Hablamos con tres trabajadores de la planta barcelonesa de Panrico sobre la situación actual de la huelga que mantienen desde octubre.
El 20 de marzo, tres trabajadores de Panrico de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) estuvieron en la sede de DIAGONAL para hablar de la que ya es la huelga indefinida más larga de la crisis. José Ángel Guadalupe, Emilio Morales y Joaquín Cantero son trabajadores de la planta desde hace muchos años. Pertenecen al núcleo de esa fábrica, levantada en los años 60 en pleno desarrollismo, que en 2001 fue vendida, junto con el resto de la empresa, a La Caixa. Desde entonces, la fábrica de los conocidos Donuts, ha sido manejada por dos fondos de inversión, primero Apax Partners y posteriormente Oaktree. Ambos han planteado una política del shock que comenzó con la venta de varias plantas, de una marca (Artiach) y siguió, ya con Oaktree, con un primer recorte en el que la plantilla aceptó rebajas de sueldo del 18%.
Después de que la empresa planteara un nuevo ERE, que inicialmente iba a suponer la eliminación de 745 puestos de trabajo y rebajas salariales del 18%, en Santa Perpetua convocaron una huelga indefinida que lleva abierta desde el diez de octubre. La asamblea de trabajadoras de esta planta de los alrededores de Sabadell entendía como una victoria llegar al juicio sin renunciar a la que hoy por hoy es su condición innegociable: que se readmita a las 31 personas que ya han sido despedidas por la empresa durante el proceso de Expediente de Regulación de Empleo, así como defender a las seis personas a las que Panrico ha despedido por la vía disciplinaria, debido a los enfrentamientos en los piquetes a la puerta de la planta.
Lo último. El papel de CC OO
“Así no se hacen las cosas”, repite uno de los entrevistados. A las presiones de la empresa –el Consejero Delegado se niega a considerar como parte a un sector de la plantilla de Santa Perpetua, al que ha calificado de “salvaje”– se les han unido las “artimañas” de la mayoría sindical, representada por CC OO, con más peso en el resto de las plantas del Estado español y que mantiene su voluntad de negociar el ERE por todos los cauces.
El mismo 20 de marzo, estos tres trabajadores se trasladaron a la Audiencia Nacional para el juicio por el ERE. Unos días antes, el lunes y el martes 17 y 18, habían tenido un rifirrafe con el secretario general de alimentación de Comisiones Obreras. Este sindicato quiere continuar las negociaciones con la Generalitat, que mantiene una propuesta “infumable”, en palabras de José Ángel Guadalupe. Tras las discusiones, la asamblea obligó al sindicato a firmar que no habría negociaciones hasta llegar al juicio que era “su objetivo de las últimas semanas”. No obstante, la repentina enfermedad de uno de los negociadores de CC OO –que había firmado el ERE nacional– ha supuesto el aplazamiento de la vista hasta el 6 de mayo.
La noticia todavía está caliente cuando se produce la entrevista. La asamblea aún no ha consensuado una postura, pero estos tres trabajadores no esconden que la intención es mantener la huelga indefinida. Repiten que el primer paso tiene que ser la reincorporación de los despedidos aunque no esconden que cinco meses de huelga son complicados de gestionar. Calculan que cada trabajador ha dejado de cobrar 12.000 euros en este tiempo. Demasiado dinero para quienes tienen personas a las que mantener y que ya se vieron afectadas por un recorte en 2012. Recuerdan que en aquel entonces, la empresa se comprometió a no plantear medidas de recorte hasta 2014, cosa que no ha cumplido. También recuerdan que el facilitador que la Generalitat impuso en aquel ERE, Ramón Bonastre, fue condenado por malversación de fondos e indultado por José María Aznar. (En enero de 2014, Bonastre fichó por la consultora PriceWaterhouseCoopers).
Cinco meses dan para mucho. La huelga indefinida
En este tiempo, se han producido enfrentamientos con la dirección; con compañeros de las otras fábricas, que han transportado bollería desde las otras plantas del Estado hasta Catalunya, y con los transportistas, que han intentado introducir los productos de la marca con camiones pintados o de Campofrío y que han intentado salir a toda costa, saltándose a los piquetes. Se han recibido palos y se han dado algunos palos. Como resultado, se ha limitado la salida de camiones de reparto: aunque las cifras cambian día a día, uno de los trabajadores, responsable de logística, calcula que la distribución en Catalunya ha caído en torno al 35%
El conflicto ha dado lugar a varios episodios judiciales. La empresa pide cinco millones de euros al comité de huelga de planta de Santa Perpètua por daños y perjuicios. La vulneración del derecho de huelga por parte de la empresa mediante la introducción de alimentos no producidos en la planta ha sido sancionada con 6.250 euros por la Generalitat. La insinuación por parte de la dirección de que la plantilla estaba “envenenando los dónuts” ha traído consigo una demanda por parte de los trabajadores.
Lo imprescindible. Solidaridad ciudadana
“Nos llaman héroes pero no lo somos”, insisten los tres en determinado momento. La admiración es de doble dirección, dicen. En estos meses han recibido el apoyo de los Iaioflautas, a quienes reconocen un trabajo infatigable. Han estado acompañando a sus compañeras de trabajo en la manifestación feminista del 8 de marzo. Algunos de ellos estuvieron en Salt defendiendo el edificio recuperado por la Obra Social de la PAH y han participado en los intentos de parar algunos desahucios en el Vallés Occidental, la zona donde se ubica la fábrica de Panrico, que ha visto caer a 176 empresas. “¡Basta ya”, exclama en un momento dado José Ángel Guadalupe, para quien la lucha de Panrico es la lucha de todos por el futuro, por los derechos laborales recortados. Una cuestión de base, insisten, porque aunque su lucha recibe más apoyo porque la marca es más conocida, se engloba en el mismo contexto que obliga a cerrar talleres y pequeñas empresas.
“El boicot [a los productos de Panrico] ha venido por la concienciación”, afirma Joaquín Cantero. Y es que, dicen, el apoyo ciudadano ha sido una de las claves para que la huelga haya podido salir adelante. Más de cien asociaciones han aportado en la caja de resistencia del comité de huelga. Varios ayuntamientos han facilitado la convocatoria de vermús y cafés solidarios con los que recaudar algo de dinero. Un banco de alimentos para las familias que peor lo están pasando y una tienda de productos artesanales hechos por algunas de las trabajadoras sirven para engrosar los mecanismos que han hecho posible que la huelga siga adelante. “Con la caja no se ha pagado ninguna nómina sino cosas de primera necesidad”, explica Emilio Morales. Ha servido, afirma, para ayudar con alguna letra, para cubrir los recibos del agua y de la luz, y seguirá sirviendo si las asambleas refrendan la necesidad de seguir en huelga hasta que se celebre el juicio el 6 de mayo.
Cuando concluye la entrevista se marchan a Rivas Vaciamadrid, donde seguirán hablando con quienes han sido sus compañeros de viaje en los últimos meses hasta el sábado 22, cuando se dirigirán al cortejo de los sindicatos alternativos de las marchas del 22M que partirá de la madrileña plaza de la Beata. Antes de que paremos la grabadora insisten en que la lucha es el único camino.