La sección d´ensenyament de CGT Valencia manifiesta su más absoluto rechazo al secuestro de los más de treinta libros de carácter didáctico y de fomento del respeto a la diversidad sexual ordenado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la ciudad de Castellón. La decisión adoptada por la magistrada Carola Soria se hace eco de una denuncia de la asociación ultra Abogados cristianos que ya tiene en su haber el acoso y derribo de artistas, militantes, colectivos y ciudadanos en general que reivindican una sociedad laica, abierta y antidogmática, preceptos que chocan frontalmente con el espíritu libertario del sindicato.
Ante la gravedad de los hechos consideramos del mismo modo inexplicable la desaparición pública de la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, al ser este auto un ataque directo a la libertad de expresión pero, también, al derecho a recibir una educación de calidad por parte de cada uno de los estudiantes de la ciudad.
Queremos mostrar nuestra solidaridad con los autores censurados y el colectivo LGTBI, al que pretendían dar visibilidad con las obras. Del mismo modo, el sindicato se adhiere a todo acto público de denuncia y rechazo organizado por la sociedad civil.
Una jueza ordena retirar los libros de temática LGTBI donados a institutos por el Ayuntamiento de Castellón
El juzgado adopta una medida cautelarísima a petición de Abogados Cristianos por vulnerar “la libertad religiosa”. El Consistorio presentará alegaciones contra la decisión
Una jueza de Castellón ha ordenado la retirada de 11 lotes compuestos por 32 libros cada uno sobre temática LGTBI donados por el Ayuntamiento de Castellón a las bibliotecas de 11 institutos y al centro socioeducativo Pi Gros de la ciudad. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 ha aceptado este viernes la medida cautelarísima solicitada por la Asociación Abogados Cristianos. Esta entidad considera que la iniciativa municipal “vulnera varios derechos fundamentales, como el de los padres a decidir la educación de sus hijos, la libertad ideológica y de culto y la obligación de la administración de ser objetiva y neutral”.
La concejalía de Cultura, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento de Castellón entregó este miércoles los libros “con perspectiva y temática LGTBI” a los centros educativos dentro de un programa de compra a los comercios locales. Los libros están divididos por grupos de edad de entre 12 y 17 años con el objetivo de “fomentar la convivencia en igualdad, la tolerancia y el respeto a la diversidad”, explica a este periódico la concejala de Cultura, Verònica Ruiz, de Compromís.
Este viernes, la edil ha enviado un correo a todos los centros informando del auto de la jueza y solicitando que no se distribuyan en sus bibliotecas. En la mayoría de los casos, los libros aún no se habían puesto a disposición de los alumnos y permanecían aún en las cajas, según fuentes municipales.
El Ayuntamiento, presidido por la socialista Amparo Marco, que gobierna con la coalición valencianista, presentará alegaciones el lunes al auto de la juez. Mientras la magistrada no revoque la medida cautelarísima con otro auto, los libros se mantendrán en los centros dentro de las cajas, apunta la edil. “El Ayuntamiento no se los va a llevar, a la espera de la decisión definitiva de la jueza, que no sabemos cuánto puede tardar. En fin, es un atentado contra la libertad y la igualdad”, se ha lamentado Ruiz.
La concejala ha mostrado su sorpresa y perplejidad por la decisión y se ha reafirmado en la “plena convicción” de que regalar estos libros a los centros educativos “contribuye a la inclusión y el respeto a la diversidad, fomenta la tolerancia y da herramientas al profesorado para trabajar con las diferentes sensibilidades”. “Nos reafirmamos en la adquisición y distribución de estos lotes de libros, comprados bajo criterio técnico, porque estamos en una sociedad democrática y libre, donde tienen que prevalecer la tolerancia y los derechos fundamentales, porque los jóvenes de hoy serán los adultos de mañana”, ha añadido.
Entre los libros hay conocidos títulos como El fin del armario, de Bruno Bimbi; Un año sin nombre, de Cyrus Dunham; Transeducar. Arte, docencia y derechos, de Ricardo Huerta; Yo soy así y eso no es un problema, de Fani Grande; La cultura de la homofobia y cómo acabar con ella, de Ramón Martínez; A la conquista del cuerpo equivocado, de Miquel Missé Sánchez, o Cómo superar un bollodrama, de Paula Alcaide. Se incluyen distintos géneros como la narrativa, el ensayo, la ficción, la novela gráfica o la poesía. Los títulos también se pueden consultar en la biblioteca municipal de Castellón.
Según los Abogados Cristianos, “alguno de esos libros no solo incluye contenido sexualmente explícito, sino que recurre al constante escarnio de las religiones, no solo la católica, también el islam, el judaísmo y la religión evangélica”. En palabras de la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, “el contenido hace una estereotipación negativa del hecho religioso, incitando al odio contra la religión y sus fieles”.
En un auto datado este viernes, el juzgado argumenta que, “si bien es cierto que los libros ya han sido entregados en los referidos centros educativos, la urgencia radica en que, en caso de optarse por la tramitación ordinaria de la medida cautelar (…), en dicho lapso de tiempo podrían ya ponerse los mismos a disposición de los alumnos menores de edad a quienes van dirigidos, lo que haría perder la finalidad legítima al recurso y producir los alegados perjuicios irreparables que con la interposición del recurso contencioso administrativo a través del procedimiento de derechos fundamentales, por presunta vulneración de los derechos se pretende evitar”. Señala que la decisión se adopta de forma cautelarísima “sin que ello suponga en modo alguno una anticipación del fallo que en su día pudiera recaer”.
Finalmente, la magistrada Carola Soria dispone en el auto “suspender la ejecutividad de la actuación realizada por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, consistente en ‘la entrega de 32 libros de ideología LGBTI en 11 institutos públicos de Castellón y en el Centro de Pi Gros’, acordando la retirada de los referidos ejemplares de los centros educativos IES Bovalar, Caminás, Francesc Ribalta, Juan Bautista Porcar, La Plana, Matilde Salvador, Miquel Peris i Segarra, Penyagolosa, Politècnic, Sos Baynat, Vicent Castell Doménech, y el Centro de Pi Gros”. Y añade: “Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe la interposición de recurso alguno, teniendo la Administración demandada tres días para alegar lo que estime procedente y con su resultado se resolverá lo procedente sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida cautelar adoptada”.
La misma magistrada dictó el pasado verano otra medida cautelarísima para permitir que un enfermo de covid ingresado en la UCI del hospital público La Plana de Vila-real fuera sometido a tratamiento con ozonoterapia, en contra del criterio de los médicos del centro, de la Consejería de Sanidad y de varias asociaciones médicas. Otro juez levantó la medida cautelarísima dos semanas después.
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