El Gobierno parte de una presunción o verdad “revelada”, la macro-economía viene creciendo de manera sostenida en los dos últimos semestres y, por lo tanto, parece que se encuentran en condiciones de anunciar la creación en el 2015 de 348.200 empleos más y que el crecimiento llegue al 2%, todo ello gracias al repunte de la inversión pública por primera vez y, pese al recorte de impuestos, fundamentalmente a los empresarios (Impuesto de Sociedades) y a los tramos altos del IRPF, que dejarán de ingresar en las arcas públicas unos 9.000 millones de euros, la diferencia entre ingresos y gastos obtendría un superávit de unos 10.000 millones de euros, gracias a los menores gastos en desempleo y al coste de la deuda y, si faltara algo, para eso está el nuevo sistema de Contabilidad Europea, donde el tráfico de drogas agrega al PIB 5.405 millones de euros, la prostitución unos 4.800 millones de euros y, para mayor escarnio, lo que era considerado como gasto, los gastos militares, ahora cuentan como inversión.
Lo de la Comisión Europea es para llevarles al Tribunal de la Haya. ¿Cómo se puede dejar fuera de la “economía que cuenta” el trabajo doméstico y los trabajos de cuidados (mayoritariamente en manos de mujeres), cuando en términos monetarios podría doblar el PIB?. La intencionalidad política no es en absoluto inocente pues, de contar con el “trabajo doméstico y de cuidados”, los poderosos tendrían un grave problema ya que, este indicador no mercantilizado es quien mejor refleja el bienestar o malestar de la sociedad y de la economía real.
Además, anuncian una tasa de reposición de contrataciones de 1 por 2 en determinados servicios públicos considerados esenciales: fuerzas armadas, policía, educación, sanidad, inspección tributaria y universidades.
Nada dice la “ingeniería financiero-electoral del gobierno” de la micro-economía, es decir de la realidad diaria de millones y millones de personas, las cuales tienen que enfrentarse con “cifras mágicas” como plato único de empleo. Desde la Reforma Laboral 2012, además de destruir casi 2 millones de empleos, la EPA correspondiente al primer trimestre 2014 desmonta el “país de las maravillas” con dos datos escalofriantes: en un año cerca de 500.000 personas se han caído de la población activa, de ahí que, aunque el ritmo de destrucción de empleo se ha desacelerado, se sigue destruyendo empleo neto y, en consecuencia, esos 348.200 empleos no son tan netos (menos aún la calidad de esos empleos), sino meramente un efecto estadístico pues la gente emigra o se pasa a la economía informal. Al final de la legislatura (2015) la bajada del paro en 2 puntos se deberá solamente al descenso de la población activa, no a la creación de empleo.
El terrible impacto social causado con las medidas de ajuste en materia laboral y de seguridad social (Reforma Laboral y Leyes posteriores), al permitir el libre despido a voluntad empresarial, golpea especialmente en el sector Público. Éste seguirá perdiendo empleo a pesar de sustituir 1 por dos, es decir, si se jubilan 30.000 trabajadores/as del sector público al año, solamente entrarían, no 15.000, sino los correspondientes a los sectores donde el gobierno dice que va a aplicar esta tasa de sustitución. Nada se dice de los más de 370.000 empleos del sector público que se han perdido desde noviembre 2011, ni de los que se perderán con mayor intensidad durante el 2015, al seguir aplicando los ERE en los distintos organismos públicos (Ayuntamientos, CCAA, AGE y empresas públicas) y privatizar servicios esenciales para la población.
La partida del gasto dedicada a prestaciones de desempleo es la que más ofende a la inteligencia y al sentido humano: se van ahorrar 4.000 millones de euros en un contesto donde 4 millones de personas paradas no reciben ninguna prestación. Las rentas de los asalariados/as han caído desde el 2011 en 41.000 millones de euros, trasladándose las mismas al excedente bruto de explotación, es decir, a los beneficios empresariales. La partida del FOGASA cae un 23%, cuando más de 150.000 personas despedidas llevan esperando cobrar sus salarios (ya muy disminuidos conforme a lo que las empresas les adeudaban) una media estatal de 18 meses. Más del 51% de las casi 9 millones de pensiones no llegan al salario mínimo interprofesional y, las subidas, mayoritariamente suponen 3 euros al mes.
Para CGT, el ilusionismo de las máquinas políticas corruptas y al servicio del interés particular de empresarios y poderosos, solo le produce desprecio y, a la vez, la reafirmación en nuestra convicción de que somos las personas, la mayoría social, las únicas capaces de parar el continuo ninguneo y atraco al que nos someten. CGT seguirá trabajando conjuntamente con la mayoría social, para dar la vuelta a este sistema indigno y acabar con el capitalismo.
Secretariado Permanente del Comité Confederal