Una ley de 1998
permite a los obispos adueñarse de templos de culto de forma opaca – Pueblos de toda España descubren con sorpresa la
apropiación.
La Iglesia española viene durante años poniendo a su nombre casas rectorales, viñedos, olivares,
atrios, solares, pisos que pertenecían a los pueblos o que, en todo caso, nunca se registraron.
Y
lo ha hecho calladamente, sin que nadie percibiera esta suerte de voracidad inmobiliaria amparada por los artículos 206 y 304 de la Ley y el
Reglamento Hipotecario. Los obispos pueden emitir certificaciones de dominio como si fueran funcionarios públicos. Este
privilegio se agrandó en 1998, cuando el Gobierno de entonces suprimió el artículo 5 del reglamento citado, que impedía la
misma práctica sobre edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas.
Desde aquel año, también pueden inscribir las
propiedades a su nombre. A eso se llama, en la jerga administrativa, inmatricular. Y lo están haciendo a destajo. Puede
decirse que en Navarra las jerárquicas sotanas han arrasado el territorio. A nombre de la diócesis figuran ya cientos de
templos parroquiales, ermitas, basílicas, con todo lo que tienen dentro; también tienen a su nombre casas, almacenes y hasta
cementerios, garajes o frontones.
¿Solo en Navarra? No. Por toda España se repite el mismo procedimiento, que es
tan barato y sencillo para ellos como complejo para un ciudadano particular. Muchos alcaldes y particulares han descubierto
el caso con sorpresa y luchan ahora por devolver al pueblo el inmenso patrimonio cultural e inmobiliario que consideran
arrebatado. «Robo» y «expolio», repiten cuando se les pregunta por el caso.
«Inconstitucional», dicen los expertos
jurídicos. «No siendo funcionarios públicos, pueden actuar como si lo fueran. Si el artículo 16 de la
Constitución no otorga carácter estatal a ninguna confesión, ellos no pueden equipararse a un funcionario público»,
empieza Alejandro Torres, catedrático de Derecho Público de la Universidad Pública de Navarra.
Torres cita una
sentencia de 1993 que declaró inconstitucional el artículo 76.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Hasta entonces, un cura
podía desalojar a un inquilino de una casa sin tener que probar la necesidad de ocupación. Un padre no podía hacerlo sin
demostrar, por ejemplo, que su hijo necesitaba la casa. La Iglesia sí. Pero aquella sentencia venía a decir que «no se
pueden confundir fines estatales con fines religiosos, ni fines públicos con fines religiosos. Ni a la Iglesia con una
corporación de derecho público», recuerda Alejandro Torres. «Esa filosofía es trasladable al pie de la letra en el caso de
las inmatriculaciones que se están produciendo», asegura.
Puede ser, pero para que uno de estos casos llegue al
Constitucional se necesita que un juez plantee una cuestión de inconstitucionalidad, o un recurso de amparo. O bien que un
particular agote las instancias jurídicas hasta llegar a este tribunal.
«Ellos tienen tiempo y dinero, nosotros no»,
dice el alcalde de Garisoain, Javier Ilzarbe, que solo ha podido salvar una ermita. «Se han quedado con la iglesia de la
Asunción, con el atrio, con la casa parroquial, con un solar de esa casa y los restos de otra ermita. Nos dimos cuenta hace
un par de años, pero no pensamos recurrir, no tenemos posibilidades. Ganas ya tenemos, ya…».
A los alcaldes de los
pueblos pequeños, como este de Navarra, apenas les queda el derecho a la pataleta. «Les cortamos la luz, que siempre la
habíamos pagado nosotros; ahora la pagan ellos, y aunque nos siguen pidiendo que les arreglemos cosas ya no les hacemos las
obras. En los ochenta les reparamos el tejado», dice Ilzarbe.
«Para esto se necesita voluntad política, que los
grandes partidos frenen esto o que alguien lo pare en los tribunales. Esto está ocurriendo en toda España, es un escándalo
monumental», dice Josemari Esparza, de la Plataforma navarra
Ekimena, creada en 2007 para la defensa del patrimonio en esa comunidad.
Pero a los tribunales van los obispos,
como hicieron con la ermita del Pilar, en Garisoain, que el Ayuntamiento se apresuró a registrar antes que ellos. Ganó el
pueblo. «Les propusimos que la propiedad fuera del pueblo y ellos siguieran con el culto. Nanay, que ellos quieren la
propiedad y punto. Encima no pagan ni el impuesto de bienes inmuebles», critica Ilzarbe.
En Huarte, también en Navarra,
el alcalde pidió reunirse con el obispo. «Se negó y nos recibió el ecónomo. Nos mandó a los tribunales, y ahí estamos.
Suerte que tenemos un documento de 1820 en donde la Iglesia da por buena la propiedad del pueblo sobre el templo», dice.
La Conferencia Episcopal Española deja el asunto en manos de cada diócesis. La de
Navarra contesta: «La Iglesia no inscribe los edificios para apropiárselos, sino que los inscribe porque le son propios».
Otra cosa, responden en un correo electrónico, «es que los Ayuntamientos quieran apropiárselos», por lo que tienen que
«defenderse», aseguran.
«Si los edificios pasan a otras manos no hay garantías de que se sigan destinando al uso para
el que fueron creados, como ya ha ocurrido», afirman. Y niegan que pasen a ser suyos solo porque los inscriban. «Cumplimos
la ley de 1998: la Iglesia registra lo que es suyo», dicen en el mensaje. Explican también que su gasto en conservación del
patrimonio es muy alto: «No es la Iglesia quien se está enriqueciendo con las aportaciones del Estado, sino que es el
Estado el que se está ahorrando dinero con las aportaciones de la Iglesia».
Volvamos a Navarra. Y a su catedral. Con
dinero público se pagaron millonarias reparaciones meses antes de que la diócesis la inmatriculara: 15 millones de euros. En
2006, el obispado la hizo suya y pusieron precio a las visitas y a las actividades que allí se desarrollaban, explican en
la plataforma. «La Iglesia quiere la propiedad para tres cosas, vender, alquilar o hipotecar. Sabemos que ya se está
vendiendo y alquilando, y desconocemos si se usa para hipotecas», dice Josemari Esparza.
Esparza cita un caso singular
recogido en el libro que han publicado, el de San Miguel de Lizoain, un templo del siglo XIII «quemado y desacralizado donde
el Ayuntamiento iba a montar un centro cívico. En 2003 la Iglesia la inmatriculó, el mismo día que el resto de los templos
del valle, y ahora el Ayuntamiento ha tenido que comprarlo para hacer el centro que planeaba. Un negocio redondo», se
indigna Esparza. Recuerda que antiguamente las iglesias eran el centro municipal, la escuela, el lugar de reuniones. Todo.
«Finalmente, quedó casi en exclusiva como lugar de culto, pero nunca fue de ellos. Ahora en Tafalla cobran 300 euros por
los conciertos de las bandas que se celebraban tradicionalmente allí. El negocio del futuro de la Iglesia es el
inmobiliario», sigue Esparza.
En el libro de la plataforma se analiza también el caso de la capilla de San Fermín,
emblemática en Pamplona. «En los archivos se recogen los inmensos esfuerzos que hubo de hacer la ciudad para construirla;
tanto que tuvieron que suspender las corridas de toros durante seis años. No puede estar más acreditado que era de
propiedad pública. Pues la diócesis la inmatriculó en 2003. Y hace bien de dinero con ella, por las bodas y otros ritos»,
explica Esparza.
En Navarra, la plataforma está pidiendo a los alcaldes que saquen normas que impidan especular con
los terrenos aledaños a las iglesias, esos que se están inmatriculando.
¿De quién son las iglesias? Hay que bucear en
los archivos para saberlo, y no siempre se tiene constancia. Para la Iglesia, «la posesión pacífica de bienes inmuebles
durante más de 100 años es, jurídicamente, título de propiedad suficiente para inscribirlos legítimamente en el Registro de
la Propiedad». Temen que los templos se usen para otros fines. Pero ese temor no puede extenderse a los frontones, los
olivares, las casas rectorales, los cementerios. ¿O sí?
CARMEN MORÁN/el
Pais.