La patronal pide restringir el derecho de huelga.

Mientras los representantes de los trabajadores critican con dureza la nueva

reforma laboral, los empresarios dicen que, por fin, «el Gobierno ha cogido el toro por los cuernos». Sin embargo, el

presidente de la CEOE quiso dejar claro ayer que esta reforma «no es un traje a medida de los empresarios». Pese a

agradecer el abaratamiento del despido hasta acercarlo a los principales países de Europa y el incremento de la

flexibilidad interna de las empresas (para que el empresario pueda bajar el sueldo o cambiar el lugar de trabajo

prácticamente de forma unilateral), Juan Roselldestacó que a la patronal aún le quedan objetivos por conquistar. Uno de los

principales es el de modificar «lo más rápidamente posible» la regulación del derecho de huelga que recoge la

Constitución.

El cambio de la ley de

huelga, que se aprobó por real decreto en 1979, es necesario, según Rosell, para evitar que «por defender los derechos de

algunos se estropeen y se machaquen los derechos de otros». Esta demanda de la patronal es antigua y ya se había plasmado,

por ejemplo, en un documento de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), cuyo presidente, Arturo Fernández, se

sentaba ayer a la izquierda de Rosell. En aquel informe, presentado en octubre del año pasado, se pedía restringir el

ejercicio de la huelga «en periodos que supongan un daño irreparable para la economía o la seguridad de personas y

empresas» y reclamaba que esta y otras medidas de inclinación neoliberal fuesen asumidas con urgencia por la CEOE para

trasladárselas al próximo Gobierno. 

Peticiones como la que formuló ayer Rosell también han brotado de la boca de algunos miembros

del Partido Popular como Esperanza Aguirre. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo, a raíz de la huelga del metro de

Madrid de 2010, que no tenía ninguna duda de que el país necesitaba una normativa que regule la convocatoria de paros

«para que los sindicatos no puedan tomar como rehenes a los ciudadanos». Entonces, Aguirre lamentaba que los representantes

legítimos de los trabajadores tengan poder para colapsar ciudades, algo que, en su opinión, «no es propio de un país

democrático».

Los deseos de Rosell y la CEOE pueden hacerse realidad pronto. Es

necesario recordar que el Grupo Parlamentario Popular introdujo entre sus enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral

una propuesta para que no se pudiesen adoptar medidas de huelga o conflicto colectivo que tuviesen por objeto alterar

durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo, aunque se estuviese negociando su revisión. Aunque esta enmienda

no se ha incluido en el decreto, el Gobierno va a tramitar como proyecto de ley la reforma y ya ha anunciado que

introducirá modificaciones.

Otro de los argumentos de Rosell para defender que el Gobierno no ha diseñado una reforma a

medida de la patronal es que no se ha tratado la rebaja de las cotizaciones sociales, otra demanda histórica de la CEOE.

Pese a señalar las faltas del ímpetu reformista del Ejecutivo, Rosell aseguró que

sus quejas no se han incrementado por patriotismo: «Reconocemos cuál es la situación del país», dijo. No obstante, admitió

también que, en su opinión, la reforma laboral «va en la buena dirección».

Además de la restricción del derecho de huelga y de la rebaja en las cotizaciones

sociales, ayer también se deslizaron otras dos demandas de la patronal. Jesús Terciado, presidente de la Cepyme, consideró

excesivo el plazo de dos años de ultraactividad de los convenios y consideró una mejora la modificación del calendario de

festivos. Rosell, por su parte, apuntó que le gustaría que en la reforma se hubiese ido más allá en la simplificación de la

maraña legal a la que se tienen que enfrentar los empresarios. 

Uno de los cambios que le gustan a la patronal es que «ahora las causas de despido son más

claras y los importes similares a los de los países europeos con los que competimos». «Ni más ni menos», apuntó Rosell. Al

empresario catalán le parece que los porcentajes de despido improcedente de hasta el 80% antes de la reforma laboral de

Zapatero, y del 66% ahora, indican que hay algún problema en la legislación laboral. «No es posible que los empresarios lo

estemos haciendo tan mal», afirmó.

Además, la CEOE ha valorado que la reforma introduzca elementos que facilitan la flexibilidad

interna, porque antes los empresarios no tenían a su disposición fórmulas de reestructuración y la única solución que

quedaba era despedir, según Rosell.

Preguntado por la generalización del despido procedente con 20 días de indemnización salvo que

el trabajador recurra, Rosell esgrimió que aún hay una mayoría de empresas del Ibex «que no tienen pérdidas», la condición

que, según él, justificaría el despido procedente con la nueva norma. Llama la atención que, cinco días después de la

publicación del decreto ley con la reforma, Juan Rosell aún no sepa que basta con el descenso de las ventas para poder

despedir con 20 días, entre otras posibilidades.

Aunque reconoce la buena dirección tomada, el presidente de los empresarios anunció que, a buen

seguro, habrá más cambios en el mercado laboral en el futuro y que esta reforma no creará empleo mañana. Eso sólo sucederá

cuando «los vientos de la economía sean más favorables».