La campaña exige el retorno de la persona que denunció “trato brutal” de la Policía en su deportación a Nigeria.

La

compañera ha interpuesto una denuncia en su nombre en el juzgado de Valencia. Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de

Extranjeros

La

Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento reclama que el nigeriano Austin Johnson sea devuelto a España para que

el juez pueda investigar en debidas condiciones la denuncia por malos tratos por parte de los policías que lo condujeron

durante el vuelo de deportación a Nigeria. En el hospital de Lagos certificaron “múltiples hematomas”.

La deportación a Nigeria de Austin Johnson el

pasado 1 de junio no sólo impidió que haya podido conocer a su hija Divine, nacida ocho días después, sino que le supuso

tres días de hospitalización en Lagos por el “trato brutal” a que fue sometido por los policías que supuestamente

custodiaban la expulsión, según denunció Peggy Abiemwense, compañera de Austin y madre de Divine, el 22 de junio en el

juzgado de instrucción nº 17 de Valencia. Austin sufrió “agresiones directas con medios contundentes” y al llegar a su país

fue trasladado directamente al Omuja Medical Center de Lagos, donde se le apreciaron “múltiples hematomas en la cara,

marcas en las muñecas, contusiones múltiples en el pecho”, “molestias generales en todo el cuerpo” y “dificultad de

movimientos cervicales derivados de un dolor agudo”, según consta en la documentación aportada en la denuncia. Los médicos

le curaron las heridas, le escayolaron el brazo izquierdo, le pusieron la antitetánica y a los tres días, le dieron el alta

y le mandaron a un centro ambulatorio para recibir otros tratamientos.


Ante la gravedad

de lo denunciado y con el fin de que la justicia pueda investigar los hechos con todos los medios a su alcance, la Campaña

por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros exige la suspensión cautelar en sus funciones de los agentes

implicados en la deportación mientras se investiga sus responsabilidades y el retorno de Austín Johnson a Torrent

(Valencia), donde vivía con su familia. Las circunstancias en que se produjo la expulsión justifican la aplicación del

artículo 59.4 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social,

que faculta al Ministerio Fiscal para solicitar el regreso a España de un extranjero que “aparezca en un procedimiento

penal como víctima, perjudicado o testigo y considere imprescindible su presencia para la práctica de diligencias

judiciales”. De no ser así, se estaría obstruyendo la labor de la justicia, la víctima quedaría en estado de indefensión y

el caso sería archivado. La mayoría de casos de malos tratos a extranjeros no pueden ser investigados suficientemente

porque las presuntas víctimas son expulsadas al poco tiempo de formular las denuncias, tal como sucedió en mayo con los

menores argelinos encerrados en el CIE de Zapadores: fueron devueltos a su país días después de acusar ante el juez a un

policía por darles una paliza.

Paradójicamente, los mismos que impiden la investigación al ordenar la deportación argumentan

que el archivo de los casos demuestra la falsedad de las denuncias, intentando desacreditar el testimonio de las víctimas y

a quienes les acompañamos en la defensa de sus derechos.

Además, el retorno de Austin Johnson también está justificado por los nuevos criterios que el

Ministerio del Interior anunció que adoptaría a la hora de decidir la expulsión de extranjeros. En abril, el secretario de

Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, aseguró que no se deportaría a quienes carezcan de antecedentes y puedan demostrar su

arraigo en España. Austin cumple ambos requisitos. Si bien el argumento oficial para obligarle a regresar a Nigeria fue que

tiene antecedentes policiales por falsedad documental, esta acusación, formulada en 2009, aún no ha sido resuelta por

ningún juez y él argumenta que fue engañado por unos compatriotas que le vendieron la documentación falsa que presentó en

España para regularizar su situación. Sin embargo, se obvió la presunción de inocencia y prevaleció la supuesta comisión de

un delito sobre el proyecto de vida que Austin estaba construyendo desde que llegó a España hace diez años, violando el

derecho a vivir en familia. Actualmente, él y Pegy están empadronaos en Torrent, donde se dedicaba a la venta ambulante,

colaboraba con varias organizaciones sociales y participaba de la vida social y cultural de la población. Ahora, Peggy

tiene que hacer frente sola a las duras condiciones de vida que padecen las persona sin trabajo y con menores a su

cargo.