El Relator Especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no reparación ha estado visitando varios territorios del estado español (Madrid, Barcelona, Sevilla y Santiago de Compostela) donde ha tenido encuentros con las autoridades gubernativas y las asociaciones de recuperación de la memoria y familiares víctimas del franquismo.
CGT, se enorgullece del respaldo del Relator de la ONU por la verdad, la justicia y la reparación de los delitos cometidos durante el franquismo contra los defensores de la libertad.
Pablo Greiff indica, en su informe preliminar, que es necesario que el estado español aborde, de una vez por todas, la investigación de estos delitos de lesa humanidad. Considera que es inaceptable el comportamiento de la judicatura con su insistente defensa de la impunidad de estos delitos por la ley del 77. No entiende esta postura en una democracia, que él considera, consolidada.
Está asustado, nosotros indignados, por el gran tiempo transcurrido desde los hechos y la fecha actual sin haber llegado a dar solución a las víctimas, entendiendo que los hechos son ya de sobra conocidos aunque no reparados.
El Relator pide a la sociedad civil una mejora y no decaer en su trabajo de petición de justicia y a la administración facilitar los medios adecuados para la búsqueda de la verdad y facilitar el acceso a los fondos documentales que continúa siendo deficiente.
También presenta en su informe preliminar una crítica a la llamada ley de memoria histórica (que desde su discusión parlamentaria criticamos la CGT) al considerarla deficiente y no reparadora y no encuentra explicación a la negativa sobre la anulación de las sentencias franquistas que, claramente, fueron dictadas sin cumplimiento de las garantías judiciales y movidas por intereses políticos.
Del mismo modo, no entiende el significado del Valle de los Caídos. Esa obra que fue hecha por los presos condenados a trabajos forzados no contiene ninguna referencia al hecho (lo ha visitado personalmente) y se asombra de la situación de robo de restos para llevarlos al Valle de los Caídos sin la autorización ni conocimiento de sus familiares.
Así pues, CGT, ha visto recogidas sus denuncias del trabajo esclavo de los presos del franquismo que construyeron el Valle de los Caídos o el Canal de los Presos (que también visitó el Relator) como gran parte de las construcciones de la España de la postguerra; como la denuncia de la negativa de los tribunales de anular las sentencias dictadas por los jueces franquistas sin ninguna garantía judicial para los encausados como fue el caso de Delgado y Granados. Este caso es doblemente indignante ya que se ha denegado la revisión de la sentencia pese a los testimonios de los autores de los hechos achacados a los ajusticiados a garrote vil.
Sólo nos queda esperar que la presión de las organizaciones internacionales promotoras de los derechos humanos lleve al gobierno español a no continuar con la línea actual de denegación de investigar torturas de policías franquistas, etc.