Las estadísticas correspondientes al 2022 (enero a octubre) sobre accidentes de trabajo y siniestralidad laboral, no hacen sino mostrar a la sociedad un hecho terrible: A las personas trabajadoras nos siguen matando por el simple hecho de trabajar para “ganar un salario”, que suele ser insuficiente o muy insuficiente, con el objeto de desarrollar una vida digna.
Los accidentes con baja en el periodo citado se incrementaron en un 11,8% respecto al periodo anterior de 2021, y el incremento del daño fue aún mayor en las personas asalariadas, las cuales se accidentaron más (un 12,5%) que las personas autónomas.
En cifras absolutas estamos hablando de 528.000 personas dañadas en diferentes grados. Las personas accidentadas de carácter leve fueron 460.113 (incremento del 12,7%); graves 3.209 (incremento del 4,4%); y mortales 566 (incremento del 17,7%).
La mayor accidentabilidad, el mayor daño causado en la salud de las personas trabajadoras se produce en las actividades más precarias y más desprotegidas, es decir donde el empresariado se salta todas las reglas de juego e incumple de manera criminal con la obligación de preservar la salud de las personas trabajadoras.
El incremento de accidentabilidad en el sector de hostelería creció un 42,6% y en las actividades sanitarias y de servicios sociales se disparó hasta el 57,1%. Lo cual no deja de ser una cruel paradoja, quienes nos cuidan y nos atienden son las personas trabajadoras más accidentadas y quienes sufren mayores daños.
No existe la igualdad proclamada constitucionalmente y en las distintas leyes protectoras del trabajo: cientos de miles de personas, trabajadoras de todos los sectores de la producción y de la distribución, al igual que gran parte de la población, son sometidas a un trato “criminal” y premeditado de lesión y deterioro de su salud por el hecho de trabajar.
La desigualdad también se mide en la siniestralidad, el dolor y la muerte. La protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras es un deber inalienable que los empresarios y las Administraciones Públicas, tienen que cumplir.
La quiebra de este deber de protección, se produce desde el momento que las Administraciones Públicas permiten a los empresarios incumplir las legislaciones laborales protectoras de los derechos de las personas trabajadoras, así como permiten que el Mercado y sus mercaderes, al organizar el trabajo y, en consecuencia, las condiciones en que este se desarrolla, lo que premien es la productividad y el ahorro de costes en medios y recursos, para “generar” mayor beneficio. Lo cual nos condena a una mala salud física y ambiental, todo a mayor gloria de una minoría de la población, rica, poderosa, plutócrata en nombre de una competitividad, que deteriora y, quizás destruya, las bases sociales, económicas y medioambientales de la vida.
La violencia ejercida sobre los derechos humanos fundamentales se constituye como la “lógica más normal” de la vida y lo cotidiano.
Esto sólo es posible, no sólo por la “alianza histórica” entre las oligarquías, poderosos y sus representantes políticos, sino que la ausencia de la lucha de los de abajo, de los ninguneados y ninguneadas, permite su impunidad e invisibiliza el dolor, la muerte y el desprecio por los derechos humanos fundamentales.
Para CGT, poner en el orden del día de la agenda “política” de las Instituciones, el “crimen y el genocidio” que ha supuesto y supone el producir y distribuir mercancías con elementos dañinos para millones de personas, es un paso imprescindible para que Empresarios e Instituciones Públicas, sean IMPUTADOS y asuman sus responsabilidades civiles, penales y administrativas.
Diario de un sindicalista torpe. 813 trabajadores muertos a 31 de diciembre de 2022. y 14 a día 12 del 2023.