Los miembros de la PAH
identificados por la policía insisten en que no actuaron con violencia.
Los participantes en el escrache al diputado del PP Esteban González Pons exigieron ayer que deje de
«difamarlos» por la protesta que hicieron ante su casa de Valencia el 20 de marzo. La Plataforma de Afectados por las
Hipotecas (PAH) anunció que se querellará contra el parlamentario si no admite que «mintió» cuando denunció el escrache en
su vivienda. El abogado Ricardo Cano presentó en nombre de la PAH una demanda para que se celebre un acto de conciliación
con González Pons para «darle la oportunidad de que rectifique».
Ana Blanco, una de las personas identificadas por la policía por su participación en el escrache, explicó
que el diputado señaló que un grupo de sesenta personas subió al rellano de su casa y estuvo «aporreando la puerta,
insultándole y llamándole asesino y criminal». Blanco aseguró que las sesenta personas que formaban el escrache
permanecieron en la calle y subieron al rellano de la vivienda dos miembros de la PAH y dos cámaras de televisión que
grabaron todo lo ocurrido. «Llamaron tres veces al timbre de su puerta y estuvieron solo dos minutos. Nadie les abrió y se
fueron. Solo queríamos hacerle llegar un carta exponiéndole lo duro que es un desahucio». Gema Palomo, otra de las
participantes en el escrache, añadió: «Los vecinos nos aplaudían. Al final llegó la policía y nos identificó a todos por un
delito de coacciones».
Los miembros de la PAH reclaman que el diputado reconozca «en los medios de comunicación que
faltó la verdad en todas sus declaraciones, que en ningún caso subieron 60 personas al descansillo de su escalera y que es
falso que aporrearan su puerta durante 45 minutos y que le llamaran asesino o criminal».
«Desviar la atención de Nóos»
Ricardo Cano insistió en que el dirigente popular utilizó el escrache para «desviar la
atención del hecho de que ese mismo día estaba citado a declarar para aclarar por qué estaba su firma en uno de los talones
del caso Nóos».
De forma paralela, la titular del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina,
mantiene abiertas las diligencias para comprobar si los participantes en el escrache cometieron un delito de coacciones. El
juzgado todavía está esperando el informe de la Policía Nacional sobre lo ocurrido el 20 de marzo junto a la vivienda de
González Pons y que debe contener la relación de las personas identificadas.