasado, y si has cometido un ilícito penal, lo has cometido. Pero al margen, esto no se trata de elegir tener una relación laboral o mercantil, sino que se trata de ver que si se cumplen unos requisitos de laboralidad”, ha detallado. Sobre si el anuncio de la regularización puede tener un impacto en el proceso actual, Maíllo ha expresado sus dudas: “Es complejo negar los hechos y al mismo tiempo sostener que este gesto forma parte de la reparación”.

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