La decisión está tomada y se activará en los próximos días. La Fiscalía Anticorrupción llevará al juzgado la supuesta compra irregular de 65 todoterrenos por parte de la empresa pública Vaersa, apéndice de la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente. Según confirmaron ayer a ELMUNDO fuentes judiciales, el Ministerio Fiscal se inclina por judicializar estos hechos tras examinar la denuncia que presentó la Confederación General del Trabajo (CGT) en base a las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes en sus informes.
La Fiscalía de Valencia toma la decisión tras analizar un nuevo informe de la Intervención General de la Generalitat, órgano fiscalizador que depende de la Conselleria de Hacienda, en el que confirma punto por punto las advertencias de la Sindicatura. Fiscalía pedirá que la denuncia se acumule a la causa abierta por el juzgado de Instrucción 15 de Valencia por el presunto cobro de hasta 2 millones de euros en complementos ilegales e irá dirigida contra los dos últimos ex directores generales, Felipe Espinosa y Enrique Simó, que en junio del año pasado fueron detenidos e imputados por su implicación en el presunto saqueo a la empresa pública. Tendrá que acreditar la conexión de los delitos y los denunciados para que el juzgado estime la petición.
El fiscal pedirá que la denuncia se acumule a la de los sobresueldos
Según consta en el informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas sobre Vaersa del año 2010, que se incluirá en la causa si el juzgado acepta la denuncia, el 27 de abril de 2010 Vaersa inició un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la compra de 60 vehículos todoterreno, por importe máximo de 1.380.000 euros, sin IVA. «Si bien a la licitación concurrió una oferta, Vaersa desistió del procedimiento de adjudicación, sin que en el expediente conste la documentación justificativa de la renuncia a la celebración del contrato por parte de Vaersa», conforme establece el artículo 139 de la Ley de Contratos del Sector Público. «Cabe añadir -puntualizó el síndic- que la única oferta presentada no fue retirada por el licitador hasta el 23 de junio de 2011».
Al no adjudicarse el contrato anterior, entre el 21 de julio y 28 de octubre de 2010, Vaersa adquirió 65 vehículos todoterreno mediante la puesta en marcha de siete contratos de arrendamiento financiero, por un importe global de 1.447.841 euros, con una entidad financiera, «siendo el suministrador de vehículos la empresa que se presentó a la licitación anterior». Anticorrupción, al igual que el resto de órganos fiscalizadores de la Generalitat, sospecha que esta adquisición no fue objeto de licitación mediante un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, incumpliéndose de esta forma otro artículo de la ley de contratos, esta vez el 174. Vaersa no informó de estos acuerdos al Registro de Contratos de la Generalitat.
Pero hay más. La Fiscalía también ha confirmado que la sociedad pública adquirió a lo largo de 2010 otros tres vehículos todoterreno, por importe de 69.419 euros, así como otros elementos accesorios, por importe de 90.000 euros, sin la formalización de documento contractual y, por tanto, sin atender a lo establecido en las normas generales de contratación del sector público. Además, al igual que en 2009, en 2010 Vaersa habría gastado por arrendamiento de otros vehículos todoterreno facturados por la misma empresa arrendadora sin formalización contractual, por importe de 786.668 euros. En total, según denunció CGT, se pagaron más de 2,3 millones de euros vulnerando la ley de contratos públicos.
La compra vino precedida de otra adquisición de 115 todoterrenos
Estas compras y arrendamientos vinieron precedidas de otro contrato de adquisición de 115 vehículos todoterreno de gama alta realizada en marzo de 2010 por un valor de 2.320.049 euros, aunque en esta operación sí hubo concurso. En todos los casos el presidente del consejo de administración era Juan Cotino, ex presidente de las Cortes e imputado en la pieza de Gürtel que investiga la visita del Papa, en 2006.
En junio, días antes de la detención de Simó y Espinosa, la Policía judicial se personó en las instalaciones de Vaersa en busca de información sobre estas compras. La propia Isabel Bonig, consellera y presidenta del consejo de administración de Vaersa, admitió en una sesión de control en las Cortes valencianas «que a lo mejor ha podido haber algún incumplimiento de la normativa de la ley de contratos» aunque matizó que eso no significaba que hubiera «una responsabilidad penal, una prevaricación, corrupción o cohecho». Ni la Fiscalía ni el juzgado que asumió el caso Vaersa comparten este criterio.
Anticorrupción justificará en su escrito la acumulación de denuncias pues los criterios para que el juzgado la acepte no son subjetivos. En caso de que no se apruebe, la denuncia irá a reparto para que la asuma otro juzgado.
JUAN NIETO Valencia
El Mundo