Representantes de las asociaciones de madres y padres (AMPAs) y profesorado de diversos colegios públicos que verán achicado su aulario el curso que viene han participado este miércoles tres concentraciones celebradas en las tres capitales de provincia contra los recortes en la enseñanza. «Tots som Cremona», se leía en una de las pancartas exhibidas a la puerta de la sede central de la Consejería de Educación, en Valenciana, donde unas 300 personas han acudido a la llamada de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic para expresas su protesta bajo el lema de «Es pública i és de tots. No es tanca!» («No se cierra!»).»Todos somos Cremona» mostraba la identificación y la solidaridad con el colegio Ciutat de Cremona de Alaquàs, considerado como emblema de los recortes por su doble condición de centro nacido en barracones hace siete años y afectado por las sucesivas supresiones de las unidades escolares de tres años en las tres líneas educativas en las que se estructura el centro. Familias y profesores mantienen un encierro en las aulas prefabricadas desde que la semana pasada se publicó la resolución del «arreglo escolar», es decir, la planificación para el curso 2014-15 en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV).
Una representante del AMPA del colegio ha recordado la situación, que afectará, aseguran a 30 familias que esperan poder escolarizar en el centro a sus hijos e hijas de tres años el próximo curso. Aunque Consejería «ha dicho que eliminará el 70 por ciento de los barracones, lo que no ha dicho», ha denunciado, » es que lo hará masificando las aulas», ha denunciado. «Vamos a seguir luchando por lo que creemos justo, porque sí se puede», ha concluido.
También han hablado representantes de los colegios San Juan de Ribera, de Burjassot, Cervantes de Alboraia, así como Ramiro Jover y Sara Fernández de Valencia, además de una representante de la Plataforma de la Vall d’Albaida, que ha asegurado que todas las unidades suprimidas en Ontinyent, la capital de la comarca, son de enseñanza en valenciano. En una pancarta se podía leer también «El barri necessita el Ballester Fandos», en alusión a un colegio de una línea de La Malva-rosa al que el cierre de la unidad de tres años supone una amenaza de extinción futura.
La Consejería de Educación ha reiterado a lo largo de los dos últimos meses que la supresión de unidades escolares de este año obedece a que hay 6.000 escolares menores de tres años menos, debido al descenso de la natalidad, argumentación que no ha rebajado el clima de rechazo al ajuste. «La gran cantidad de unidades escolares suprimidas supone una pérdida importante de puestos de trabajo y empeora la atención educativa y muestra cuán perjudiciales pueden ser las consecuencias de la aplicación de los recortes», proclamaba el manifiesto de la Plataforma ante la sede de la Administración educativa. «Las supresiones harán muy difícil, además, recuperar después los niveles de calidad del sistema educativo público y, por tanto, están reduciendo el derecho a la educación de la ciudadanía».
El manifiesto leído denuncia que «la eliminación de unidades comporta más alumnado por aula, menos profesorado y menos atención educativa», además de abrir «la posibilidad de cerrar colegios públicos», porque «este modelo de arreglo escolar persigue repartir al alumnado en los centros sin atender a criterios de proximidad». Además, «dificulta la integración de la población en su barrio, pueblo y comarca y puede provocar la despoblación de gran parte de nuestro País y su desestructuración territorial y social».
Madres, padres, profesores y, sobre todo, niños y niñas han representado, además, una danza comunitaria contra los recortes. La plataforma convocante está integrada por FAPA-Valencia, STEPV, CCOO, UGT, Escola Valenciana, CAVECOVA, CGT, FAAVEM, SEPC, BEA, Campus Jove, Sindicat d’Estudiants, Associación de Directors de Primària y Secundària, Moviments de Renovació Pedagògica, ADIDE, FAPA-Enric Valor, FAPA-Penyagolosa y Valencia Laica.