Balance de la gestión educativa de la DANA
El 29 de octubre de 2024 estará marcado durante décadas por la devastación y la tragedia pero también por la inoperancia de la gestión institucional que ha impregnado de ineptitud y negligencia todos los ámbitos ciudadanos, incluido el educativo. Los centros escolares son el fiel reflejo del desamparo y de una indignación colectiva desbordante.
INACCIÓN Y DESAMPARO
La desaparición e inoperancia de la Conselleria se hizo palpable desde el mismo día 29 de octubre. Con una Alerta Roja declarada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desde
las 9.40 en toda la provincia, no hubo ninguna directriz para que los centros actuaran. En algunos, los equipos directivos optaron por el desalojo; en otros muchos, por la inacción absoluta y en la mayoría se enteraron de que había una alerta al día siguiente. Era esperpéntico ver cómo en centros separados por centenares de metros se actuaba de manera tan diferente. La situación se reprodujo el 30 de octubre, cuando Protección Civil lanza una aviso de emergencia a los móviles para evitar los desplazamientos por toda la provincia y la Conselleria delega en los ayuntamientos el cierre o apertura de colegios e institutos que debían por encima de todo “garantizar la correcta atención del alumnado” e inhibiéndose de cualquier tipo de responsabilidad al señalar a los docentes, que solo pueden dejar de ir al centro si pueden “acreditar imposibilidad de desplazamiento”. Algunos equipos directivos optaron por el cierre desoyendo las directrices de los ayuntamientos y de la conselleria arriesgándose a sanciones, igual que centenares de docentes que parecía que actuaban declarándose en rebeldía por priorizar la seguridad personal o la atención de personas a su cargo. El caos ha sido de tal magnitud que los profesores y maestros han tenido que informar a los equipos directivos de los derechos laborales excepcionales que venían de otras administraciones, especialmente del gobierno central. La exención de ir a trabajar para el cuidado de menores con centros educativos cerrados, por ejemplo, estaba contemplada por el Ministerio de Trabajo pero no había sido publicitada por la conselleria y los equipos directivos se desentendían de la misma.
DESINFORMACIÓN
Calibrar la dimensión es complicado. Pasadas dos semanas todavía se desconoce con exactitud
la cantidad de centros y alumnos afectados por la DANA. La improvisación y la superposición de circulares y cartas a los centros han provocado una desinformación alarmante que, al convertirse en un modus operandi que no atiende a las peticiones de la comunidad educativa, parece totalmente premeditada. Seis circulares, hasta el día de hoy, sumadas a cartas a equipos
directivos y docentes del subsecretario autonómico e incontables notas de prensa. En la primera, se hablaba de más de 24.000 alumnos afectados de 92 centros, en la segunda 22.000 en 113 institutos y colegios, circulares que tienen anexos y subanexos que se acaban contradiciendo en número de centros que abren, que está previsto que lo hagan o que no lo van a hacer. Fases y subfases, cifras totales o parciales y porcentajes, muchos porcentajes.
RIESGO SANITARIO
En este caos absoluto, la premisa es abrir los centros educativos afectados a toda costa para hacer llegar “la normalidad” a la zona cero. El 70% de los colegios e institutos marcados por la tragedia estarán abiertos a partir del 18 de noviembre como anuncia a bombo y platillo el conseller José Antonio Rovira y la Dirección General de Infraestructuras. Para que eso suceda, los docentes, alumnos y voluntarios han estado haciendo labores de limpieza y de desescombro días enteros. La comunidad educativa y la acción ciudadana han ido por delante de cualquier decisión administrativa y los protocolos de limpieza y desinfección han llegado tarde y después, mucho después, y detrás de ellos, los equipos profesionales que todavía no han hecho acto de presencia en muchas localidades. El voluntariado y la comunidad educativa han estado expuestos haciendo estas tareas ante el riesgo de enfermedades infecciosas graves. Ni productos de limpieza, ni mascarillas, ni trajes EPI o guantes de protección. Los protocolos de la conselleria delegaban en la comunidad educativa la limpieza y la revisión de las instalaciones. Imposible abrir con los certificados de higienización requeridos. Las familias y sindicatos han pedido segundas revisiones pero no ha habido respuesta de la administración.
RECONSTRUCCIÓN Y RECORTES
Los centros abrirán aunque sea amontonando aulas prefabricadas como ha anunciado Jose Antonio Rovira, que no ha tardado en solicitar urgentemente barracones a las comunidades autónomas. Con el Plan Edificant desmantelado en el arranque de legislatura y un primer recorte de 122 millones para construcción, reconstrucción y adecuación de infraestructuras educativas el Plan Marshall de l’Horta vendrá de las ayudas directas e indirectas del estado central y de los fondos europeos. En este ecosistema de fango ya han empezado a pulular empresas clásicas de las corruptelas valencianas como Vaersa o Tragsa, denunciada recientemente por el Tribunal de Cuentas por sobrecostes y ausencias de facturas en encargos de la administración valenciana en relación a otra emergencia: la pandemia de COVID. José Antonio Rovira ya ha puesto una cifra para repartir en concursos públicos y adjudicaciones futuras: según la conselleria, la DANA ha causado 1.134 millones de euros en daños materiales a la educación valenciana.
BUROCRACIA DESHUMANIZANTE
Los centros debían abrir medio hechos o deshechos. Debían abrir sin importar bien poco de qué forma y con qué propósitos. Algunos centros que reabren lo hacen con cuatro paredes y poco más. No se han repuesto los recursos del centro y muchos alumnos han perdido todo el material escolar. La conselleria se dirige a las familias para garantizar la atención y la normalidad pero las ayudas directas en materia educativa expiraron el 14 de noviembre mientras muchas madres y padres estaban limpiando sus hogares o ayudando en el acondicionamiento de los centros escolares de sus hijos. La burocracia sí que actúa con normalidad y no discrimina. Los docentes, igual que las familias afectadas, han solicitado que se amplíen los plazos para un concurso de traslados que anunció la fase de recogida de documentación a los pocos días de la devastación de la DANA. Los profesores y maestros siguen esperando que la Conselleria acepte esta solicitud que apela a la empatía más básica. Docentes de comunidades como Andalucía, Aragón, Madrid o Castilla y León ya han anunciado que apoyarán esta iniciativa de sus compañeros valencianos.
NORMALIZAR EL DESASTRE
La vuelta a la normalidad es el nuevo mantra de José Antonio Rovira que hasta ahora no ha visitado ningún centro educativo afectado por la DANA. Ese mismo conseller que hace unas semanas no tenía ningún pudor en hacer acto de presencia en colegios e institutos de Borriana o Segorbe para promocionar la Ley de libertad educativa. Más de 200 fallecidos, decenas desaparecidos y una destrucción sin precedentes que la comunidad educativa vive in situ o a escasos kilómetros de sus casas o centros de trabajo deberían merecer la atención del conseller y, sobre todo, no ser considerado como algo normal. Los centros abren sin ningún protocolo de actuación para abordar esta situación tan traumática. Otra vez son iniciativas personales de docentes compartiendo propuestas de atención emocional lo que va salvando los muebles en un primer momento. Días más tarde, la Dirección General de Innovación Educativa informa de la existencia de un curso de ocho horas de acompañamiento emocional en el Servicio de Formación del Profesorado (CEFIRE), que complementará con un espacio virtual llamado Hablando con el alma. Si hablar con el alma implica honestidad y sinceridad, la conselleria peca de ellas de manera capital y mortal: el mismo 29 de octubre, día de la apocalíptica DANA, anunciaba la reestructuración de los CEFIRE eliminando cuatro de estos centros de formación.
OCURRENCIAS Y TRASLADOS
Los docentes y alumnos de los centros que están en peores condiciones han padecido en mayor medida la improvisación y la desatención. El 11 de noviembre la Conselleria anunció en su tercera circular que los alumnos iban a ser acogidos en todos aquellos colegios e institutos que quisieran ser “centros acogedores” vendiendo la desatención y la falta de compromiso como una especie de solidaridad encomiable. Desde el mismo momento del anuncio las familias -a través de FAMPA-Valencia o de la Confederación de padres y madres Gonzalo Anaya- denunció la improvisación de la medida y el ninguneo de la administración, poniendo en valor los espacios seguros, preferiblemente en los mismos municipios aunque sean provisionales y en horario de mañanas para facilitar el seguimiento escolar de las familias y también su conciliación. De nada ha servido, las circulares se superponen, se contradicen y autocorrigen. Muchas familias se fueron de sus municipios antes de que la conselleria diera ninguna instrucción a los centros de recepción, especialmente de municipios cercanos. Las ratios, ya de por sí altas, se elevan todavía más sin que haya una dotación extra de personal, más bien al contrario: los recortes de plantillas ralentizan las coberturas de los docentes de baja y los fallos informáticos en las adjudicaciones provocan que haya decenas de plazas sin cubrir desde principios de octubre.
Mover físicamente a tantos alumnos conlleva una infraestructura de transporte escolar que no
existe y que puede provocar situaciones todavía más caóticas que las del curso 2023/2024 cuando se quedaron sin autobús 1.300 estudiantes. Las ocurrencias de Conselleria no se quedan ahí, los centros en los que se reubiquen alumnos y docentes harán un doble o triple turno, las sesiones de clase se ampliarán y los alumnos de 2º de Bachillerato podrán mandar sus tareas y tener un seguimiento de profesores de otros centros que trabajarán de manera voluntaria. Los profesores afectados ya están consultando estas iniciativas de la administración a los servicios jurídicos por vulneración de derechos. Desde las familias siguen pidiendo cordura a la conselleria a la que instan a que adopte medidas más sensatas que cuenten con el respaldo de la comunidad educativa. Una de ellas, por ejemplo, podría ser que los alumnos de 2º de Bachillerato afectados por la DANA pueden aplazar las pruebas de acceso a la universidad para paliar su retraso curricular. Las propuestas se lanzan desde una comunidad educativa que se ha desgastado intentando subsanar las carencias y la desatención de la Generalitat. La educación pública valenciana resiste en medio del desastre, de la ruina más absoluta. Desde la zona cero toca empezar de cero, sin nada, incluyendo el lastre de esta conselleria convertida en un auténtico esperpento.