El Vaivén de Rafael Cid
A Rodolfo Benito, veterano sindicalista y actual jefe del Servicio de Estudios de Comisiones Obreras (CCOO), el subconsciente le jugó una mala pasada cuando era entrevistado en directo para el informativo de las 14 horas de RNE. Le preguntaban por las “tarjetas fantasmas” que disfrutaron 83 consejeros de Cajamadrid-Bankia entre los años 2002 y 2012, grupo del que él formaba parte por la cuota sindical. “Cuando tomé posesión de la tarjeta”, respondió en un lapsus que evidenciaba su embarazo por el escándalo. Según la fiscalía anticorrupción, el importe total de lo gastado por los poseedores de esas tarjetas de crédito asciende a algo más de 15,5 millones de euros, cerca de 2.600 millones de las antiguas pesetas. Un dinero libre de impuestos que sus beneficiarios se embolsaron en efectivo y especies (viajes, comidas, ocio, ropa, etc.), tanto cuando la firma era una entidad pública como después de ser intervenida por el Estado en marzo de 2012 con una dolosa recapitalización de 4.465 millones.
Junto a Benito integraban el Consejo de Administración y la Comisión de Control de la financiera miembros de los partidos mayoritarios (PP, PSOE e IU), de la Patronal (CEOE, CEIM) y de los Sindicatos (CCOO y UGT), a razón de 26 consejeros por el PP, 15 por el PSOE, 6 por CCOO, 4 por UGT, 4 por IU, 1 de la CEOE y 1 de la CEIM, y en cuanto tales debían actuar “in vigilando”. O sea, 26 personas por la derecha política y 29 por la izquierda. Por ejemplo, la vicepresidencia recaía en Izquierda Unida a través de José Antonio Moral Santín; el PSOE tenía allí al número dos del PSM, Antonio Romero Lázaro, y Comisiones Obreras al ya aludido Rodolfo Benito y a Francisco Baquero, máximo directivo de la estratégica federación de banca de la central sindical.
De lo hasta ahora filtrado, se sabe que Moral Santín, lugarteniente de Miguel Blesa en aquella casa, gastó con la tarjeta opaca 456.500 euros (unos 76 millones de pesetas) y Baquero 266.400 (cerca de 45 millones de pesetas), mientras que uno de los designados por UGT, Manuel Sánchez Acal, resultó el único del “sector izquierda” que no tiró de tarjeta. Todo ello al margen de los correspondientes gastos de representación, debidamente consignados en la contabilidad oficial de Bankia. Porque la trasparencia no existía para los 15,5 millones de euros extra dilapidados por los consejeros con “Visa B” que aparecieron en la auditoria, una partida que trataron de camuflar como “fallo informático”.
Quizás esta presencia activa de miembros de la izquierda política y sindical (institucional y/o representativa) en el escándalo Bankia explique la tardanza de sus respectivas directicas en presentar denuncias contra el equipo gestor que llevó a la quiebra a una de las primeras fichas bancarias del país. Solamente dos años después de haberse personado en el sumario UPyD, la dirección de Izquierda Unida anunció que también se querellarían. Esa pusilanimidad restó credibilidad a la campaña de denuncia pública realizada por Cayo Lara y la cúpula de IU ante la monumental estafa del caso Bankía. Resultaba difícil convencer a miles de ciudadanos engañados con la venta de “preferentes”, o víctimas de desalojos por retraso en el pago de sus leoninas hipotecas, que el vicepresidente de la entidad y sus colegas político-sindicales ignoraban lo que se cocía con la colocación de tales títulos-trampa entre sus ahorradores y demás maquinaciones de los bankers.
Si la ignorancia de la ley no excluye a nadie de su cumplimiento, menos factible es aún que significados miembros de la izquierda política y sindical institucional ocupen puestos de “representación social” lucrándose a costa de sus representados. El affaire Bankia es un eslabón más de un suma y sigue que tiene sus mejores perlas en la revelación de la existencia de ventajosos planes de pensiones radicados en paraísos fiscales suscritos por europarlamentarios españoles, pólizas generosamente capitalizadas con dos euros de dinero público por cada uno del asegurado. O en ese insondable fondo de réptiles que supone el fraude de los EREs y los Cursos de Formación de la Junta de Andalucía, gobernada al alimón por PSOE y IU, donde están comprometidos 700 y 1.000 millones de euros, respectivamente, de fondos públicos que habrá que reponer vía fiscalidad.
Semejante colisión de intereses en las zonas más oscuras de la corrupción económica no puede lidiarse con el manido expediente de achacarlo a “hechos aislados” o el otro de parecida ralea que focaliza toda la responsabilidad en las recurrentes “ovejas negras”. Porque entonces la izquierda institucional robaría la patente a la derecha (la de los Gürtel-Bárcenas-Matas-Fabra-Pujol-etc.), de la que dice diferenciarse. Además, los hechos y las hemerotecas desmienten esos patéticos intentos de exculpación. Los indicios de apropiación indebida que, por ejemplo, hoy señalan al comisionista Francisco Baquero, ayer provocaron la salida de la dirección de CCOO con indignidad de su mujer, María Jesús Paredes, al descubrir la prensa que llevaba tiempo recibiendo regalos y favores del Citybank. Curiosamente, cuando fue finalmente defenestrada ocupaba el mismo cargo que luego tuvo su marido como máximo responsable de COMFIA, el área de Finanzas y Administración del sindicato. Y en el caso de la presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, se produjo el hecho carnavalesco de que al mismo tiempo que afirmaba solemnemente en sede parlamentaria que “quien la hace la paga”, en un estudiado guiño de presunta implacabilidad con los corruptos, anunciaba la amnistía para 25.000 casas y cortijos construidos ilegalmente en aquella comunidad.
La cuestión no se reduce a la existencia de unos pocos mangantes, que haberlos haylos, sino a la sospecha profundamente arraigada por kilos de sumarios que esperan turno en los archivos de los tribunales de que esas prácticas encubren una cadena de favores que exceden de la cleptomanía del trincón de turno. El silencio de los representantes de esa izquierda política y sindical en los consejos de administración de las entidades financieras públicas y otras instituciones, tiene sin duda un pago a cuenta que va directamente a los bolsillos de los protagonistas, pero nadie puede demostrar que otras partidas igualmente suculentas no se destinen a favorecer con créditos opacos las cuantiosas necesidades financieras de las organizaciones mandantes. Ni que las condonaciones de deuda de la gran banca, anualmente denunciadas por el Tribunal de Cuentas, no tengan que ver con ese bucle tan castizo de “te doy para que me des”. Del “y de lo mío qué” del gañan de turno, al latiguillo neoliberal “vicios privados, virtudes públicas”, mucho en el sistema huele a rancia picaresca de “toma el dinero y corre”.
Alguien podrá decir aquello de que “quien no se moja el culo no pasa el río” u otras ocurrencias semejantes para justificar lo que es un atraco de trabuco. El refranero lunfardo da para todo tipo de exabruptos. Tengo unos buenos amigos, muy rojos muy rojos, que justifican el expolió andaluz con la excusa de que “roban para los pobres”. Lo que pasa es que esa es una dinámica bumerán. Los mismos argumentos, pero vueltos del revés, sirvieron al gobierno de Rodríguez Zapatero, tras una contundente campaña de todos los medios de comunicación del régimen denunciando el desastre en la gestión de las cajas de ahorros, para liquidar de un plumazo el único sector financiero de carácter semipúblico que existía en España.
Y algo parecido ha ocurrido con las inversiones en infraestructuras y desarrollo urbano en muchas ciudades y pueblos. Gracias a la magnanimidad de buena parte de aquella cajas con “representación social”, el territorio se ha llenado de autopistas (somos líderes en Europa por número de kilómetros operativos), trenes de alta velocidad (los segundos del mundo) y aeropuertos (la mitad sin actividad). Por no hablar de las obras faraónicas perpetradas en grandes capitales, como el Madrid de Alberto Ruíz-Gallardón, o localidades, como el Parla del socialista Tomás Gómez, que aparte de servir para acarrear votos dóciles para esos “emprendedores” (el primero se alzó con la cartera de Justicia en el gobierno del PP y el segundo pasó a liderar el PSM) poco provecho más reportó. Y cuando escampó la burbuja, Madrid se ha convertido en una de las ciudades más endeudadas del globo y sus habitantes los ciudadanos con mayores y más gravosos impuestos. Y Parla, el pueblo orgullo del socialismo por tener el alcalde más votado de España, está en bancarrota. Sin liquidez ni solvencia. Como va camino de quedar la izquierda institucional.
Robar tiene nombre, pero no apellidos.