La matanza de mineros revela el apartheid económico.

El asesinato, el 17 de agosto, de 34 mineros sudafricanos por disparos de la policía en la mina de platino de

Marikana, a unos cien kilómetros de Johannesburgo, ha dejado al descubierto la profunda división social que vive Sudáfrica,

que va mucho más allá de la violencia policial y los conflictos laborales.

Las protestas en el sector

minero han sido frecuentes durante todo el año –ya en enero otras tres personas murieron en enfrentamientos, también en una

mina de platino–, debido a las lamentables condiciones de vida de estos trabajadores, que cobran un salario aproximado de

unos 350 euros al mes, y a la incapacidad delGobierno para mejorar la vida de los ciudadanos más pobres.

La actuación de la policía

ante los mineros encendió la mecha y la situación terminó de explotar cuando la Fiscalía pretendió imputar a los compañeros

de los fallecidos el cargo de asesinato, valiéndose de una ley anterior a la instauración de la democracia.

Cumplidos 25 años del fin del Apartheid, la precaria situación de buena parte de la población y las imágenes de

la matanza de Marikana se asemejan demasiado a situaciones ya vividas en tiempos de la dictadura, lo que supone un duro golpe

para el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), –el partido de Mandela, liderado ahora por Jacob Zuma– y su gran apoyo,

el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (Cosatu), el todopoderoso y principal sindicato del país. Son precisamente estos dos

estamentos los que más perjudicados pueden salir si no gestionan bien la situación, pues se enfrentan a una grave crisis de

legitimidad y pérdida de confianza por parte de sus tradicionales votantes y afiliados, quienes consideran que no han hecho

lo suficiente para cambiar el estado de las cosas.

No se trata sólo de desilusión. Los medios de

comunicación han comenzado a hablar abiertamente de las prebendas que disfrutan los antaño líderes antiapartheid, y en el

terreno sindical los dirigentes de Cosatu han visto emerger una nueva organización, la Asociación de Mineros y Trabajadores

de la Construcción (AMCU), más radical en sus demandas y que pone en peligro sus décadas de hegemonía. Lo que la población

demanda es una verdadera redistribución de las riquezas del país. Porque, a pesar de las tasas de crecimiento económico de

los últimos años, millones de sudafricanos no han visto mejorar un ápice su nivel de vida: el desempleo

entre los jóvenes negros es de un 50,5%, y en muchos de los townships (barriadas situadas a las afueras de las

ciudades) la situación es inaceptable: a la falta de higiene, agua potable y servicios básicos como luz o recogida de basuras

se añade la superpoblación de estas zonas, que diariamente reciben decenas de inmigrantes llegados desde Zimbabwe,

Mozambique, Lesotho o Swazilandia.

Frente a ello, florece una pequeña pero bien instalada clase política y económica que campa a sus anchas por las

altas instancias. Es lo que algunos han llamado el “triángulo de hierro” del poder, compuesto por el CNA, la industria y

Cosatu. El sindicato, con más de dos millones de afiliados, atrae votos para el partido; éste ofrece cargos y puestos de alta

responsabilidad a sus dirigentes, y la industria enriquece a cualquiera que pueda pagarle con condiciones ventajosas a la

hora de hacer negocios.

Un ejemplo claro, convertido en blanco fácil, es el de Cyril Ramaphosa. En

1987, Ramaphosa, por entonces secretario general del Sindicato Nacional de Mineros (NUM, según sus siglas en inglés) lideró

una exitosa huelga de 360.000 personas contra las malas condiciones de los trabajadores. Hoy forma parte del Comité Nacional

Ejecutivo del partido y es miembro de Consejo de Administración de Lonmin PLC, precisamente la empresa en la que se han

producido los enfrentamientos.

Ramaphosa es, de hecho, uno de los hombres que “manejan la compleja red

de la industria extractiva en Sudáfrica”, según publicaba Jonathan Faull, analista político, en el Mail &

Guardian sudafricano, periódico de referencia en el país. “Desentendido ya de la lucha contra el Apartheid –escribía

Faull– Ramaphosa supervisa y controla una amplia red de intereses mineros de distintas multinacionales que orquestan las

condiciones de vida de unos mil mineros negros”. Suficiente para que Julious Malema, exdirigente de las Juventudes del

Congreso Nacional Africano, controvertido, populista, y hasta hace poco protegido por Jacob Zuma, asegurase en un encuentro

con trabajadores de Lommin que “los mineros murieron para proteger las acciones [en bolsa] de Ramaphosa”, una gravísima

acusación que fue acogida con entusiasmo por su auditorio.

Más allá de casos particulares, la realidad

es que “las grandes compañías mineras son casi un Estado propio dentro del Estado”, tal y como

decía en 2009, durante una conferencia, Anne Mayher, coordinadora de Alianza Internacional para los Recursos Naturales en

África (IANRA, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que más está luchando por que las grandes empresas

mineras respeten las comunidades y la tierra en la que trabajan. Buena muestra de ello es la transnacional minera Anglo

American, que según la BBC se ha convertido en “actor principal dentro de la economía de Sudáfrica, aportando al fisco mil

millones de dólares” [datos de 2008].

Y la partemás negativa es que en las minas todavía se siguen

produciendo “un alto número de muertes, un excesivo uso de trabajadores subcontratados y un fuerte impacto medioambiental”,

según un comunicado hecho público por Bench Marks Foundation, una ONG que supervisa las prácticas de

corporaciones multinacionales. “Las minas están obsesionadas con la rebaja de costes (…), que se producen generalmente a

costa del medioambiente, los trabajadores y las comunidades”, añaden en otro informe. De esta forma, sigue aumentando la

brecha social, hasta crear, como escribe Eric Chol, director de Courrier international “un nuevo tipo de

apartheid”. Pero esta vez no se trata de blancos contra negros, sino de ricos contra pobres.

El conflicto en la mina Marikana comenzó

el 10 de agosto, cuando unos 3.000 mineros se echaron a la calle para reclamar una subida de sueldo. La tensión fue en

aumento hasta que la empresa inglesa Lonmin Platinum dio un ultimátum a los manifestantes para que volvieran al trabajo.

Durante los intentos de negociación, los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes fueron a más, provocando la

muerte de diez personas, dos de ellas policías. El 17 de agosto, la policía abrió fuego indiscriminado contra los huelguistas

causando la muerte de 34 personas y dejando heridas a otras 80.