- La empresa que despidió a una trabajadora por faltar al trabajo el día de su desahucio se lleva la atención telefónica de la campaña de la renta. La compañía acumula decenas de denuncias y ha sido condenada recientemente por discriminar a cuatro trabajadoras por su origen.
- El contrato supera los 2 millones de euros
La empresa que despidió a una empleada por faltar al trabajo el día de su desahucio llevará la atención telefónica de la campaña de la renta. Así lo ha revelado eldiario.es, que también destaca cómo Konecta BTO es una empresa conocida por las irregularidades cometidas en sus políticas laborales, con 189 denuncias en los juzgados de lo social. Y también conocida por aprovechar cualquier resquicio de la normativa laboral para sacar todo lo posible de su plantilla: DIAGONAL informó de cómo una empleada llegó a morir de neumonía por no pedir una baja por miedo a ser despedida. Días antes el responsable de recursos humanos había recordado a la plantilla que la reforma laboral de Rajoy consideraba justificado el despido de quien se acogiera a bajas laborales de hasta 20 días. El contrato con el que el Gobierno premia ahora a esta compañía es de 2.109.914 euros, informa eldiario.es.
En el caso de Latifa, la empleada muerta por neumonía, la amenaza era real porque existía el precedente de los despidos de 11 trabajadoras del call center de Güeñes (Vizacaya) por haberse acogido a bajas por enfermedad, según contaba DIAGONAL a partir de fuentes sindicales. Ahora eldiario.es añade el elemento del origen: una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de noviembre de 2013 consideró demostrado que la empresa había discriminado a cuatro trabajadoras debido a su nacionalidad. La sentencia del TSJC consideró que la empresa vulneró la integridad moral de estas trabajadoras al cambiar su destino de una punta a otra de la península –de Barcelona al Puerto de Santa María, en Cádiz- sin que otras trabajadoras en idéntico puesto y funciones, pero de nacionalidad española, sufrieran este traslado. Latifa, de origen marroquí, llevaba viviendo en España y trabajando como teleoperadora desde finales de los 90. Tras su muerte, la empresa ni siquiera atendió la petición de poner un cartel en su recuerdo en las oficinas.
El despido de Amaya por faltar a su puesto el día de su desahucio fue contestado por el mismo colectivo que en su día la apoyó para no quedarse sin casa. Los grupos de apoyo mutuo del barrio madrileño de Tetuán, en alianza con diferentes sindicatos, plantearon una serie de acciones de escrache en demanda de la readmisión de esta trabajadora, que se ha convertido en una militante activa del movimiento de vivienda madrileño. El juicio contra Konecta está previsto para el 26 de junio.
Fuente Diagonal