Es la primera vez que en el Estado español declara un agente por maltratar a internos
La jueza mantiene la imputación de un policía por la denuncia por agresiones interpuesta por un ciudadano de origen argelino cuando se encontraba recluido en el Centro de Internamiento (CIE) de Zapadores y continúa la investigación tras llamar a nuevos testigos, pedir los antecedentes del agente y solicitar la identificación de las cámaras que grabaron los hechos.
Un agente de policía declaró el pasado 11 de diciembre de 2013, a petición de la magistrada y el fiscal del juzgado de instrucción número 16 de Valencia, en calidad de imputado, por la denuncia de agresiones interpuesta por el ciudadano argelino Redouan Bader Din cuando éste se encontraba privado de libertad en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores por no tener documentación, el pasado mes de octubre de 2013.
La jueza, que mantiene la imputación tras haber practicado diligencias de investigación, ha solicitado, además, mediante una nueva providencia emitida el pasado 20 de febrero, que se cite a declarar a otros dos agentes como testigos, que se aporte la hoja histórico penal del agente imputado y que se pida a la Jefatura Superior de Policía el plano que identifique las cámaras del pasillo en planta baja del CIE.
Durante su declaración, el agente aseguró que retuvo al interno en el cuarto de baño del centro para entregarle productos de limpieza, ya que había vomitado y se había manchado la ropa. Sin embargo, su relato dista totalmente del de Bader Din, que explicó en su denuncia que el domingo, 13 de octubre, después de una huelga de hambre en la que había participado, durante la hora del desayuno -momento en el que tuvieron lugar los hechos-, el policía le obligó a acudir a al baño, donde no existen cámaras de video vigilancia. Bader Din obedeció sus órdenes y, una vez dentro, el policía le golpeó con el puño cerrado en su pómulo izquierdo, ante lo que Bader Din intentó defenderse muy asustado, según relata. Después, el agente le cogió del hombro fuertemente y le obligó a abrir la boca, le escupió dentro y se marchó. El joven argelino explica que se sintió vejado y humillado e incluso vomitó “por el asco que le daba” y no pudo dormir aquella noche.
Por otra parte, la denuncia recoge que el agente, contra las prescripciones legales, no llevaba placa identificativa, aunque Bader Din detalla una descripción física y aseguró poder reconocerlo con facilidad, lo que hizo al serle mostrada una composición fotográfica en la que figuraba la imagen del agente imputado.
Por todo ello, Bader Din solicitó en su denuncia que se investigaran las grabaciones del sistema de video vigilancia del día y las horas señaladas, que se llame a declarar a los agentes identificados, que se llamase al denunciante a declarar y que testifiquen los internos que se encontraban en el lugar donde ocurrieron los hechos.
La Campaña por el Cierre de Internamiento de Extranjeros saluda la decisión judicial dado que la medida, por primera vez, permitirá el acceso a una investigación suficiente, el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades. Asimismo, reitera sus denuncias en relación a la falta de identificación permanente de la Policía Nacional mediante números de placa visibles y legibles.
Si quieres recordar el caso: http://ciesno.wordpress.com/2013/10/21/otros-dos-inmigrantes-denuncian-palizas-de-la-policia-tras-un-intento-de-fuga-en-el-cie-de-zapadores%E2%80%8F/
Un juzgado pide al CIE de Zapadores el mapa de las cámaras de vigilancia (Noticia Levante)
La magistrada María Teresa de Vidiella, responsable del Juzgado de Instrucción número 16 de Valencia, emitió una providencia judicial el pasado 20 de febrero en la que solicita a la Jefatura Superior de Policía de Valencia que «aporte el plano en el que aparecen identificadas las cámaras que graban el pasillo en la planta baja donde se encuentran las celdas, servicios y duchas del Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia».
Esta petición nace a raíz de la denuncia presentada por Redouan Bader Din, un interno argelino, en el mes de octubre. En ella aseguraba haber recibido agresiones y vejaciones de un policía del CIE. El denunciante subrayó en su demanda que el domingo 13 de octubre, después de protagonizar una huelga de hambre durante la hora del desayuno, un policía del centro le obligó a acudir al baño, donde, según afirman los colectivos sociales en contra de los CIE, no existen cámaras de vigilancia.
En este punto, siempre según el interno, el agente le propinó un golpe en el pómulo izquierdo y le escupió en la boca.
Por contra, el policía acusado, que declaró el pasado 11 de diciembre en calidad de imputado, aseveró que lo único que hizo fue llevar al baño a este interno para que se pudiera limpiar la ropa, puesto que había vomitado y se había manchado.
Después de las diligencias abiertas por la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción a consecuencia de la denuncia, la jueza mantiene todavía la imputación del agente como presunto agresor y solicita más información para avanzar en la investigación.
Concretamente, la magistrada insta a la Jefatura Superior de Policía a que explique y señale los lugares en los que están colocadas las cámaras de vigilancia en el centro, así como los espacios que cubren, para comprobar si se registraron o no los hechos que acontecieron aquel domingo 13 de octubre.
Por otro lado, también se añade en la providencia la solicitud de que se aporte a la causa la hoja histórico penal del imputado y que declaren en calidad de testigos dos agentes de la Policía Nacional, compañeros del acusado y presentes en el lugar de los hechos. Estos dos policías están citados el próximo 14 de marzo para dar su versión de lo ocurrido.
El comisario principal y Jefe de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia, Antonio Martínez Ferrando, afirmó a este periódico que en el CIE de Zapadores hay «más de cuarenta cámaras de video filmando las 24 horas». De hecho, según este mando policial, el contenido de estas cámaras pudo demostrar que un interno, también de origen argelino, que aseguraba haber sido agredido por un agente, se había autolesionado en el patio, golpeándose la cara, según señala Martínez Ferrando.
No obstante, la campaña CIE NO, que pide el cierre de estas instituciones, resaltó ayer en un comunicado que esta decisión judicial «permitirá el acceso a una investigación suficiente, el esclarecimiento de los hechos y la depuración de responsabilidades».