Rara vez las preocupaciones reales de la gente se corresponden con los temas que más portadas de diarios y horas de tertulias en radio y televisión ocupan. El caso de la corrupción tampoco supone una excepcionalidad, y aunque el personal anda echando pestes ante cada nuevo caso descubierto o tras alguna sentencia absolutoria, lo cierto es que todas las encuestas reflejan que el trabajo (su ausencia o precariedad), los precios de la cesta de la compra, la falta de vivienda, el deterioro de los servicios públicos y el futuro de los hijos quitan más el sueño a las familias que la presunta corrupción de personajes que la sabiduría popular ya ha sentenciado como culpables de nuestros males hace bastante tiempo.
Sobre el protagonismo informativo que ha adquirido la corrupción en los últimos meses surgen muchas dudas. La primera a resolver sería por qué ahora y no cuando los primeros pelotazos inmobiliarios de la época de Felipe González, cuando los casos del GAL, la PSV, Roldán y otros muchos apenas tuvieron eco, o durante las posteriores etapas de Aznar y Zapatero; eso por no hablar de lo sucedido en varios gobiernos autonómicos (Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc.) o por las prácticas harto vergonzosas de conocidos sindicatos de los que nadie, especialmente desde la izquierda, quiere hablar.
Lo que parece más que probable es que se ha roto alguna especie de pacto o consenso entre los distintos sectores del poder para no denunciarse los unos a los otros. A partir de ahí el siguiente paso ha sido servirse de un sistema judicial tan politizado como el español para abrir una guerra de procesos e investigaciones que responden más a venganzas y represalias que a un verdadero interés por que prevalezcan la verdad y la justicia. Esos mismos poderes han recurrido a los medios de comunicación, propios o afines, para aumentar su potencial ofensivo y defensivo, según la proximidad ideológica de cada imputación. El espectáculo no podía ser más lamentable y ridículo al ver cómo se exageraban las irregularidades de los contrarios y se callaban o desmentían las del bando propio.
Especialmente doloroso ha sido observar cómo determinados grupos y medios considerados progresistas se han dedicado a intensas campañas contra la corrupción vinculada al PP (que ha sido mucha y gorda, eso es cierto) mientras han cerrado los ojos ante casos graves y evidentes de corruptelas que implicaban a conocidos personajes del PSOE, de CC.OO., de UGT y hasta alguno de IU. De no haber sido por esta ruptura de hostilidades que comentábamos antes, es posible que nada se hubiera dicho aún de los ERE de Andalucía, las tarjetas black de Caja Madrid o los sucios y escandalosos apaños del líder minero de la UGT asturiana.
Desde luego que la postura frontal de la CGT respecto a la corrupción es clara y rotunda, y no solamente cuando el fenómeno ha aparecido en los grandes medios, sino desde siempre. Y puesto que tenemos a mano el refranero: como muestra, algunos botones. Tuvo que ser gente de nuestra organización la que lanzara una campaña para denunciar toda la corrupción existente en la Comunidad Valenciana (sacando pruebas de contratos a empresas de amigos, subvenciones desviadas a bolsillos particulares o promociones profesionales de quienes no cumplían los requisitos exigidos). Después ya quedó abierta la veda para disparar con artículos y notas de prensa contra Blasco, Cotino, Zaplana, Olivas, Barberá, etc.
También la CGT estuvo en las denuncias de las irregularidades en las subcontrataciones y privatizaciones de servicios como el suministro de agua, la recogida de basuras, los pelotazos urbanísticos y el saqueo de bancos y cajas de ahorro en varias de las comunidades autónomas. Han sido muchos los procesos en los que las denuncias de nuestras secciones sindicales han destapado importantes irregularidades y estafas cometidas por quienes tenían la responsabilidad de gestionar correctamente unos servicios y unos recursos que pertenecen al conjunto de la sociedad.
Desde hace años la Confederación General del Trabajo no ha cesado en sus denuncias de estos casos de corrupción, personándose como acusación en el proceso contra todo el entramado mafioso del caso Bankia, oponiéndose y denunciando el ERE de RTVV y actuando coherentemente en defensa de las plantillas y la calidad de contenidos en el resto de televisiones públicas (RTVE, Telemadrid, Castilla-La Mancha TV, TV3 o la 7 TV Murcia). Importante también la lucha llevada a cabo contra la mala gestión, que suele transformarse en los habituales recortes de plantilla y el deterioro del servicio que se presta a la ciudadanía, en sectores tan importantes como las brigadas forestales, el transporte público, la sanidad, los servicios sociales o la educación.
Sin embargo, en esta etapa relativamente reciente en que se está hablando con insistencia de famosos escándalos por corrupción, es cuando hay que recordar que ha sido CGT la que ha tenido que impulsar en solitario, durante los últimos años, una acción decidida para sacar a la luz los casos de corruptelas y despilfarro de dinero público en las diversas administraciones. El balance general de nuestras acciones judiciales hasta ahora es satisfactorio, sobre todo si ponemos en relación los modestos medios de que dispone un sindicato como CGT, que se financia con las cuotas de su afiliación, y al que además le cuesta lo indecible llamar la atención de las grandes cadenas informativas. Resultan patéticas las exclamaciones de indignación y sorpresa que, al descubrirse los casos de corrupción que han ensuciado a prácticamente todas las administraciones, han lanzado sindicatos y partidos que, necesariamente, sabían igual -o incluso mucho más- que la CGT, pero que teniendo infinitamente más recursos de todo tipo y mayor presencia mediática no han dicho ni hecho nada contra la corrupción que llenaba a rebosar, desde hace años, nuestras instituciones y empresas públicas autonómicas, provinciales y locales.
Pese a ese casi general silencio informativo sí que se han producido importantes y honrosas excepciones, en las que incansables e intachables profesionales del periodismo han investigado por su cuenta o reflejado nuestro trabajo de denuncia contra la corrupción, reconociendo de paso el mérito de que sea un sindicato con un tamaño y unos medios modestos el único que se ha implicado a fondo, mientras organizaciones con muchos más recursos y la mayoría de cámaras y micrófonos a su disposición, no sólo han permanecido calladitas, sino que algunas además han sido parte activamente implicada en varias de estas corruptelas (cobro por firmar los ERE, uso de la mencionadas tarjetas negras de Caja Madrid, fraudes en cursos de Formación Ocupacional, control y desvío de subvenciones, etc.).
Y, en tal caso, corrupción son los grandes escándalos que nos muestra habitualmente la prensa, pero también lo son esas prácticas, tan ilegales como frecuentes, de andar por casa (buscar una colocación o un ascenso por enchufe, pagar una pequeña mordida para saltarse una norma, etcétera).
No basta con sumarse a las modas puntuales, rasgándose públicamente las vestiduras cada vez que un personaje público sea investigado o, lo que es peor, mostrar un gran cabreo en las redes sociales por los casos de corrupción de los rivales políticos y justificar o negar los de los “nuestros”. Es necesario seguir trabajando con rigor por el esclarecimiento de cualquier caso de corrupción política, sindical o empresarial, así como por la destitución de sus cargos de todos los responsables y la reposición del mucho dinero defraudado a la sociedad. Importante también ir sustituyendo esos valores hoy hegemónicos del éxito, la riqueza, el poder, el consumismo, etc. por otros como la solidaridad, el bien común, la honradez y la gestión colectiva.
No olvidemos que esas millonadas que nos roban a las clases populares salen de las mismas arcas públicas que luego se dice ya no tienen fondos suficientes para pagar nuestras pensiones, subsidios, hospitales o escuelas. La corrupción es un grave problema no sólo por representar un fraude a la sociedad por parte de quienes deberían velar honradamente por sus intereses, sino porque supone un enorme costo económico para el pueblo que paga sus impuestos y aporta obligatoriamente esos recursos a la colectividad.