El 24 de mayo, menos de 24 horas después de la huelga general educativa convocada por la Plataforma per l’Enseyament del País Valencià, el conseller Juan Antonio Rovira anunciaba la ruptura del acuerdo de plantillas firmado hace un año por el antiguo equipo de gobierno: la contratación de 5.000 profesores para el próximo curso quedaba, por tanto, anulada. La relación causa-consecuencia de los hechos, traducida en venganza o matonismo puro y duro, solo era cuestionada desde ANPE, y algún reducto palmero josenatoniano, que hacían bandera de las negociaciones en la mesa sectorial y el carácter dialogante de los distintos agentes.
ANPE y CSIF fueron los únicos sindicatos con representación en la mesa sectorial que no secundaron la huelga del 23-M ni estuvieron presentes en las distintas manifestaciones convocadas. Si sus afiliados siguieron las consignas y pasividad de sus dirigentes sindicales no recibieron en sus cuentas de correo personales las notificaciones del Registro Centralizado de información de la conselleria. Un espacio del metaverso en el que los huelguistas son concentrados y marcados con el objeto de agilizar las retenciones en la nómina. Cada uno de los maestros, profesores o personal PAS que ejerció su derecho a no acudir a su centro de trabajo tiene su expediente, su referencia individual e intransferible.
Esta predicación por la comunicación por parte de la conselleria podría entenderse, en una realidad alejada del espacio-tiempo actual, como una muestra de transparencia, preocupación y acompañamiento profesional. Es una posibilidad, remota pero posible, que en el siglo XXI haya algún docente que no sepa que ejercer el derecho a huelga implica la pérdida de salario. Estas buenas intenciones, sin embargo, se diluyen y oscurecen con el uso que hace la Generalitat de las comunicaciones personales. El totalitarismo, con ese afán invasivo de todas las esferas de la vida, parece que va tomando asiento en una conselleria que busca el control y la coacción de los profesionales de la educación. Los ejemplos se acumulan.
ACCESO A BASES DE DATOS
Una de las muchas reivindicaciones en torno a la huelga del 23 de mayo se centraba en los recortes anunciados en las Escuelas Oficiales de Idiomas: 244 grupos eliminados y más de sesenta docentes suprimidos. Ante esta situación, en abril se organizó una campaña de sensibilización y recogida de firmas en Change.org: cerca de 15.000 personas firmaron esta petición, entre ellas muchos profesores y profesoras valencianos. Los datos de los firmantes, concentrados en esta web especializada en este tipo de campañas, llegaron a la conselleria, vualá, por los caminos inescrutables del metaverso. El mismo día de la huelga, los docentes valencianos recibieron en sus cuentas personales una carta firmada por el subdirector general de centros docentes que se iniciaba con este párrafo: “En respuesta a sus preocupaciones sobre la reducción de grupos en las EOI, desde la Conselleria (…) queremos ofrecer una explicación detallas de las razones y medidas”.
Nadie sabe cuándo y cómo llegó esta información a la conselleria y de qué manera se justifica el almacenamiento y uso de estas bases de datos. En este limbo digital la conselleria campa a sus anchas ante el desconcierto y preocupación de los profesionales de la educación. En el mundo más terrenal, el talante autoritario de la conselleria está a la orden del día: el desprecio a la ILP, con más de 23.000 firmas detrás, que pedía la reconsideración de las ratios en las aulas o las denuncias de censura en las mesas sectoriales marcan una forma de gobernar y entender las relaciones profesionales. Con este modus operandi y un cuerpo de inspectores con potestad para rechazar propuestas de equipos directivos o determinar si los docentes aprueban o no la fase de prácticas, las listas negras auguran escenarios distópicos. Son solo relaciones de causa-consecuencia, algunos no pierden la fe y siguen creyendo en los talantes. A estas alturas de la partida, cada uno sabe ya a qué y con qué está jugando.