La situación, denunciada por CGT, podría acarrar multas de 100.000 a 180.000 euros a cada una, y 400.000 en cuotas a la Seguridad Social
La Inspección de Trabajo ha abierto un acta de infracción a la EMT Valencia y a las empresas Ballester y Covamur por «cesión ilegal de trabajadores», a raíz de una denuncia de la sección sindical de CGT por la externalización de servicios y la subcontratación de trabajadores realizan las mismas funciones que la plantilla de la EMT pero a menor salario y en otras condiciones laborales. La infracción, catalogada como «muy grave», puede acarrear a cada una de las empresas implicadas entre 100.000 y 180.000 euros de sanción económica.
Además, la EMT, como empresa subsidiaria de estos trabajadores, deberá liquidar las cuotas a la Seguridad Social de los empleados afectados, derivadas de la diferencia salarial del convenio de las empresas subcontratadas y el convenio de la empresa contratante con, al menos, 4 años de retroactividad, lo que desde CGT estiman que «supondría unos 400.000 euros».
Así lo ha dado a conocer el secretario general de CGT en EMT Valencia, Gregorio Rabadán, en una rueda de prensa para informar de la decisión de Inspección de Trabajo, que les ha hecho saber que los hechos que en su día denunciaron han sido «constatados». Y aunque no tienen la resolución escrita, ya la han solicitado a la EMT.
En todo caso, desde CGT han avanzado que los «hechos investigados y constatados» por la Inspección de Trabajo son que «los trabajadores cedidos realizan su trabajo de EMT, junto a trabajadores de EMT desarrollando la misma actividad y a las órdenes directas cuadros de mando de la EMT.
Sin embargo, estos trabajadores cedidos realizan funciones «no descritas en los contratos, sin formación adecuada y siempre a requerimiento de los mandos de la EMT», ha aseverado Rabadán, quien también ha lamentado que su salario es inferior y tildado su situación de «precaria».
En concreto, la resolución hace referencia a los trabajadores que realizan labores de conductor de maniobras, que mueven autobuses dentro y fuera de la cochera en el turno de noche con el fin de facilitar limpieza, llevarlos a los fosos, y que trasladan los vehículos de una cochera a otra.
No obstante, Rabadán ha asegurado que ni Ballester ni Covamur tienen entre los propósitos de su actividad empresarial y laboral la conducción de vehículos para los que se necesitan los permisos de la clase D, a pesar de que es la función de estos trabajadores.
Además, el trabajo que realizan lo hacen «indistintamente» junto a los trabajadores de la EMT y esta se reserva el derecho para tomar decisiones sobre la baja de la actividad de los trabajadores en las empresas contratistas.
En su opinión, además, estos trabajadores deberían pasar a la plantilla de la EMT, o al menos, se deberían igualar las condiciones salariales o laborales con las de los trabajadores de la empresa pública.
«FRAUDE DE LEY»
Esta situación, según el responsable sindical, se viene produciendo desde 2003. La licitación es de 2013 pero estas empresas vienen actuando en la EMT desde diez años antes, ha puntualizado. Desde 2013 «no ha habido variación, ni licitación», por lo que Rabadán entiende que «esta licitación no es legal y debería revisarse este tipo de contrato».
Según el responsable sindical, estas empresas están actuando en «fraude de ley» para «conseguir la no aplicación convenio colectivo» de la EMT a estos trabajadores, que superan la decena.
Rabadán ha asegurado que la intención de CGT nunca ha sido la de que se sancionara a la EMT pero sí «acabar con un modelo de precariedad que viene dándose desde 2003». «Los trabajadores deberían estar en convenio de EMT Valencia y cobrar lo mismo que trabajadores que realizan las mismas tareas», ha insistido.