La acusación pública ve indicios de delito en las contrataciones a dedo de una prima del eurodiputado y otros trabajadores, algunos vinculados al PP.
La Fiscalía investiga si Epsar, una empresa de la Generalitat, ha cometido prevaricación y malversación de caudales públicos con las contrataciones a dedo de una prima de Esteban González Pons –Patricia Stuyck Pons- y otros cuatro trabajadores. La acusación pública ha detectado “hechos que pudieran ser constitutivos de delito” en la denuncia presentada por CGT.
El sindicato dirigió un escrito de 34 folios a la Fiscalía. Allí denunciaba que Stuyck, empleada como responsable del departamento jurídico, y otras cuatro personas, fueron contratadas a pesar de que no había presupuesto para ello y que la creación de sus puestos de trabajo no había sido aprobada por la administración.
Además, el personal fue escogido sin atender los “principios básicos de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia aplicables a la contratación del personal al servicio de la Generalitat”. Es decir, a dedo. La Sindicatura de Cuentas ya había advertido a la Espar de la necesidad de respetar la ley en este campo, por lo que la CGT cree que los gestores de la Epsar “ignoraron reiteradamente y a sabiendas” la ley.
El PSPV-PSOE ya había aireado las contrataciones supuestamente irregulares de la Epsar. La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales es la empresa de la Generalitat que supervisaba la depuradora de Emarsa, saqueada por varios exaltos cargos en uno de los escándalos más sonados de los últimos años en la Comunitat Valenciana.