Ajenos a los informes de los economistas más laureados, que no se cansan de advertirnos de que la longevidad es nefasta para la economía, los jubilados españoles nos obstinamos en seguir vivos y ya somos el segundo país de la OCDE en esperanza de vida (83 años), solo superados por Japón (83,9). Nuestro subcampeonato en envejecimiento se lo debemos a las mujeres (85,8 años) ya que los varones estamos en un modesto octavo lugar, con una esperanza de vida de 80,1 años.
- Artículo de opinión del sindicalista Antonio Pérez Collado de CGT publicado en Levante-EMV
Lo cierto es que esa resistencia a la Parca preocupa a las autoridades mundiales, siempre tan volcadas en el bienestar común. Hasta Christine Lagarde, directora del FMI, nos ha llamado al orden (a los pobres, por supuesto) diciendo que las pensiones futuras –si no nos hacemos a la idea de perderlas o reducirlas– pondrán en peligro la viabilidad del sistema económico vigente. Lástima que esta brillante política, con sus 61 añitos cumplidos, tenga que ir pensando ya en aplicarse su propia receta y ceder el espacio terrenal a una vida joven.
Fátima Báñez, nuestra ministra de Empleo precario e inSeguridad Social, es algo más joven (50 tacos) y todavía puede hacer mucho por esa España que los suyos parecen amar más que nadie. Aunque por decoro no debería hablar del tema, ya que a su edad aún no ha encontrado un trabajo fuera del partido. Su vida laboral ha sido la política, donde ahora cobra unos buenos 70.000 euros anuales. A pesar de su inexperiencia en el tajo, tampoco se priva de llamarnos la atención sobre la lentitud en estirar la pata y el riesgo de que nos comamos la hucha de las pensiones, que teníamos llena hasta que ellos empezaron a sisar de nuestras cotizaciones acumuladas para tapar otros agujeros del presupuesto.
Resulta chocante que las pensiones –cuya cuantía media es de 1.058 euros, aunque tres millones están por debajo de los 800– representen la mayor amenaza para el futuro, mientras nadie entre estos costosos expertos pone por delante problemas mucho más graves en lo ético y de mayor repercusión en la hacienda pública como la corrupción generalizada, los paraísos fiscales, la evasión tributaria o los altos salarios de los poderosos de la política y la economía.
Frente a tanta falsedad y ante la permanente campaña para culpabilizar al colectivo pensionista, la respuesta de los trabajadores no puede ser otra que la denuncia de las políticas de recortes y privatización de las pensiones, el rechazo a los pactos para retrasar la edad de jubilación y la defensa colectiva del sistema de pensiones, así como del resto de servicios públicos: sanidad, educación, ayuda a dependientes, servicios sociales, etcétera. No podemos confiar en que se cumplan las previsiones de la OCDE, ya que con el deterioro de la calidad de vida de la clase trabajadora (especialmente de la jubilada) lo normal es que la gente se muera antes por falta de recursos y asistencia.
En CGT todo esto lo tenemos muy claro; por eso hemos rechazado el Pacto de Toledo y el resto de ataques a salarios y pensiones, luchamos por los servicios públicos y, quienes ya hemos abandonado el mundo del trabajo, queremos seguir organizados y movilizados por unas pensiones públicas y de calidad.
Antonio Pérez Collado