Hasta 22 trabajadores se enfrentan a 3 años y medio de cárcel por un piquete en una huelga de su empresa

En 2007, la plantilla de la Compañía Valenciana de Aluminio Baux (de Segorbe, Castellón) convocó varias jornadas de huelga para pedir la firma de un acuerdo que mejorara sus condiciones laborales. Diez años después, 22 trabajadores se enfrentan el próximo lunes a un juicio en el que la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para cada uno de ellos por el polémico artículo 315 del Código Penal que contempla las coacciones a la huelga. La acusación particular (varios miembros de la dirección de la empresa) también pedía la misma pena, pero en el último momento ha desistido. Cuando se produjo el piquete la Guardia Civil no identificó a nadie y dos agentes han declarado que la actitud era la «típica de una huelga» y que los huelguistas hicieron «resistencia pasiva». Desde entonces, trece de esos trabajadores han sido despedidos.

Los incidentes por los que se juzgará a estas 22 personas sucedieron el primer día de huelga. La plantilla convocó varios días de paros porque querían forzar a la empresa a negociar un acuerdo que mejorara las condiciones del convenio provincial. Un piquete de entre 40 o 50 personas se situó en una de las entradas a la empresa. Varios trabajadores que querían acudir a trabajar se detuvieron en una rotonda anterior a esa entrada. La Guardia Civil medió entre huelguistas y trabajadores para acordar una forma de entrada y salida.

«Allí los trabajadores huelguistas formaron una cadena humana, cogidos de los brazos, que impedía materialmente el paso, sin atender a las peticiones de sus compañeros para que les dejaran pasar. Sin embargo, con ocasión de la acumulación de personas, las discusiones surgidas y pequeños forcejeos, la cadena se rompió por diferentes puntos, de manera que fue franqueada por los no huelguistas que, no obstante, fueron increpados por los acusados», dice el escrito de la Fiscalía, que describe insultos como «hijos de puta» y calificativos como «esquirol», además de zarandeos a algunos trabajadores.

El Ministerio Fiscal describe situaciones parecidas a lo largo del día. Lo que no hace es concretar qué hizo cada acusado: únicamente menciona que durante esos momentos esas personas formaban parte del piquete y que «participaron» de los actos posteriores. Por todo ello pide tres años y medio de cárcel para los acusados (a algunos les añade tres meses más) por un delito de coacciones a la huelga contemplado en el artículo 315.3 del Código Penal, que el Congreso instó el pasado martes a derogar, además de una multa.

«Como ya han dicho algunos jueces, esto no tiene razón de ser. Si hay coacciones que se aplique el delito de coacciones, si hay agresiones, el de falta o agresión, pero un tipo agravado de coacciones es una forma legal de reprimir el derecho constitucional de huelga», dice Francisco Almenar, abogado de los 13 trabajadores acusados que pertenecen a CCOO.

La defensa de los trabajadores –ejercida por CCOO, CGT y un abogado particular– insiste en que no se produjeron agresiones y que lo que allí sucedió corresponde a la tensión de un día de huelga. Subrayan, además, que los trabajadores que quisieron entrar al centro de trabajo lo hicieron, como afirma el escrito de la Fiscalía, y que la propia Guardia Civil que acudió al lugar de los hechos no identificó a nadie ni acredita ningún incidente.

La declaraciones de dos agentes, a la que ha accedido eldiario.es, apoyan los argumentos de la defensa. Uno de ellos aseguró que la actitud de los huelguistas era «la típica de una huelga, actitud insultante aunque no agresiva» y que recordaba «insultos, como esquirol», pero no «amenazas concretas». «No se identificó a nadie porque era una masa de trabajadores», decía el agente, que señalaba que algunos trabajadores que no hicieron huelga dijeron sentir miedo. Otro de los guardias civiles declaró que los huelguistas hacían «resistencia pasiva»: «Hacían ruido y cuando intentaban entrar los no huelguistas se ponían en medio pero al final se quitaban».

El comité de empresa, imputado

El abogado Francisco Almenar subraya que se trataba de un ambiente de huelga y que las declaraciones de la Guardia Civil constatan que no hubo agresiones. «Los que entraban eran los jefes que luego les iban a ver en sus puestos de trabajo», apunta Almenar. Meses después de la huelga los trabajadores recibieron la notificación de la denuncia. Desde que se produjeron los hechos hasta ahora trece de los trabajadores acusados han sido despedidos. Entre los imputados están todos los miembros del comité de empresa que había en 2007.

Fuentes de la empresa han confirmado a eldiario.es que van a retirar los cargos con los trabajadores. Antes de hacerlo, la empresa ha intentado llegar a un acuerdo con ellos: a cambio de que asumieran su responsabilidad ofrecían solicitar la pena mínima y una rebaja muy sustancial de la multa (de 28.000 euros a 2.000 euros). Los trabajadores lo rechazaron. «La empresa tiene vocación de acabar con el tema», dicen las mismas fuentes, que explica que ese es el motivo de la retirada de los cargos. El pasado martes, el Congreso de los Diputados aprobó la Proposición de Ley de Unidos Podemos para derogar el artículo 315.3 del Código Penal.

Uno de los acusados es Juanjo Ripoll, que continúa en la empresa y es delegado de CGT. «Aquella huelga surtió efecto, días después firmaron el acuerdo con mejoras salariales, mejoras en las horas del convenio y en las bajas por enfermedad», recuerda. La denuncia, sin embargo, ha tenido un efecto claro sobre la plantilla. «Es una medida represora para que no haya más huelgas ni protestas. Desde entonces no se ha vuelto a hacer nada de eso y mira que hemos tenido negociaciones importantes y hasta ERE», dice Ripoll. El piquete, señala, estaba en uno de los accesos, pero los trabajadores entraron a trabajar: «No les debió de sentar bien que les pitaran». Ripoll fue despedido en 2010 pero un tribunal declaró nulo su despido y la empresa tuvo que readmitirle.

Este lunes, la Fiscalía podría rebajar las penas para adecuarlas a la nueva redacción del Código Penal que se aprobó en 2015. Uno de los abogados de la defensa ha pedido, incluso, la anulación del juicio a la espera de que la tramitación de esa Proposición de Ley elimine el artículo 315 por el que se les acusa.

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